Previo al fallo, confirman cargo contra el fiscal de caso Alós

Si bien las dos autopsias que se hicieron concluyeron que el policía de Drogas Peligrosas se suicidó, tal como estableció desde el primer momento el instructor Emilio Drazile, la Justicia seguirá indagando sobre las presuntas irregularidades que cometió en la pesquisa.

tribunales-federalesA horas de que se dicte el fallo por el “narcoescándalo”, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la imputación del fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, por su desempeño en la pesquisa por la muerte de Juan Alós, el integrante de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba que apareció sin vida a poco de estallar la causa.
Al instructor se le enrostra haber violado sus deberes como funcionario público cuando intervino en la investigación.
En febrero, Casación había ratificado la medida promovida por el fiscal federal Enrique Senestrari. Ahora, por unanimidad, rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensora pública de Drazile, Mercedes Crespi.
La incriminación contra el instructor provincial se debe a las supuestas irregularidades que cometió en los primeros pasos de la investigación de las circunstancias del deceso del agente, en torno a la aplicación de protocolos y procedimientos.
Alós, de 33 años, fue hallado sin vida el 7 de septiembre del 2013, luego de que tomara estado público el presunto vínculo de la fuerza que integraba con el negocio del narcotráfico.
La hipótesis que siempre manejó Drazile fue que el uniformado se suicidó y pidió el archivo de la causa, en marzo de 2014.
En uno de los episodios más resonantes del “narcoescándalo”, Senestrari le solicitó al juez federal Ricardo Bustos Fierro la imputación de su colega provincial.
El magistrado desestimó esa incriminación, pero tanto Senestrari como el querellante Carlos Nayi, en representación de la viuda de Alós, apelaron. En un fallo dividido, la Cámara Federal revocó lo resuelto por Bustos Fierro y procedió a imputar al fiscal provincial, lo cual fue confirmado por Casación.
Entre otras críticas, Senestrari sostuvo que Drazile se apresuró al haber permitido que se abriera el automóvil del oficial y que se lavara la escena.
También cuestionó que el auto del agente fuera llevado por la Dirección de Drogas Peligrosos, la oficina que estaba bajo sospecha por el “narcoescándalo”. Antes, la viuda había denunciado la destrucción de pruebas, como la ropa que vestía su esposo el día de su fallecimiento.
La pesquisa por la muerte de Alós estuvo a cargo de Drazile hasta que pasó al fuero Federal, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se basó en el dictamen favorable de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. El caso quedó a cargo de Senestrari, uno de los acusadores en el juicio que tiene como principal acusado al ex comisario Rafael Sosa.
Ya bajo la órbita Federal, la segunda autopsia que se le hizo al cadáver de Alós dio el mismo resultado que la primera y confirmó que el agente puso final a su vida de manera voluntaria. Sin embargo, ello no cambió la suerte del proceso contra Drazile, ya que se seguirán investigando las presuntas irregularidades que cometió mientras estuvo al frente de la investigación de los hechos.
La conclusión tuvo repercusión, ya que se descartó la teoría del homicidio, que fue fogoneada con cierta intencionalidad política.
Cabe recordar que cuando Drazile estableció que se trató de un suicidio recibió fuertes cuestionamientos, no sólo por parte de la viuda y de Senestrari, sino de la oposición al entonces gobernador José Manuel De la Sota, que sugirió que el uniformado fue víctima de un crimen porque tenía información clave para la causa.
La pericia se realizó en el Instituto de Medicina Forense de Córdoba. Participaron profesionales de esa institución, de la Justicia Federal y los propuestos por las partes.
Hoy, el Tribunal Oral en lo Federal 2, integrado por Hugo Vaca Narvaja, Daniel Herrera Piedrabuena y Mario Garzón, dictará sentencia en el juicio que se les sigue desde el 8 de marzo a siete ex miembros de la extinta Drogas Peligrosas.
Al alegar en el tramo final del debate, Gustavo Franco, el defensor del ex jefe de esa división, Sosa, dijo que el caso fue una “puesta en escena con fines políticos”, para la “obtención de dinero y cargos”, y reclamó la absolución de su asistido.
La investigación comenzó en el 2013, en plena campaña electoral, cuando los implicados fueron separados de sus cargos por su presunta vinculación con el tráfico de estupefacientes.
Todo se desató a partir de la denuncia que, como “arrepentido”, presentó Juan Francisco “El Francés” Viarnes, actualmente prófugo.
El letrado apuntó contra el testimonio del agente encubierto Viarnes, cuyo paradero se desconoce desde el 2014, y sostuvo que sus declaraciones fueron falsas y que se incorporaron de manera irregular al expediente.
Además, lo sindicó como un “inorgánico de los servicios de Inteligencia” y sostuvo que “tenía relaciones innegables” con el Secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni.
Para el defensor, Viarnes –que fue dejado en libertad condicional luego de declarar ante Senestrari- pudo fugarse gracias a su vinculación con el anterior gobierno.
El expediente se construyó sobre dos pilares: los dichos de Viarnes y el fallecimiento de Alós.

Conflicto de competencia

Cuando Alós fue hallado muerto en su auto, Senestrari ya lo investigaba en el ámbito Federal, como parte del grupo de policías de la extinta división de Lucha contra el Narcotráfico que habrían incurrido en irregularidades.
Si bien le pidió desde el principio al juez Ricardo Bustos Fierro que reclamara la competencia de la causa, el juez de Control provincial Carlos Granda Ávalos sostuvo que el instructor Drazile ya había enviado copias completas de las actuaciones y que la Justicia local debía seguir interviniendo.
No obstante, Senestrari alegó que faltaba información clave y que había datos que lo hacían dudar de la hipótesis del suicidio.
Granda Ávalos interpretó que más allá de que hubiera personas que se repetían en los expedientes, si el hecho a investigar ocurrió dentro del territorio provincial, debía permanecer en el mismo ámbito.
Sin embargo, siguiendo un dictamen de la procuradora Gils Carbó la Corte Suprema definió que el caso pasara al fuero Federal.



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