Abogado de amparistas pide “orden” en fallos por suba del gas

El ex directivo de Fadea Horacio Viqueira ahora representa a cientos de cordobeses que cuestionan el “tarifazo”.

tribunales-federalesLos abogados que representan a los cordobeses que presentaron amparos colectivos en contra de la suba del gas apelaron el fallo del juez Ricardo Bustos Fierro, que el viernes desestimó frenar cautelarmente los incrementos y rechazó que las tarifas vuelvan al marco vigente al 31 de marzo.
El mismo día, el magistrado de Río Cuarto Carlos Ochoa se pronunció en sentido contrario y ordenó suspender por seis meses el nuevo cuadro tarifario resuelto por el Ministerio de Energía de la Nación. Además, dispuso que la firma Ecogas haga una refacturación.
Al desestimar la medida peticionada por los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet en la ciudad, en nombre de más de mil ciudadanos, Bustos Fierro expresó que no era posible hacer lugar al reclamo sin afectar el interés público comprometido; ello así, teniendo en cuenta el “estado de deficiente infraestructura de todo el servicio de transporte, producción y distribución de gas”.
Además, tomó en cuenta que se llevaron a su conocimiento “actos del poder estatal, en uso de facultades privativas de carácter técnico, dictados dentro de su competencia”.
Ni bien se conoció el decisorio, los patrocinantes lo calificaron como “lamentable”.
Enet aseguró que Bustos Fierro decidió “dogmáticamente” y sostuvo que el Poder Judicial debe “garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder político”.
“Es un mamarracho lo que ha resuelto en una sola hoja de un amparo que tiene 40”, disparó la abogada, quien criticó que el sentenciante argumentara que el aumento es “para racionalizar” y que instara a la gente a “gastar menos”.
La abogada, además, hizo un llamado explícito a sus asistidos para que “se resistan” a abonar la factura.
Por su parte, sin perder oportunidad para criticar al actual Gobierno, Viqueira –militante kirchnerista- resaltó que los funcionarios nacionales que habilitaron los aumentos están denunciados por incompatibilidades y valoró que eso es “algo gravísimo” que debe ser tenido en cuenta.
Para Viqueira, el magistrado no debió opinar sobre las obras de infraestructura, sino sobre la legalidad del acto.
Pese a la valoración del letrado, no es el primer fallo que avala un “tarifazo” con consideraciones como las de Bustos Fierro. Cabe recordar que a principios de mes, en La Plata, el juez Adolfo Ziulu rechazó dictar una medida cautelar de no innovar contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), solicitada por un grupo de diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista.
En esa oportunidad, el magistrado platense tuvo en cuenta la índole de la materia debatida y la preservación del principio de división de poderes. Respecto al interés público, alegó que no le correspondía sustraerse a la realidad de la “grave crisis energética”.
Ziulu agregó que “la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica constituyen instrumentos estratégicos para el progreso del Estado y el bienestar de sus habitantes” y estimó que el control de legalidad de los actos estatales debe ejercerse “con extrema prudencia”, con el fin de evitar decisiones “apresuradas y carentes de sólida información técnica”.
En tanto, luego de recurrir lo resuelto, Viqueira -directivo de Fadea durante la gestión kirchnerista- señaló que es importante que la Cámara de Apelaciones “ponga un poco de orden” a la situación de “fallos contradictorios”, en referencia a la sentencia de Río Cuarto que resultó favorable a su punto de vista.
No es la primera vez que Viqueira está en la escena pública por patrocinar acciones de amparo en casos resonantes.
Cabe recordar que luego de su paso por la gestión de La Alianza, durante la cual se desempeñó como secretario de Empleo del ex presidente Fernando de la Rúa, llevó adelante muchas causas en los tribunales federales de Córdoba por el “corralito financiero”.
Ahora, tras integrar el directorio de la fábrica estatizada y luego de años de intensa militancia en el kirchnerismo -una fuerza que aún integra- el letrado volvió a la profesión y litiga otra vez en contra del Estado, por consecuencias derivadas de las decisiones de un Gobierno del que participó.
Entres esos dos episodios de protagonismo de Viqueira, hace poco más de tres años, el Congreso Nacional aprobó el paquete de reformas impulsado por el Frente para la Victoria, instalado como “democratización de la Justicia”, que luego fue declarado inconstitucional.
Uno de los puntos más polémicos de ese proyecto fue, irónicamente, la reglamentación de las cautelares en los juicios contra el Estado, que dejaba a los ciudadanos prácticamente indefensos.
La normativa establecía que para que una medida avanzara el particular debía demostrar que estaba en juego su vida, la seguridad del medio ambiente o su libertad.
Además, la legislación –fogoneada intensamente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las referentes políticas de Viqueira- preveía que, de dictarse la cautelar reclamada, el plazo para un fallo sobre el fondo era de seis meses, y regulaba que la sola apelación del Estado suspendía la medida, con lo cual su finalidad –evitar los posibles daños de leyes o decisiones- quedaba desvirtuada.



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