Pase de factura a legislador K por Gendarmería

El ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, no ocultó su malestar y aclaró que la intervención de gendarmes en territorio cordobés no fue consensuada con la Provincia.

Por María Viqueira
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p07-1Cuando la municipalidad de Villa Allende informó a través de su intendente, el macrista Eduardo Romero, que la Gendarmería Nacional patrullaba la localidad, nadie imaginaba el revuelo que iba a generarse entre las jurisdicciones involucradas.
Sin embargo, pese a las declaraciones cruzadas, los últimos pasos que dieron las partes dejan entrever que los desentendimientos quedaron zanjados.
A fines de mayo, el ex golfista declaró que se reunió con el presidente Mauricio Macri y que, luego del encuentro, logró que su ciudad sumara la colaboración de aquella fuerza, para reforzar las tareas de prevención del delito; especialmente, por las noches.
El ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, no ocultó su malestar y aclaró que la intervención de gendarmes en territorio cordobés no fue consensuada con la Provincia. Incluso, se comunicó con su par a nivel federal, Patricia Bullrich, para manifestarle sus críticas.
A pesar de la polémica que generó su gestión, Romero se mantuvo al margen de la controversia y justificó la solicitud que emprendió unilateralmente.
Días después de los primeros choques entre la Provincia y la Nación, como era previsible, otras comunas reclamaron que agentes de Gendarmería las asistieran; al menos, hasta que egresen nuevos policías en Córdoba.
Rápidamente, Macri garantizó la presencia de fuerzas federales no sólo en la ciudad que comanda su amigo, sino en otras localidades.
Luego, la reunión del Consejo de Seguridad Interior tuvo resultados positivos y Bullrich le dio respuesta a los reclamos del schiarettista Massei, quien se sentó a la mesa sin intenciones de ceder en lo atiente al cumplimiento del anuncio de Macri en Córdoba.
Así, las relaciones entre Córdoba y la Nación no se resintieron por las tratativas solitarias de Romero y Massei confirmó que unos 500 gendarmes se enfocarán en combatir el “crimen organizado”, con posiciones en las rutas.
De esa manera, despejó las dudas de algunos intendentes sobre cuáles serán las tareas puntuales de los efectivos de la Nación, al precisar que la Policía de Córdoba seguirá a cargo de la seguridad ciudadana.
En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Hak, detalló que al abordar la coordinación de labores se discutió el papel de la Justicia federal, pero recordó que el narcomenudeo tiene jurisdicción provincial y que interviene la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Al respecto, Massei aseguró que en Córdoba hay una “fuerte problemática” por las drogas y el narcotráfico y que tras el encuentro con sus pares se estableció un esquema de trabajo conjunto.
En la Legislatura Unicameral hubo cruces entre oficialistas y opositores y se confirmó la visita de Massei durante la semana que viene, para exponer sobre la situación del delito y del tráfico de estupefacientes en Córdoba.
Su presencia en el recinto era reclamada desde marzo, cuando la legisladora Liliana Montero presento un proyecto pidiendo que el ministro se apersonara allí para explicar los planes del Gobierno en materia de seguridad.
Para Montero, fue “institucionalmente grave” el envío de gendarmes por parte de la Nación a Villa Allende sin acuerdo con la Provincia.
Por su parte, el kirchnerista Martín Fresneda se sumó a las críticas y adujo que el “modelo de seguridad” que se persigue con la presencia de gendarmes “está agotado”.
Carlos Gutiérrez, presidente del bloque de Unión por Córdoba, descartó que las tratativas entre la Provincia y la Nación impliquen militarizar la jurisdicción y le recordó a Fresneda –ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner– que cuando Córdoba necesitó de la Gendarmería, en medio del acuartelamiento policial de diciembre de 2013 y los saqueos que se dieron en consecuencia, el Gobierno que integraba le negó el envío de efectivos. “Quienes se quejan ahora son los mismos que le dieron la espalda a los cordobeses”, disparó.
Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2013, durante una jornada de caos en la ciudad y alrededores, el entonces titular del Poder Ejecutivo local, José Manuel de la Sota, acusó al Gobierno de Fernández de Kirchner por no asistir a la Provincia durante el acuartelamiento de las fuerzas policiales. “Algunos no nos consideran parte de la Argentina”, dijo en una conferencia de prensa desde el Centro Cívico.
La respuesta del Gobierno nacional vino de boca del ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien no sólo desmintió a De la Sota en plena crisis, sino que arremetió y cuestionó su accionar.
Sin embargo, un día después se acordó el envío a la ciudad de 2.000 efectivos de Gendarmería Nacional.



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