Tensión entre derechos signó audiencia por ex Batallón

Mientras el Grupo Eurnekian insiste en su calidad de legítimo propietario, los argumentos de los vecinos de la zona sur de la ciudad se basaron en las implicancias ambientales y urbanísticas



ilustra- Eurnekian -en- batallon 141Según los asistentes a la segunda audiencia pública que se realizó para tratar lo concerniente al impacto ambiental de las obras que se proyectan en las 24 manzanas que conforman el ex Batallón 141, la reunión se dio en un clima de respeto y racionalidad, pese a lo antagónico de las posiciones de los involucrados.
Por la cantidad de personas que se anotaron para exponer (más de 200), se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, con el fin de que los interesados que no llegaron a hablar por falta de tiempo, a favor o en contra del plan, puedan hacerlo.
En lo medular, mientras los vecinos de la zona sur pretenden que las 22 hectáreas se anexen al Parque Sarmiento, los ejecutivos de Corporación América hacen hincapié en que el Grupo Eurnekian es el legítimo propietario del inmueble.
La tensión entre los derechos involucrados –de propiedad y al ambiente- signó el tono del debate, como era previsible.
La “movida ciudadana” en contra de la iniciativa comenzó hace dos años, en Facebook, y a principios de mayo los habitantes de los barrios Jardín; Jardín Espinoza; Rogelio Martínez; Revol y Revol Anexo comenzaron a reunirse en asambleas, con el apoyo de otros centros vecinales, de organizaciones sociales y de algunos partidos políticos, como el Frente Cívico y Frente para la Victoria.
En la previa de la reunión, Eduardo Mondino, vocero de la corporación en Córdoba, pidió que la cuestión no se use para “dar una batalla política”. También aseguró que fue durante la administración de Luis Juez, posterior a la adquisición, cuando se declaró al sector como reserva verde, y que el predio jamás fue un “pulmón”, ya que mientras era Batallón la ciudadanía no podía acceder y desde el 2007 es propiedad privada. Además, reiteró que la compañía no va a dialogar con “estructuras partidarias”.
En la reunión expusieron primero los arquitectos de la Corporación América, que hablaron sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental que presentaron.
La directora del Iplam municipal, Elvira Fernández, hizo su presentación en su carácter de docente de la Facultad de Arquitectura y recordó que en unas 100 tesis se ensayaron soluciones para el predio. Se pronunció a favor de la “densificación de la ciudad” y sostuvo que jamás se le ocurrió a nadie que el lugar tenía que ser un parque.
También se manifestó a favor del desarrollo el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Rubén Urbano, quien resaltó las oportunidades laborales que se generarán para unas 1.000 personas.
En la misma línea se expidió el secretario de la Seccional Córdoba de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Néstor Chavarría, que se refirió a las ventajas de que los fondos provengan del sector privado.
Otros planteos en respaldo de la postura de la firma giraron en torno a la importancia de la inversión de mil millones de dólares pactada y a los riesgos judiciales que enfrentaría la Municipalidad si se afectara el derecho adquirido por la Corporación América.
En tanto, tal como le adelantaron a Alfil los vecinos que se oponen al plan, los expositores citaron argumentos jurídicos -vinculados a la forma en que se vendió el predio y al cambio del uso de suelo- y urbanísticos -relacionados a la problemática del tránsito en la zona, a la red cloacal, a los servicios y a las implicancias demográficas-. A todos les preocupa el hecho de que, de concretarse las obras, la población de la zona se duplicará, sumando al menos 14 mil habitantes.
Para el abogado Ricardo Martínez, del grupo de “autoconvocados”, no se puede volver atrás con la calificación de “reserva verde” y alegó que el convenio que modificó esa condición carece de valor, porque están en juego normas de orden público.
El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, adelantó que presentará un proyecto para que se declare al predio de utilidad pública y sujeto a expropiación. Tampoco descartó una consulta popular.
Concretamente, buscan que la Secretaria de Ambiente no le otorgue a la firma la licencia que necesita para empezar a licitar las obras y afirman que si se habilita el emprendimiento lo impugnarán en sede administrativa. Tampoco descartan acudir ante la Justicia vía amparo.
El resultado de la audiencia no es vinculante para la repartición, pero si al expedirse -por el sí o por el no- se aparta de los argumentos brindados por la parte que verá frustrada su pretensión, deberá hacerlo de manera fundada.



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