Estado grande, la elección de los argentinos

Con diferentes formatos los distintos sectores reclaman fondos estatales. Bajo ese esquema el gasto público no cede y, frente a un récord de presión tributaria, los impuestos no pueden seguir aumentando. Cómo hacer eficiente lo que se gasta.



Por Gabriela Origlia

Cassa rosada“Hay una discusión de fondo que dar y tiene que ver con el déficit del Estado. No se está debatiendo y es la clave de todo”, señaló el economista José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en la última reunión de análisis de coyuntura de la institución. Hace varias semanas que todo ronda en torno al tarifazo como si por allí pasaran todos los problemas o las soluciones.
El gasto público no sólo no bajará este año sino que seguramente tampoco lo hará el próximo, que es electoral. La presión impositiva –que alcanza el 40 por ciento del PBI- no da margen para pensar en mejorar los ingresos por vía de nuevos tributos o alzas en las alícuotas de los que ya están. Ese es el nudo económico.
¿Puede la Argentina, admiten los argentinos, un Estado más chico? Las reacciones y los reclamos frente a distintos temas muestran que no. Tarifas pisadas, créditos subsidiados, aportes estatales para la creación de puestos de trabajo, exenciones para radicaciones, subsidios para producir. En todo el Estado pone plata lo que no es sinónimo de eficiencia. Por el contrario, más gasto y menos calidad en prestaciones obligatorias básicas.
“Necesitamos terminar con el déficit, la única vía que queda es achicar el gasto –plantea Sinonella en diálogo con Alfil-. Pero los argentinos, de manera consciente o inconsciente demandamos un Estado grande por lo que lo único que nos queda es hacerlo eficiente y que excede el combate a la corrupción que hay que darlo pero que no resuelve sólo la cuestión de la eficiencia. Y esto vale para todos los niveles estatales”.
Este año los números fiscales vienen complicados, no van a cerrar ni a mejorar como los funcionarios macristas esperaban. También subestimaron la inflación y la reacción de la actividad económica; aunque fueron mutando en su posición, la realidad se les adelantó.
Economistas como Daniel Artana advierten que los fondos que entren por el blanqueo no le van a ser suficientes al Ejecutivo para, por ejemplo, financiar el pago a jubilados: “Va a dar plata para el pago de sentencias, pero no para aumentar las jubilaciones y se agrega un gasto a la economía de 8 mil millones de dólares al año”, explicó. No será el blanqueo el que solucione el problema fiscal.
En sus idas y vueltas de las últimas semanas, fuentes del Gobierno admitieron que prevén que la economía caiga cerca del 1,5 por ciento este año y que crezca hasta el cuatro por ciento el próximo por una baja importante en el nivel de la inflación. Si cae la inflación las tasas de interés todavía tienen margen para seguir bajando. De la proyección fiscal todavía no hubo adelantos.
Como en cada año electoral, la expectativa es que el gasto crecerá para apuntalar la economía. Cómo se financiará es la cuestión; el kirchnerismo lo hacía con emisión, ahora se hace con colocación de deuda. Las dos modalidades tienen antecedentes y terminaron mal. La consecuencia de la de los K está a la vista, mientras que el endeudamiento varias veces ya terminó usándose para costear gastos corrientes.
El permanente debate por la coyuntura sigue dejando sin definiciones claves que los inversores –tan mencionados y convocados por el Gobierno- requieren para hacer sus apuestas. Todas los anuncios hechos hasta el momento son de cara a fines del 2017 o mediados del 2018 (como ejemplo vale el de las automotrices en Córdoba).
¿Puede esperarse otra cosa cuando todavía hay puntos cruciales como el precio y la continuidad de la prestación energética sin resolver? Hoy con las tarifas judicializadas, en el gabinete nacional ya empezaron a discutir un nuevo cuadro para el año que viene con la incertidumbre que eso implica para los agentes económicos.
Gas y electricidad esperan definiciones y, una vez más, el año electoral se cuela en la agenda. ¿Frente a la resistencia social, aumentarán las tarifas de arranque para recortar las partidas destinadas a subsidios o se financiarán con déficit fiscal para no impactar en el bolsillo de los consumidores?



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