Prófugos “recuperados”: el fin de la era Berni

La detención del financista Ibar Pérez Corradi, sindicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y vinculado a Aníbal Fernández, recuerda a la captura de Juan Viarnes, testigo estrella del “narcoescándalo” y presunto operador del anterior Gobierno. El ocaso del kirchnerismo propició las localizaciones.

Por María Viqueira
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DYN02A seis meses del cambio de Gobierno, es un hecho que el poder del kirchnerismo se diluye. No sólo los avances en las causas por corrupción, cajoneadas durante años, revelan ese debilitamiento, sino también las recientes detenciones de personas señaladas como “protegidas”, por diferentes razones.
El domingo se conoció la detención en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en la zona de la Triple Frontera, de Ibar Pérez Corradi, sindicado como uno de los autores intelectuales del triple crimen de General Rodríguez. Estaba prófugo desde el 2012, acusado de ordenar cuatro años antes los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
El nombre del “financista”, cuya captura se concretó luego de dos intentos frustrados (en diciembre de 2015 y en febrero de este año) figura en varias investigaciones sensibles para el kirchnerismo. Todas conducen a uno de sus máximos referentes, Aníbal Fernández, quien horas después de conocerse la noticia de la captura y posterior traslado de Pérez Corradi a Asunción, Paraguay, voló a Londres.
Sobre el joven -quien hasta el 2004 era cajero del Banco Nación y se posicionó rápidamente como un influyente hombre de negocios- pesan incriminaciones varias e interrelacionadas: participación en la denominada “mafia de los medicamentos”, en el escandaloso contrabando de efedrina, en las irregularidades en los aportes para la campaña del 2007 y en los homicidios de los empresarios Forza, Ferrón y Bina, en el 2008.
La ex funcionaria del kirchnerismo y actual legisladora porteña Graciela Ocaña declaró que la Administración que integró no actuó para detener al prófugo “aún sabiendo donde estaba” y aseguró que “cayó ahora porque con el cambio de gobierno perdió la protección que tenía”.
Ocaña –quien denunció las maniobras de adulteración de drogas oncológicas y la importación irregular de efedrina- dijo que en septiembre del año pasado, mientras Cristina Fernández de Kirchner aún ocupaba el poder y la alternancia era incierta, un informe de inteligencia ubicó a Pérez Corradi en la la Triple Frontera, con datos precisos, pero que, sin embargo, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni no hizo nada y permitió que se desplazara.
En el mismo sentido se manifestó el abogado de la familia de Bina, quien definió a Pérez Corradi como un “protegido” de la gestión de Fernández de Kirchner. Según Alejandro Sánchez Kalbermatten, “se acreditó que Berni tenía el dato del paradero del imputado” y que omitió informarlo a las fuerzas competentes. Además, aseveró que las nuevas autoridades a cargo del operativo encontraron a Pérez Corradi en donde la querella dijo que estaba.
Las novedades sobre Pérez Corradi remiten a los últimos episodios del denominado “narcoescádalo”. Si bien los sucesos y los actores difieren, la figura de Berni se repite.
Es difícil no relacionar la localización del “testigo estrella” del caso, Juan Francisco “El Francés” Viarnes, con el final del kirchnerismo y su influencia para o bien proteger a sus “empresarios” y mandaderos o bien para cubrir a sus operadores.
Cabe recordar que el 12 de mayo Interpol detuvo en Paraguay al hombre que, con sus dichos, desató un proceso muy mediático que finalizó con penas leves para los policías involucrados.
La investigación comenzó en el 2013, cuando varios agentes de la extinta división de Drogas Peligrosas fueron separados de sus cargos por su presunta vinculación con el tráfico de estupefacientes, una versión que disparó Viarnes cuando fue detenido por estafa
Al alegar en el tramo final del juicio, Gustavo Franco, el defensor del ex jefe de la repartición y principal acusado, Rafael Sosa, dijo que el caso fue una “puesta en escena con fines políticos, de dinero y cargos”. Además, sindicó a Viarnes como un agente inorgánico de los servicios de inteligencia nacionales y sostuvo que “tenía relaciones innegables” con el secretario de Seguridad del kirchnerismo.
Para el defensor, el testigo se fugó por su vinculación con el anterior gobierno.
Tras la sentencia, el legislador Daniel Passerini (Unión por Córdoba) opinó en términos similares y afirmó que el proceso, fogoneado por el fiscal militante Enrique Senestrari, fue una “maniobra política del kirchnerismo para pegarle a José Manuel De la Sota”.
Passerini señaló que se armó “un show mediático” que no se pudo probar ante la Justicia y que la procuradora General de la Nación, Alejadra Gils Carbó, Senestrari, Berni y un grupo de medios ligados al kirchnerismo montaron una “puesta en escena” que tuvo como único objetivo “lastimar al peronismo durante las elecciones legislativas de 2013”.
El informante fue atrapado en Caáguazú, a 180 kilómetros de Asunción. Estuvo en Paraguay con una identidad falsa y pese a que tenía al menos dos perfiles en Facebook (registrados en el 2014), Senestrari dijo que era difícil hallarlo, ya que “no dejaba huellas ni pruebas” de sus movimientos. La afirmación del fiscal despertó curiosidad, ya que los seudónimos que usó eran conocidos por las fuerzas de seguridad, porque se valió de ellos en otras causas.
Días después de su detención, Viarnes habló con un periodista de un matutino local y sostuvo que “trabajó para el Gobierno de Fernández de Kirchner”; que las autoridades nacionales le ordenaron generar la causa y, para rematarla, aseguró que se reportaba directamente ante Berni.
Si bien todo lo que diga una persona como Viarnes debe (y debió) ser tomado con pinzas, el cuadro general indica que, mientras tuvo el poder, el kirchnerismo logró mantener eficazmente “fuera del mapa” a quienes necesitaba lejos de la lupa judicial.
Al parecer, el fin de la “era Berni” seguirá dando de qué hablar.



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