Narcoescándalo: consecuencias (previsibles) para fiscal K

Cuando se leía el fallo por el “narcoescándalo”, que desestimó la hipótesis que Enrique Senetrari fogoneó durante años, el funcionario estaba en Roma, visitando al Papa. Pese al impacto mediático del caso y a su intensa actividad durante el proceso, estuvo ausente. El sentido común indica que el resultado del juicio tendrá repercusiones para este funcionario judicial militante.

ilustra-senestrari-confesandose-con-franciscoMientras el fiscal militante Enrique Senestrari estaba en Roma visitando al papa Francisco, en Córdoba estallaron las repercusiones por el final del publicitado “narcoescándalo”, un proceso que el funcionario impulsó y que lo colocó en el foco de la mirada pública.
Cuando el Tribunal Oral Federal Número 2 virtualmente absolvió el martes al ex jefe de la desaparecida División Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, por los delitos más graves que le enrostró la acusación, Senetrari no estuvo en la sala de audiencias. Tal vez un sentido de anticipación o un sentimiento de contrición lo llevaron a querer integrar la comitiva de colegas que se trasladó al Vaticano: para evitar presenciar el fracaso de la hipótesis que mantuvo durante casi tres años o, eventualmente, para pedirle perdón al Papa por algunos pecadillos de sobreactuación cometidos en su función pública.
Por unanimidad, los jueces Hugo Vaca Narvaja, Daniel Herrera Piedrabuena y Mario Garzón descartaron los cargos por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, y le impusieron al ex comisario una pena leve (tres años y ocho meses de prisión), por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Luego de la lectura de la sentencia quedó en libertad.
En su momento, Senestrari pidió 15 años de prisión para Sosa, al considerar que encabezó una banda de policías que hacía negocios con el narco. Sin embargo, para Gustavo Franco, el abogado del uniformado, el Ministerio Público “vio otro juicio” y aseguró que el caso fue una “puesta en escena con fines políticos”. El letrado también objetó el testimonio del agente encubierto Juan “El Francés” Viarnes, en cuyos dichos se basó la investigación, y sostuvo que sus declaraciones fueron falsas y que se incorporaron al expediente de manera irregular.
Además, al alegar en el tramo final del debate sindicó a Viarnes como un “inorgánico de los servicios de inteligencia” vinculado al Secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni.
Para Franco, Viarnes –con paradero desconocido desde el 2014- pudo fugarse gracias a sus vínculos con el kirchnerismo.
Tras conocerse el fallo, el legislador Daniel Passerini (Unión por Córdoba) opinó que el “narcoescándalo” fue una “maniobra política del kirchnerismo para pegarle a José Manuel De la Sota” y que el resultado final del proceso dejó en evidencia que “Senestrai y la plana mayor del gobierno nacional (de Cristina Fernández de Kirchner) mentían al acusar a la Policía y al gobierno de De la Sota de ser cómplices de delitos ligados al narcotráfico”.
Además, Passerini señaló que se armó “un show mediático” que no se pudo probar ante la Justicia. En ese sentido, dijo que la procuradora General de la Nación, Alejadra Gils Carbó, Senestrari, Berni y un grupo de medios ligados al kirchnerismo montaron una “puesta en escena” que tuvo como único objetivo “lastimar a De la Sota y al peronismo en pleno proceso electoral, durante las elecciones legislativas de 2013”.
Por su parte, uno de los vocales del tribunal que desestimó las incriminaciones de Senestrari, aseveró que la teoría del fiscal k no se acreditó. “Los que condenan no son los jueces, son las pruebas, y no existieron”, sostuvo Garzón en declaraciones a Cadena 3.
El magistrado consideró que, tras el fallo, la sociedad debe saber qué sucedió realmente y que debe haber una investigación amplia, de la cual no deben quedar excluidos los operadores judiciales.
Cabe resaltar que en su decisorio el Tribunal Oral recordó que sigue vigente la orden de captura de Viarnes (incluso, le recomendó al Ministerio de Justicia que ofrezca una recompensa para quienes aporten datos que permitan localizarlo) y solicitó que se investiguen las conductas del actual concejal Tomás Méndez (presentador del programa ADN) y de Senestrari.
Al respecto, Garzón detalló que ese planteo de pesquisa incluye determinar por qué dijo lo que dijo Viarnes; con quién está conectado; cómo llegó a Córdoba; cómo se relacionó con Méndez y cuáles fueron los “fines y las ganancias”.
Con la clausura del debate llega la hora de las consecuencias. El abogado de Sosa ya adelantó que le pedirá a la Justicia que se le reintegren a su asistido los haberes que no cobró durante más de dos años, mientras estuvo preso.
También vaticinó que cuando se lean los fundamentos del fallo, el ex secretatrio de Seguridad Berni aparecerá en muchos tramos, ya que durante las audiencias varios testigos dijeron que venía a Córdoba, que se reunía con Viarnes, que iba al Juzgado Federal y que tenía contacto con Senestrari y con Méndez.
El sentido común indica que habrá costas para Senestrari. Sin olvidar el revuelo que generó cuando reclamó y, aval de la Corte mediante, logró retener la causa por la muerte del policía Juan Alós, es oportuno recordar otros pasos que dio. Entre ellos, el allanamiento a la Jefatura de Policía con fuerzas nacionales, que generó una situación de conflicto institucional para llevar agua al molino de una teoría que no prosperó. También deben citarse las extensas privaciones de libertad que promovió para algunos de los implicados.
Cabe pensar que el investigador nunca tuvo pruebas o que, si las tuvo en su momento, las perdió, lo cual revelaría una incapacidad funcional que lo inhabilitaria para seguir siendo fiscal. En vista de ello, es previsible que haya demandas contra el Estado por daños y perjuicios y que se pida su destitución.
En la edición del miércoles, Alfil ubicó erróneamete al fiscal en Roma el martes 10. Una vez rectificados los datos, confirmó que el funcionario se ausentó de la ciudad cuando se dictó el veredicto, el martes 3, pero que estará en Córdoba cuando los jueces lean los fundamentos de la sentencia que cerró una causa que le costó mucho a los cordobeses y, en general, a los contribuyentes que solventan el servicio de Justicia.