Los haberes jubilatorios se licuaron hasta 42% por falta de actualización

La pirámide se acható por la política con que se resolvían los incrementos. El debate ahora es cómo financiar el pago de los juicios y la suba de haberes sin poner en riesgo la sustentabilidad del sistema.

peso-argentinoMientras el oficialismo suma votos y aliados para aprobar el proyecto de pago de juicios de los jubilados y se debate el financiamiento, la consultora Idesa señala que –por falta de movilidad- las jubilaciones nacionales se licuaron hasta un 42 por ciento. También evalúa como “positivo” crear una pensión no contributiva que reemplace a las moratorias.
La deuda con los jubilados se origina en el retraso que sufrieron las jubilaciones entre los años 2002 y 2006 debido a la decisión unilateral que adoptó el gobierno anterior de concentrar los aumentos sólo en los haberes mínimos. Los jubilados que habiendo realizado aportes y tenían haberes superiores a los mínimos vieron frustrada la actualización de sus prestaciones en el marco de una creciente inflación.
Para dimensionar la licuación sufrida por las jubilaciones, Idesa plantea que según la legislación de aquel momento y la tasa de inflación informada por el Indec en la época (cuando todavía no estaba cuestionado por las distorsiones que sufriría con posterioridad), se observa que entre el 2001 y el 2006 el haber mínimo creció en 213% nominalmente que, corregido por inflación, implicó un aumento de 64%.
Los haberes entre el mínimo y los $1.000 de aquella época subieron 22% nominalmente que, corregidos por inflación, fue un caída de – 36% en términos reales y los superiores a $1.000 de ese entonces tuvieron un ajuste de sólo 11% nominalmente por lo que, en términos reales, cayeron – 42%.
Estos datos muestran que los haberes superiores al mínimo sufrieron una enorme licuación por ajustes insuficientes ante un entorno de inflación ascendente. Entre 2001 y 2006 la inflación oficial fue del 90% mientras que las jubilaciones superiores a la mínima fueron ajustadas entre un 11 y un 22 por ciento, perjudicando así a 1,7 millones de jubilados de la época.
Luego se sumaron nuevos jubilados entre los afectados porque la falta de movilidad se trasladó a los salarios sobre los que se calcula el haber inicial. Esto gatilló juicios que hoy involucran a casi medio millón de jubilados y otros millones que no hicieron juicios pero han sido perjudicados.
“Es positivo reparar tanto a los jubilados que hicieron juicio como a los que no lo hicieron. También va en el sentido correcto la creación de una prestación no contributiva permanente para las personas que llegan a los 65 años de edad y no tienen suficientes aportes, como sustituto de la improvisada y demagógica política de regalar jubilaciones con las moratorias”, señala el documento.
La consultora advierte que el proyecto debería también abordar otros pasivos que acumula la Anses como las deudas que la Nación generó con las provincias por la apropiación indebida del 15% de la coparticipación y la falta de cobertura de parte de los déficits de las cajas no transferidas. Dejar pendientes estos temas se parece a la estrategia del gobierno anterior de dejar acumular pasivos ocultos en la contabilidad pública.

Debate
La oposición hará centro sobre cómo financiar los recursos necesarios para pagar los juicios y la actualización del 45% de los haberes de los jubilados. Claro que a todos les será difícil la posición de negarse a resarcir a los 2,5 millones de mayores que esperan desde hace años la cancelación de las deudas.
La clave de la discusión será la “letra chica”, el cómo el Estado prevé financiar ese gasto sin poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema previsional. Seguramente el kirchnerismo hará blanco en la posibilidad de que se venda la participación accionaria de Anses en empresas y en fideicomisos.
Según datos oficiales, se necesitarán entre $ 47.000 millones y $ 55.000 millones para el pago de retroactivos, $ 75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y $ 2000 millones anuales para la actualización de los haberes de quienes se jubilen a partir de ahora.