Excención de Ganancias a jueces costará este año $ 5.151 millones

El plan Progresar el año pasado costó $ 4700 millones y el tope a la suba de tarifas instrumentado por el Gobierno, $ 2250 millones.

alfonso-prat-gayEl Ministerio de Economía calculó que este año por la exención de Ganancias a los jueces se dejaran de recaudar $5.151 millones, pero con la aceleración de la inflación el monto podría ser muy superior.
Según un trabajo del Centro de Economía Regional y Experimental (Cerx), en los últimos tres años, la AFIP hubiera percibido ingresos adicionales por $12.020 millones si gravara ganancias de los jueces. Además en muchas provincias ese beneficio está extendido a buena parte de los empleados administrativos del poder judicial, que tampoco pagan el impuesto.
“La exención de ganancias a los jueces es poco común, y casi inédita, en el mundo. Y aunque todos coinciden de lo incomprensible de la legislación local, nadie la cambia”, indica el estudio.
El trabajo plantea que, más allá de la inequidad del beneficio frente a todos los asalariados y a los contribuyentes en general, donde la lógica jurídica genera que los jueces no tengan el mismo tratamiento impositivo que todo ciudadano, la inconsistencia queda de manifiesto en un momento donde el gobierno enfrenta serios problemas fiscales, y la presión tributaria ha subido para todos los sectores económicos.
Lo que el Fisco deja de recibir por eximir de ganancias a los jueces son, este año, $5.151 millones y aunque tienen una incidencia porcentual muy baja en la recaudación total anual, el monto es significativo en términos absolutos por la pérdida de recursos que podrían ser destinados a otros fines.
Para dimensionar: en 2015, por ejemplo, el monto destinado al plan Progresar fue de $4700 millones, o el costo fiscal reciente de poner un tope de 400% al aumento en las tarifas residenciales de gas fue de $2.250 millones. Más exageradamente, en 2015 la Nación cerró un programa con el BID de $400 millones dirigido a financiar la construcción de escuelas y programas educativos.
Si bien el privilegio de eximir de ganancias a los magistrados existe desde 1936, en 1996 la Ley 24.631 derogó esa exención. Sin embargo automáticamente la Corte intervino y la declaró inaplicable. Con un agravante, en la mayoría de las Provincias y en la ciudad de Buenos Aires, este beneficio se extendió a buena parte de los empleados administrativos del Poder Judicial, que tampoco pagan ganancias y hacen que lo que realmente deja de recaudar el Estado sea bastante superior a los $5.151 millones.

Proyectos
Hay varios proyectos que piden la modificación de la ley. Uno de los últimos es de 2014, del diputado salteño kirchnerista Pablo Kosiner que reclama que se derogue la acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual dispuso “la inaplicabilidad de la derogación de la exención” que el Congreso había votado meses antes.
El autor recordó que “a pesar de que según el ordenamiento jurídico argentino esas instituciones deben tributar el impuesto a las ganancias, ya que la ley 24.631 derogó las excepciones que beneficiaban a jueces y legisladores con la exención del pago del impuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada 20/96”.
Esa acordada, suscrita por los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert, declaraba inaplicable la exención de la derogación impositiva para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La ley 24.631, sancionada en 1996, derogó las exenciones que comprendían a los jueces; y como consecuencia de ello la Corte emitió la acordada 20/96, que declaró `la inaplicabilidad` de la derogación de la exención para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
“La Corte sostuvo como fundamento de dicho acto que `lo que aquí se trata, no atañe a las funciones jurisdiccionales del tribunal, sino del ejercicio del ineludible deber que por mandato constitucional le compete como órgano supremo y cabeza de uno de los departamentos del Estado, para que mediante el ejercicio de los aludidos poderes connaturales e irrenunciables salvaguarde la independencia del Poder Judicial`”, continuó agregó el legislador.



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