La Cámara frena suba del gas, aunque admite situación crítica

En los próximos días la Corte Suprema resolverá el per saltum interpuesto por el Gobierno cuestionando los amparos colectivos.

tarifazo-crdoba_vecinos_de_la_ciudadLa Justicia frenó las subas de gas en todo el territorio provincial, poniendo fin al desorden que se generó por el dictado de fallos contradictorios respecto a los amparos presentados por los usuarios de la jurisdicción.
Puntualmente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones revocó la sentencia emitida por el juez Ricardo Bustos Fierro, que rechazó la acción colectiva promovida por más de mil vecinos de la ciudad de Córdoba.
El tribunal ordenó que las tarifas vuelvan a los niveles que tenían el 31 de marzo, antes de la entrada en vigencia del “sinceramiento” dispuesto por el Gobierno nacional.
Paralelamente, extendió la anulación del incremento para todo el territorio cordobés, por un lapso de tres meses y para residencias, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El 24 de junio, Bustos Fierro desestimó el planteo de los abogados Valentina Enet y Horacio Viqueira (ex directivo de Fadea durante el kirchnerismo), al valorar que no era posible hacer lugar al reclamo sin afectar el interés público comprometido. El magistrado tuvo en cuenta el estado deficiente de la infraestructura del servicio de transporte, producción y distribución de gas y el hecho de que se llevaron a su conocimiento “actos del poder estatal, en uso de facultades privativas de carácter técnico, dictados dentro de su competencia”.
El mismo día, en Río Cuarto, el juez Carlos Ochoa se pronunció en sentido contrario y ordenó suspender por seis meses el nuevo cuadro tarifario resuelto por el Ministerio de Energía de la Nación.
A esos decisorios antagónicos se sumó el fallo que dictó el viernes el juez de San Francisco Mario Garzón, quien si bien no suspendió el aumento, lo limitó al tope del 400% para residencias y 500% para industrias que estableció el Gobierno. En sentido similar se había expedido semanas atrás el juez Roque Rebak, de Villa María.
Ante ese panorama, sin dejar de lado las razones invocadas por el Estado Nacional en torno a la compleja situación del sistema hidrocarburífero del país ni la necesidad de contar con mayores recursos para salir paliar el déficit y solucionar el problema, la Cámara unificó el punto de vista sobre la materia, al precisar que esos argumentos no podían tornar en inaccesible un servicio “imprescindible para los ciudadanos”.
En tanto, opinó que en la situación actual hay una tensión entre el interés público del Estado y el interés, también general, de los usuarios. “Este tribunal no desconoce que la concesión de la precautoria podría generar dificultades; sin embargo, entendemos que la procedencia de la medida genera un daño menor que el que puede ocasionar a los ciudadanos la falta de acceso o corte del gas en época invernal”, expresó.
En esa dirección, consignó que en materia de servicios públicos las cautelares constituyen una “instancia garantista” del contenido jurídico procesal y sustancial para dirimir la “adecuada y efectiva protección judicial en la confrontación de intereses”, tanto en el marco de la Justicia conmutativa como en el de la distributiva, que tutela el interés colectivo (público) y el interés individual (privado) y los derechos públicos y privados que titularizan “los protagonistas jurídicos del servicio público”.
Para justificar la extensión de los efectos de su sentencia a toda la provincia, los vocales Abel Sánchez Torres y Luis Rueda razonaron que frente a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre la cuestión les correspondía fijar una opinión unificadora para garantizar “el derecho a la igualdad y tutela judicial efectiva de quieres integran el mismo colectivo”.
Si bien la resolución de la Cámara ordena el panorama en Córdoba, en los próximos días la Corte Suprema resolverá el per saltum interpuesto por el Gobierno, que ante los cuestionamientos judiciales al “tarifazo” busca que se dirima la cuestión de fondo; es decir, si es o no válida la actualización de tarifas.
Con la jura de Horacio Rosatti, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda quedaron en mejores condiciones para resolver el per saltum, aunque no puede descartarse que esperen hasta que jure Carlos Rosenkrantz, cuando termine la feria de invierno, en agosto.
El per saltum fue reglamentado por la Cámara de Senadores en noviembre de 2012, con mayoría kirchnerista, en pleno debate por la Ley de Medios. La Corte se pronunció por primera vez con base en ese instituto cuando declaró inconstitucionales cambios en el Consejo de la Magistratura, en el 2013.



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