“Amparismo” opositor: ahora, contra Epec

El abogado Horacio Viqueira ahora pide una medida para que la Justicia frene el incremento de la luz en Córdoba, dispuesto en febrero, antes del “tarifazo”

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Jorge González, titular de Epec.

El abogado Horacio Viqueira presentó un amparo reclamando que, vía cautelar, la Justicia frene los aumentos tarifarios dispuestos en febrero por de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec).
Para el letrado, que ya promovió acciones en contra de la suba del gas, en Córdoba debe respetarse el fallo de la jueza federal de San Martín Martina Forns.
En el marco de un amparo colectivo, la magistrada suspendió los incrementos del costo de la electricidad en todo el país, el 3 de agosto, y le ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicarlos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
Ni bien se conoció la decisión, el presidente de la empresa provincial, Jorge González, aclaró que no tenía injerencia en la jurisdicción.
En esa dirección, aseguró que hasta tanto no quede firme el fallo Epec no modificaría sus boletas. También precisó que, de confirmarse, la empresa lo acatará y si es necesario refacturar y restituir parte de lo percibido, lo hará.
Además, recordó que la firma hizo la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos el 24 de febrero, para tratar el incremento que había solicitado, y que dos días después fue aprobado.
González destacó que a partir de ese momento se comenzó a facturar con el nuevo cuadro y que no se presentaron inconvenientes ni con el servicio ni con el pago de los usuarios, ya que no han subido los índices de morosidad.
Pese a las precisiones del directivo respecto al cumplimiento de los consumidores y al hecho de que el incremento que definió Epec rige desde antes de abril, cuando el Estado Nacional definió el polémico “sinceramiento tarifario”, el “amparismo opositor” prevalece.
Viqueira insiste y sostiene que como Forns le dio alcance nacional a la medida que dictó todas las distribuidoras del país deben cumplirla.
Antes, junto a Valentina Enet, el abogado representó a los cordobeses que presentaron un amparo colectivo en contra de la suba del gas.
No es la primera vez que Viqueira está en la escena pública por patrocinar acciones en casos resonantes.
Cabe recordar que luego de su paso por la gestión de la Alianza, durante la cual se desempeñó como secretario de Empleo del ex presidente Fernando de la Rúa, llevó adelante muchas causas en los tribunales federales de Córdoba por el “corralito financiero”.
Ahora, luego de integrar el plantel de dirigentes de la fábrica estatizada, que fue recibida por la nueva conducción con las cuentas en rojo y superpoblación de empleados, volvió a la profesión y litiga otra vez en contra del Estado, por consecuencias derivadas de las decisiones de un Gobierno del que participó.

Paradojas
Entre ambas etapas, hace poco más de tres años, el Congreso Nacional aprobó el paquete de reformas impulsado por el Frente para la Victoria, instalado como “democratización de la Justicia”, que luego fue declarado inconstitucional.
Paradójicamente, uno de los puntos más polémicos de ese proyecto fue la reglamentación de las cautelares en los juicios contra el Estado, que dejaba a los ciudadanos prácticamente indefensos.
La normativa establecía que para que una medida avanzara el particular debía demostrar que estaba en juego su vida, la seguridad del medio ambiente o su libertad.
Además, la legislación –defendida intensamente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las referentes políticas de Viqueira- preveía que, de dictarse la cautelar reclamada, el plazo para un fallo sobre el fondo era de seis meses, y regulaba que la sola apelación del Estado suspendía la medida, con lo cual su finalidad –evitar los posibles daños de leyes o decisiones- quedaba desvirtuada.