Cuánto recupera cada provincia por el acuerdo de coparticipación

Por ejemplo cada punto de restitución que se utilice para compensar deudas con el Estado nacional le permite a Buenos Aires compensar un 3,6% de su deuda.

2014-08-31MAPA_webLa Nación y las provincias empezaron a cerrar el capítulo del recorte del 15 por ciento de la coparticipación que comenzó en 1998 con la estatización de las AFJP. Con la firma del acuerdo que se realizó en Córdoba, en 2020 esa detracción terminará. Queda pendiente, por supuesto, el debate necesario de una nueva ley de coparticipación. La resignación de la precoparticipación representa una magnitud relevante para las cuentas provinciales y es creciente en función de los diferentes grados de autonomía de las provincias.
Un trabajo de los economistas Ariel Barraud, Florencia Maldonado y Gonzalo Torres del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) determina que, por ejemplo, mientras la resignación equivale aproximadamente a un promedio del 14% de los montos que se les envían automáticamente a las provincias por Coparticipación y leyes especiales, cifra en la que no se aprecian diferencias significativas por provincia (lo cual resulta lógico en tanto cada una participa en la resignación de acuerdo a sus coeficientes de coparticipación); la situación es claramente heterogénea cuando se tienen en cuenta otros indicadores fiscales.
Por ejemplo, en aquellas provincias con bases tributarias débiles (por menores niveles de actividad económica), el total de lo que se resigna por precoparticipación en un año equivale a entre dos y tres veces la recaudación de Ingresos Brutos, el principal impuesto de esas jurisdicciones.
Lo opuesto ocurre en el caso de provincias de mayor nivel de actividad económica y por tanto mayor autonomía fiscal, en las que de todos modos no es desdeñable el impacto de la resignación de fondos, pues equivale a entre un 50 y un 25 por ciento de la recaudación del principal impuesto provincial en muchas jurisdicciones.
Otra estimación del Iaraf  es el monto medido en pesos que el acuerdo implica para las distintas jurisdicciones. Puesto que la restitución está planteada de manera gradual para los próximos años, un cálculo relevante es cuánto implicaría este año para cada provincia la restitución de cada punto porcentual de este 15 por ciento.
Por ejemplo, Córdoba resignaba 445 millones; Santa Fe, 448 millones; Buenos Aires, 1000 millones por cada punto de coparticipación; Tierra del Fuego, en cambio, 61 millones y Santa Cruz, 73 millones de pesos.
El Iaraf indica que cada punto impacta de manera similar en relación a las transferencias de coparticipación nacional (excepto para CABA que con su nuevo coeficiente recupera relativamente más), pero con diferente importancia respecto a otros ingresos como es el caso de la recaudación de Ingresos Brutos.
Así por ejemplo, cada punto restituido a provincias de baja autonomía les permitiría compensar más de un 10% de recaudación obtenida vía el cobro de ingresos brutos. La marcada heterogeneidad en la relación financiera de las distintas jurisdicciones provinciales con la Nación implica que el acuerdo tendrá diferente peso para cada una de ellas en función al nivel de endeudamiento con el nivel superior de gobierno.
Así, por ejemplo, cada punto de restitución que se utilice para compensar deudas con el Estado nacional le permitiría a la provincia de Buenos Aires compensar un 3,6% de su deuda con la Nación (es decir que si toma 3 puntos con este fin puede reducir su endeudamiento en un 10,8%); mientras que para La Rioja representaría un 34% (compensaría la totalidad de su deuda con Nación en caso de que la compensación sea de 3 puntos), y provincias como La Pampa, que no tiene como acreedor al Estado Nacional, no podrían utilizar esta vía de compensación.
El reporte del Iaraf indica que la expectativa a futuro es que este tipo de acuerdos permita avanzar hacia un consenso en la reforma integral de la manera en que los recursos públicos se generan y reparten de manera federal en nuestro país. Resulta claro que las necesidades fiscales de los distintos niveles de gobierno en conjunto con el esquema enmarañado de la obtención y envío neto de recursos; terminó dando como resultado una falta de coordinación fiscal que repercutió en definitiva en una presión fiscal consolidada récord, en la medida en que cada nivel de gobierno buscó, de manera independiente, cubrir sus gastos con cargo a un mismo contribuyente.



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