Muerte en el Orfeo: Imputaciones, sin tomar en cuenta la decisión individual

Tal como sucedió en el caso “Time Warp”, en el análisis del hecho se dejó de lado una variable central: la elección del adulto involucrado.

Por María Viqueira
[email protected]

orfeo-superdomoEl “efecto Time Warp” llegó a la Justicia cordobesa. Así, en el marco de la investigación por la muerte de Tania Abrile, de 38 años, en un show de música electrónica en el Orfeo, en el análisis del suceso se dejó de lado una variable central: la decisión que tomó una adulta que, tristemente, tuvo consecuencias fatales.
Los organizadores de la fiesta -titulares de Buenas Noches Producciones SA- quedaron incriminados por la presunta comisión del delito de facilitación del lugar para consumir drogas. Además, al igual que el jefe del servicio médico que trabajó durante la noche del evento, se les imputa homicidio culposo.
La medida que involucra a los empresarios, basada en las previsiones de la Ley de Estupefacientes, la dictó el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Marcelo Sicardi. Se trata de Héctor Baistrocchi y de los hermanos Iván y Micaela Aballay, quienes alquilaron el Orfeo para la presentación del DJ John Digweed.
El defensor Ezequiel Mallía valoró que la decisión es “absurda”. En ese sentido, argumentó que en el lugar había 30 policías y que sus asistidos contrataron seguridad privada. Además, recordó que el Orfeo tiene cámaras y, sobre esa base, concluyó que lejos de facilitarse el uso de drogas ilegales, lo que se hizo fue prevenir esa clase de conductas.
Para el letrado, se cumplieron “a rajatabla” las medidas de seguridad, como el “cacheo” y similares, y estimó que si alguien tuvo “actitudes particulares” eso escapaba del control de los organizadores.
En la otra causa que la Justicia Penal instruye, la fiscal Liliana Sánchez intenta establecer las circunstancias en las que murió Abrile, que consumió éxtasis y metanfetamina. La mujer se descompensó en el show, fue asistida y luego trasladada al Hospital de Urgencias, donde murió horas después.
Tal como sucedió a mediados de abril, luego de que cinco personas perdieran la vida en la fiesta electrónica “Time Warp”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, políticos, comunicadores y funcionarios judiciales tomaron posición rápidamente.
La selectividad y el oportunismo se destacan en los discursos de muchos: se escandalizan por sucesos que involucran drogas ilegales y acciones privadas, pero pasan por alto que los fines de semana los intoxicados por abusar del alcohol desfilan por el sistema de salud pública, y que lo consumen en boliches, casas y recitales.
Da la sensación de que el sentido común se deja de lado y prevalece la necesidad de legitimarse ante el público -especialmente, el de las clases medias y altas- y que poco o nada importa la coherencia de los planteos.
En Córdoba, días después de la “Time Warp, la Policía Federal allanó las oficinas de la agencia de viajes “Próxima Estación”, a raíz de que uno de los fallecidos vivía acá.
Antes de ese procedimiento, las autoridades porteñas prohibieron eventos similares y en los tribunales se dictaron masivas imputaciones.
Quizás por la extracción social de quienes mueren por usar drogas sintéticas o tal vez porque la Justicia tomó nota de su pobre imagen y, ante casos de alta visibilidad, busca mostrar que “trabaja”, se toman decisiones que podrían definirse como reñidas con el orden constitucional.
De hecho, uno de los objetivos del procedimiento por la “Time Warp” en la ciudad fue acceder al listado de los casi 100 pasajeros que se trasladaron a Buenos Aires para asistir al evento. También se secuestraron documentos, agendas, computados, celulares y elementos relacionados con el archivo de datos vinculados a la gente que viajó.
Si se toma en cuenta que no se detectó ningún hilo conductor entre las víctimas, cuesta entender qué fundamento tuvo semejante avance sobre la privacidad de ciudadanos sin relación con los eventos investigados.
Es posible que en casos como el de la fiesta porteña o el del Orfeo los daños hubieran sido menores (o inexistentes) con mayores controles y previsiones. Sin embargo, es difícil comprender por qué se exigen respuestas institucionales partiendo de la base de que se pierden vidas como consecuencia de planes criminales o (siempre) por negligencia.
Las acciones privadas y las consecuencias de los actos voluntarios quedan fuera de la discusión. Todos piden más control del Estado, pero no sopesan los costos económicos y sociales y, fundamentalmente, el impacto en la esfera de las libertades individuales.
Cuando se abordan muertes en contextos como los analizados, suele acentuarse la idea de que “los chicos” (aunque sean adultos) están bajo una suerte de “permanente peligro” y de que “alguien debe hacer algo para protegerlos”, sin que importe la razonabilidad de las medidas o el libre albedrío de los involucrados.
También surge la dimensión moral de la cuestión. Los sectores más conservadores logran presencia mediática y refuerzan la idea de que hay estilos de vida que son dignos y otros que no, sea que se trate de los fallecidos o de quienes se dedican a “la noche”.
Así, se reiteraron argumentos incompatibles con el orden constitucional, tanto de corte perfeccionista (basados en la noción de que el Estado puede o debe imponer un modelo de moral individual a los ciudadanos) como paternalista (que entienden que los poderes deben proteger a la fuerza la salud individual).
Lo dicho no implica que no se indague sobre la posible responsabilidad empresarial o gubernamental. Sólo se intenta recordar que se pierde la oportunidad de abordar una discusión sobre una política de drogas seria, que quite el foco del consumidor, y de abordar con altura y conocimiento debates relacionados con la necesidad de implementar prácticas de reducción de daños.