CBI: piden medidas, pero la causa sigue estancada

El fiscal Enrique Senestrari solicitó que se investigue al gerente de la sucursal local del Banco Nación, por presuntas maniobras de lavado de activos.

2016-06-14_SENESTRARIA cargo de un fiscal Federal cuestionado, entre otras cosas, por su “compromiso partidario” y su militancia en el colectivo K Justicia Legítima, en lo medular, el caso CBI sigue prácticamente estancado.
Sin embargo, Enrique Senestrari se activó y le solicitó al juez Hugo Vaca Narvaja que se investigue al gerente de la sucursal del Banco Nación local, por su presunta colaboración en maniobras de lavado de dinero.
Según Senestrari, Pedro Tito Zurco habría autorizado, sin requerir la documentación necesaria, la apertura de cuentas corrientes que fueron usadas por dos personas jurídicas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de cheques de origen ilegal.
Así, consideró que el directivo tuvo vínculos con algunos de los imputados, que depositaban títulos provenientes de operaciones ilícitas de CBI Cordubensis para luego extraer activos y redireccionarlos hacia la financiera.
Se trata de dos empresas que nunca tuvieron actividad comercial: Jotemi SA, supuestamente dedicada a comercializar diarios y revistas, y Halabo SA, cuyo giro habría sido la recaudación de cobranzas.
Pese al tiempo que lleva frente a la pesquisa, es llamativo que el fiscal se diera cuenta ahora de que Tito Zurco habría omitido voluntariamente solicitar los datos pertinentes para conocer el perfil de los clientes que admitía la entidad bancaria.
La causa CBI comenzó a principios del 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de la compañía, Jorge Suau, en extrañas circunstancias.
El presunto suicidio de Suau destapó una defraudación millonaria, que afectó a los ahorristas que tenían depósitos en los locales de la firma (en el Dinosaurio Mall y en el centro de la ciudad).
Junto con las actuaciones que lleva adelante la Justicia Federal (por las irregularidades en CBI y por el fallecimiento de Suau), el juez provincial Domingo Silvestre declaró la quiebra de la firma.
Teniendo en cuenta que hace más de dos años que tiene el expediente en su poder, la medida que pidió Senestrari se presenta, al menos, como tardía.
Cabe preguntarse qué lo llevó a tomarse tanto tiempo, ya que, a primera vista, el incumplimiento funcional que le enrostra al gerente del Nación– que, necesariamente, es anterior a la supuesta participación en maniobras de lavado de activos que denuncia ahora- debe haber surgido en etapas tempranas del proceso.
Tal vez, el fiscal militante tiene más “margen de maniobra” con el cambio de Gobierno, o quizás su intención es reivindicarse, luego del resultado del “narcoescándalo” y las escandalosas declaraciones de su testigo “estrella”, Juan Francisco “El Francés” Viarnes, desde una cárcel paraguaya.
Como es de público conocimiento, en ese proceso, que protagonizó con altísimo perfil, su hipótesis fracasó estrepitosamente. Los fundamentos del fallo mediante el cual el Tribunal de Juicio le aplicó condenas cuasi simbólicas a los policías de la extinta división Drogas Peligrosas, a quienes Senestrari llevó al banquillo (y a la cárcel), cuestionaron tanto su objetividad como su desempeño.
El caso CBI se perfilaba como la oportunidad para que la Justicia esclareciera, entre otras cosas, cómo se financia la política en Córdoba, pero ni en los tribunales Federales ni en los de la Provincia se han dado avances significativos.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones confirmó que el dueño del Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, seguiría bajo la lupa judicial y apartó al juez Ricardo Bustos Fierro, criticó a Senestrari, a quien le pidió “agilidad y precisión”.
Para el tribunal, pese a la “actividad procesal importante” que generó la causa, no se le daba ni al investigado ni a la sociedad “una respuesta categórica” en relación a qué hechos con relevancia jurídico-penal estaban siendo investigados.
“La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general”, consignó también.
En esa tesitura, propició “una valoración de las pruebas producidas en forma precisa, clara y circunstanciada” e instó a Senestrari a ahondar “con agilidad y precisión” en la pesquisa.
Tras el apartamiento de Bustos Fierro, las actuaciones quedaron a cargo de Vaca Narvaja, otro “federal” confesamente simpatizante del kirchnerismo, a quien la Cámara le encomendó “reordenar el proceso sin aglutinar escritos que puedan hacer perder el núcleo del tema central”.
Como van las cosas, en este resonante expediente falta mucho por dilucidarse.



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