Recálculo en Diputados beneficiaría a Córdoba

Avanza en la Corte el pedido de la Asociación por los Derechos Civiles, que planteó que la denomina “ley Bignone” es inconstitucional.

Si se actualizara la distribución de bancas de acuerdo al censo de 2010, la Cámara Baja pasaría a tener 312 diputados, 55 más que hoy.
Si se actualizara la distribución de bancas de acuerdo al censo de 2010, la Cámara Baja pasaría a tener 312 diputados, 55 más que hoy.


A fines de mayo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la denominada “ley Bignone”, que determina la forma en la que se reparten las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
La Corte ya le giró la demanda a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para que dictamine al respecto, por lo que es posible que haya novedades al respecto durante el próximo trimestre.
Actualmente, el retraso de la normativa implica que distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza se perjudiquen con respecto a otros, que tienen menos habitantes.
Si bien el artículo 45 de la Constitución establece que el reparto de bancas debe ajustarse después de cada censo, la distribución no se modifica desde 1983.
Como ejemplo de lo que consideró un supuesto de discriminación, la ADC argumentó que un diputado de la provincia de Buenos Aires representa casi 10 veces más votantes que uno de Tierra del Fuego.
Así, razonó que con la actual legislación el voto del bonaerense vale 10 veces menos que el del ciudadano fueguino.
Según la ONG, el sufragio de un ciudadano de cualquier provincia argentina debería tener igual incidencia en la composición de la cámara representativa y no ocurre así, porque no se contempla el desarrollo demográfico y se garantiza un piso de cinco representantes aunque la jurisdicción no tenga a población para acceder a esa representación política.
En su acción de amparo, la asociación afirmó que la normativa viola el sistema representativo (artículos 1, 16, 37 y 45 de la Constitución Nacional) y le solicitó al Máximo Tribunal que le ordene que el Parlamento que fije las nuevas representaciones para cada distrito, de acuerdo al Censo de 2010, que contabilizó 40.091.359 habitantes, y no al de 1980, cuando la población no llegaba a 30 millones de personas (27.947.446).
En declaraciones al sitio web Parmalentario.com, Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC, explicó que pretenden que la Corte declare inconstitucional la norma porque en la Cámara de Diputados se representan personas individuales y que, por eso, debería haber diputados en relación “a la cantidad de seres humanos”.
Según expuso Sozio, el problema es que las provincias más grandes están subrrepresentadas y las chicas sobrerrepresentadas, una situación que se da porque se parte de un número de habitantes menor al actual.
Por otro lado, el director resaltó el piso de cinco representantes que se estableció para cualquier provincia hace que las jurisdicciones chicas tengan un número más alto de diputados y que su proporción en el total de la Cámara Baja sea más grande al real.
“Dentro de esa lógica, el voto de la persona que vive en la provincia de Buenos Aires tiene menor valor que el que vive en la provincia de La Rioja, de Santa Cruz o de Tierra del Fuego”, dijo.
En cuanto a las posibles soluciones, planteó que la desproporción se puede resolver de dos maneras: aumentando las bancas de las provincias más grandes o reduciendo los representantes de las provincias más chicas.
Sozio estima que pese a que Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires deberían tener más bancas por fundamentos estrictamente matemáticos y a que el tema se ha intentado abordar en el Congreso, no hubo debates ni en comisión ni en el recinto porque “es una cuestión política muy sensible”.
El amparo presentado por la ADC es el primer intento que se hace ante la Justicia y la entidad aseguró que no lo hace por cuestiones políticas, sino porque es un asunto en el que está en juego la legalidad.
“Este tema no lleva a un cambio de legislación; llevaría a un cambio de Constitución, porque es la Constitución la que dice que en el Senado están representadas las provincias y en Diputados están representadas las personas. O sea que no es un tema de cambio legislativo; es un cambio de interpretación judicial acorde con lo que establece la Constitución. Lo que podrían hacer los jueces, como han hecho en otros asuntos, es encomendar al Congreso que sancione una ley que sea compatible con lo que dice la Constitución”, manifestó Sozio.



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