Tarifas: sin fallo sobre el fondo, juez local aconsejó no pagar

El camarista Luis Rueda dijo que hasta que la Corte Suprema no se pronuncie, en Córdoba rige la cautelar que dictó el tribunal que integra y no el tope que definió el Gobierno.

Camarista-Federal-Luis-Rueda-El camarista Luis Rueda, quien junto a su par Abel Sánchez Torres revocó el fallo del juez Ricardo Bustos Fierro que, en su momento, rechazó el amparo colectivo tendiente a frenar la suba de la tarifa del gas, declaró que hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión los usuarios “no deberían pagar” las facturas que reciben por el servicio.
Además, Rueda recordó que lo establecido en los decisorios dictados por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que integra junto a Sánchez Torres, y la Justicia platense regirá hasta que el Alto Cuerpo se expida sobre el fondo del asunto.
Por la proliferación de sentencias contradictorias en las distintas jurisdicciones, se esperaba una resolución de la Corte antes de la feria, sobre el per saltum que presentó el Estado.
Una de las razones que abonaban esa tesis era que con la con la jura de Horacio Rosatti, los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda habían quedado en mejores condiciones para resolver.
Eso no sucedió. Luego de que el Gobierno anunciara los nuevos topes tarifarios, los ministros optaron por solicitar informes sobre los incrementos antes de sentenciar, enviando señales políticas en la controversia. Con sus reclamos, quedó claro que necesitan información objetiva antes de definir si los aumentos son válidos o no.
Entre otras precisiones, la Corte quiere que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) detalle cómo fue la evolución de los costos del insumo desde la crisis de 2001 y el impacto que ésta provocó en la prestación del servicio; que el Ejecutivo explique los parámetros que analizó para disponer las subas y que puntualice si aplicó los principios de gradualidad y progresividad.
Así, postergó sentenciar sobre el “tarifazo” hasta agosto, cuando finalice el receso invernal.
Además de la necesidad de contar con datos sobre la polémica medida que tomó la Administración de Mauricio Macri, cabe pensar que el tribunal valoró que es conveniente esperar hasta la jura de Carlos Rosenkrantz.
A la Corte sólo llegó un pedido de salto de instancia, por un fallo contrario al aumento de tarifas en Mendoza, pero que tiene injerencia solo en esa jurisdicción.
Las dos únicas sentencias que podrían extenderse al resto del país son las de Córdoba y La Plata y aún no están bajo estudio.
Con respecto a Córdoba, por ahora Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosati no tienen “caso” alguno en sus manos, ya que el camino para que revisen el fallo de la Alzada es a través del recurso extraordinario y, si es denegado, la queja. Recién con esos pasos cumplidos podrían avanzar sobre el fondo.
Rueda precisó que si bien el Estado ya promovió aquel planteo recursivo, aún no se le dio trámite, razón por la cual Ecogas debería emitir sus facturas según la cautelar, sin tomar en cuenta la nueva resolución del Gobierno.
Cabe recordar que a principios de mes la Justicia frenó las subas de gas en todo el territorio provincial, poniendo fin al desorden que se generó por el dictado de fallos contradictorios respecto a los amparos presentados.
La Sala II de la Cámara Federal revocó la sentencia emitida por el juez Ricardo Bustos Fierro, que rechazó la acción colectiva promovida por más de mil vecinos de la ciudad de Córdoba.
El tribunal ordenó que las tarifas vuelvan a los niveles que tenían el 31 de marzo, antes de la entrada en vigencia del “sinceramiento” dispuesto por el Gobierno.
Paralelamente, extendió la anulación del incremento para todo el territorio cordobés, por un lapso de tres meses y para residencias.
El 24 de junio, Bustos Fierro desestimó el planteo de los abogados Valentina Enet y Horacio Viqueira (ex directivo de Fadea durante el kirchnerismo), al valorar que no era posible hacer lugar al reclamo sin afectar el interés público comprometido. El mismo día, en Río Cuarto, el juez Carlos Ochoa se pronunció en sentido contrario y ordenó suspender por seis meses el nuevo cuadro tarifario. A esos decisorios antagónicos se sumó el fallo del juez de San Francisco, Mario Garzón, quien si bien no suspendió el aumento, lo limitó al tope del 400% para residencias y 500% para industrias que estableció el Gobierno en mayo, cuando empezó la actividad judicial tendiente a frenar las subas. En sentido similar se había expedido antes el juez Roque Rebak, de Villa María.
Sin dejar de lado las razones invocadas por el Estado en torno a la compleja situación del sistema hidrocarburífero del país ni la necesidad de contar con recursos para salir paliar el déficit, la Alzada unificó el punto de vista sobre la materia. “Este tribunal no desconoce que la concesión de la precautoria podría generar dificultades; sin embargo, entendemos que la procedencia de la medida genera un daño menor que el que puede ocasionar a los ciudadanos la falta de acceso o corte del gas en época invernal”, expresaron Rueda y Sánchez Torres.
Para los jueces, en materia de servicios públicos las cautelares constituyen una “instancia garantista” para dirimir la “adecuada y efectiva protección judicial en la confrontación de intereses”.
Para justificar la extensión de los efectos de su sentencia a toda la provincia, manifestaron que frente a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre la cuestión les correspondía fijar una opinión unificadora, para garantizar “el derecho a la igualdad y tutela judicial efectiva de quieres integran el mismo colectivo”.



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