Tarifas: la salida en un laberinto

La oposición pide suspender subas; la procuradora debe dar un dictamen; la Corte Buscaría un camino intermedio y el gobierno necesita definiciones para incluir en el primer presupuesto que debe presentar.

Por Gabriela Origlia

2016-08-10_ARANGURENEl tarifazo que instrumentó el gobierno terminó judicializado y rodeado de incertidumbres. Todos los sectores entraron al debate donde conviven planteos demagógicos (como el de los opositores que insisten en anular todo) con posiciones técnicas y con reclamos legítimos de quienes no cuentan con recursos para pagar las facturas que recibieron. Por supuesto, en el interior todo es más moderado porque hace años que las tarifas son más altas que en la Ciudad de Buenos Aires.
Todo es un gran desorden del que el macrismo intenta salir sin demasiada convicción. Exteriorizó que analiza la realización de una audiencia pública para fin de mes por el gas y, de inmediato, las asociaciones de consumidores rechazaron la posibilidad y reclamaron su participación en la discusión.
La intención del gobierno es mandar una señal a la Corte Suprema que giró el caso a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las asociaciones de consumidores insisten en que una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos y que sólo será una pérdida más de tiempo. Las audiencias –enfatizan- tienen que constituir una instancia de participación ciudadana en la toma de decisiones.
En el planteo oficialista se destaca que esas audiencias son exigidas para cuando se cambian los márgenes de comercialización pero no para fijar los costos de generación eléctrica y el precio de gas que fue lo que modificó esta gestión.
Las semanas perdidas dejan a las empresas en emergencia ya que no recaudan porque no facturan y los usuarios los pone también en una situación de urgencia puesto que algún día van a tener que pagar, si ya es difícil cancelar una, peor será afrontar dos o tres.
La espera del dictamen de Gils Carbó deja al macrismo a la expectativa de lo que determinará la funcionaria “enemiga”. De todos modos, ya lo sabe. En abril de 2015, con Cristina Fernández en el gobierno, la procuradora avaló un aumento de precios del hidrocarburo ordenado por la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. El planteo general es que la justicia no puede fijar los precios de la energía.
La opinión de la Procuración no es vinculante, aunque tendrá incidencia. Si rechaza de plano las subas dará letra a quienes la acusan de militancia kirchnerista y, si lo apoya, estarán los que crean que pretende conservar su cargo en el marco de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que promueve el presidente.
La Corte ganó al menos una semana al trasladar el expediente a Gils Carbó, pero admite que está en un brete. Hace más de un mes, cuando ya todos presumían que el tarifazo terminaría en manos de los máximos jueces, el radical Ernesto Sanz (asesor del gobierno) adelantó en Córdoba que habría un fallo con matices: rechazaría los aumentos como se dieron pero ratificaría la potestad del Ejecutivo para fijar tarifas.
Los legisladores opositores ayer ganaron protagonismo al pedir “suspender” los incrementos pero admitiendo que hay que resolver el problema tarifario. En esa línea, reclamaron “gradualidad” y “racionalidad”.
Ninguno desconoció que los precios de la energía deben ser revisados porque es la única manera de tener energía. El Congreso puede debatir, pero no goza de facultades para fijar las tarifas. Quiere interpelar al ministro José Aranguren, quien no quiere ir.
Es posible que el Ejecutivo, en este contexto, vuelva a echar mano a su diálogo con los gobernadores, con quienes hace un tiempo consensuó el tope de 500 por ciento en las subas. Fue la vía de escape que intentó cuando las boletas de gas empezaron a llegar y el clima social se recalentó.
La falta de definiciones en las cuestiones energéticas (sin precio todo el sector queda irresuelto) impacta en todo el escenario económico. Qué empresa podría hacer una inversión de envergadura sin poder proyectar lo que gastará en un insumo básico. De la misma manera, qué administración puede estimar la macroeconomía del próximo año sin resolver el tema. En un mes el macrismo debe presentar su primer presupuesto en el Congreso.



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