De Vido, ¿el muerto que se asusta del degollado?

Lo interesante del caso es que Aranguren se verá hoy en la Cámara de Diputados cara a cara con su antecesor en el cargo, el hoy diputado Julio de Vido y presidente de la Comisión anfitriona.

Por Pablo Esteban Dávila

DE-VIDOPocas veces en la historia argentina un tema ha estado tan claro como el de las tarifas de la energía. Tampoco se recuerda otro ejemplo de tantas metidas de pata consecutivas de un mismo gobierno sobre un asunto que, a priori, no presentaba mayores complejidades argumentativas. Veamos.
A nadie escapa que la actual crisis energética que vive el país es responsabilidad exclusiva del kirchnerismo. Primero Néstor y luego Cristina, ambos decidieron congelar el precio del gas y la electricidad a los valores que tenían en la convertibilidad. En vano fueron las advertencias que, desde innumerables sectores, les hicieron llegar. Semejante porfía logró que el país, que exportaba energía a finales de los ’90, perdiera su autoabastecimiento y se convirtiera en un importador nato. Los costos que tuvo este desvarío mueven a asombro: más de $ 475.000 millones en subsidios energéticos desde 2004 a 2015.
Con culpables tan evidentes no fue extraño que el gobierno de Mauricio Macri se lanzara a la dolorosa (pero necesaria) tarea de sincerar precios tantas veces postergados. En abril, el ministro Juan José Aranguren anunció las nuevas tarifas que, en adelante, regirían en el mercado. Nadie se mostró particularmente sorprendido con el anuncio. Gran parte de la opinión pública sabía que el estado de cosas heredado era insostenible. Pero una serie de equívocos transformaron este ajuste inevitable en un calvario político.
El primer yerro fue no explicar correctamente cuáles eran las razones que obligaban a establecer el nuevo cuadro tarifario. Faltó pedagogía y abundaron sobreentendidos. Uno de ellos fue suponer que todos los argentinos gozaban de similar nivel de información. Como no era cierto, pronto estallaron las críticas.
El segundo fue la tardanza en presentar los paliativos frente al ajuste. La tarifa social, aparentemente mejor diseñada y más equitativa que las diferentes modalidades de subsidios que imperaban bajo el kirchnerismo, fue explicitada al menos diez días después del anuncio de los aumentos. El famoso tope del 400% fue hecho público, asimismo, sesenta días después. Hubo una sensación de desamparo en los sectores más vulnerables que algunos advenedizos utilizaron para exagerar el costado supuestamente inhumano en la administración de Cambiemos.
El tercero, y probablemente el más gravoso, fue la decisión de no convocar a Audiencias Públicas. Este instituto (que no es vinculante) lo contemplan todos los marcos regulatorios de servicios públicos que rigen en el país. Cuando fue establecido, se suponía que contribuía a mejorar el proceso de toma de decisiones de las autoridades, amén de la publicidad de los actos de gobierno y la oportunidad de escuchar a expertos y consumidores independientes. Sin embargo, Aranguren convenció al presidente que no era necesario. Las audiencias –tal fue su asesoramiento–sólo son obligatorias para tratar incrementos en las tarifas de transporte y distribución, no en la producción, como es este caso. Olvidó que, en la Argentina, basta que un Juez Federal diga lo contrario, y que incluso lo haga con particular ligereza, para que toda la regulación específica de un sector se venga abajo como un castillo de naipes. Esto es precisamente lo que sucedió, produciendo el enorme pantano que, en la materia, se asiste por estos días.
En medio de todo este galimatías, en donde la justicia invade competencias del Poder Ejecutivo y en el que cualquier asociación de usuarios se cree autorizada a presentar las más descabelladas acciones de amparo (aunque, en definitiva y de prosperar, sus representados se quedarían sin gas ni electricidad al mediano plazo), el Congreso de la Nación ha decidido hacer su aporte a la confusión general. En una sesión convocada al efecto la semana pasada, se decidió invitar al ministro Aranguren a una reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Sin saber exactamente cuál sería el resultado práctico de la convocatoria (tampoco el Congreso puede fijar tarifas) el presidente lo instruyó a que asista y que exponga ferozmente todos los argumentos a favor de las decisiones que se tomaron. Mañana será el gran día.
Lo interesante del caso es que Aranguren se verá cara a cara con su antecesor en el cargo, el hoy diputado Julio de Vido y presidente de la Comisión anfitriona. Fue de Vido el ejecutor primario del desaguisado energético de los Kirchner, aunque hoy quiera presentarse como el censor de las medidas adoptadas por Mauricio Macri. Será interesante observar el duelo verbal entre ambos. ¿Será capaz el exministro de atacar los incrementos diseñados por su sucesor? ¿A guisa de qué podría hacerlo? En cualquier caso, sería como si el muerto se asustase del degollado.
Si esto sucediese, el actual ministro podría contar con aliados de conveniencia. Si Sergio Massa o alguno de sus adláteres temiera quedar identificado con las políticas del kirchnerismo sólo por su visión crítica sobre lo hecho por el actual gobierno, sus embates contra el equipo energético podrían pasar por el tamiz de la prudencia. Igual prevención podría existir para el GEN de Margarita Stolbizer o aún para los peronistas de Diego Bossio. Si esto sucediese, lo mejor que podría pasarle al oficialismo es que se censurase su falta de cintura política, no el sentido final de las decisiones adoptadas.
Porque, en definitiva y por más que los diputados pataleen, la crisis energética está a la vuelta de las esquina y la Constitución no prevé que nadie que no sea el presidente pueda decidir sobre las tarifas de los servicios públicos. Si esto parece injusto o doloroso, se deberá, pues, votar a otro la próxima vez. Pero lo que no puede es continuarse con este circo irresponsable de jueces que juegan a ser gobierno y legisladores que pretenden pasar por sobre los marcos legales que el propio Congreso ha sancionado allá lejos y hace tiempo. El desgaste de energía que supone este desorden merece, como se imagina, mejor destino.
Claro que todo esto no exculpa a la Casa Rosada de los errores cometidos que, como se advierte, no son tantos ni son inexplicables. Pero que sean finitos no significa que no hayan sido graves, especialmente cuando los riesgos preexistentes podrían haber sido aventados con un mínimo de pericia y sensibilidad. La magnitud del daño se explica por una simple paradoja: mañana, uno de los acusadores será quién llevó a la Argentina a la desesperante situación que el actual gobierno necesita corregir con urgencia. Por de pronto, @JulioDeVido ya largó un tuit: “Con esas tarifas ‘atrasadas’ construimos 12 mil megavatios, 2.500 km de gasoductos y 5.500 km de líneas de alta tensión”. La Biblia nunca habrá estado tan al lado del calefón, ni De Vido en una posición tan impensada.