Aborto: TSJ avanza en caso iniciado por García Elorrio

Luego de tres años, el Máximo Tribunal provincial convocó a “amigos del tribunal” como paso previo a resolver la demanda que la asociación Portal de Belén presentó contra la provincia. El grupo católico logró frenar interrupciones de embarazos en casos de abusos sexuales.

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Solo en los hospitales que dependen de la Nación puede solicitarse la práctica.


En el marco de la causa que la asociación civil Portal de Belén, encabezada por el legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, inició contra el Gobierno provincial por el denominado “Protocolo de abortos no punibles”, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fijó un plazo de 15 días hábiles para que las personas o instituciones con “reconocida experiencia en la materia” expresen sus opiniones sobre el tema, como “amigos del tribunal”.
Además de su pericia, quienes pretendan intervenir también deberán fundamentar su interés en la resolución final del pleito.
El plazo regirá a partir la publicación de la decisión en el Boletín Oficial y en tres diarios provinciales. Esa difusión está a cargo del Portal de Belén, la institución que planteó la inconstitucionalidad del protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia, que está suspendido por orden judicial desde el 2012.
Cabe recordar que en el año 2010, cuando el Ministerio de Salud de la Nación dictó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, se desató una fuerte polémica. Ese instructivo fue reformado y actualizado en el 2012, luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, que autorizó a una adolescente de 15 años que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro a interrumpir su embarazo.
De esa manera, estableció que la violación es una causal de aborto no punible y que para acceder a la práctica sólo es necesaria la declaración jurada de la mujer, sin necesidad de judicializar los casos.
En abril de ese año, siguiendo los lineamientos establecidos por la Nación y la Corte, Córdoba elaboró la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”. Inmediatamente, la asociación católica presentó una acción de amparo y el juez en lo Civil y Comercial Federico Ossola la admitió.
La medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y, así, el expediente llegó al Máximo Tribunal de la provincia, que lleva tres años analizando las actuaciones.
Según el TSJ, su convocatoria busca garantizar el equilibrio entre la participación ciudadana y el debido proceso judicial, en una materia “delicada y trascendente”, y detalló que se basó en los principios generales del derecho, en la acordada 7/2013 de la Corte y en la jurisprudencia concordante.
Si bien no son vinculantes, las opiniones de los “amigos del tribunal” le servirán al TSJ para resolver el recurso de casación planteado por el Gobierno provincial (la parte demandada), en contra del fallo de Cámara, que declaró íntegramente inconstitucional las previsiones de la guía local.
En su momento, los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera aceptaron los argumentos del Portal de Belén y establecieron que el protocolo cordobés vulnera los derechos de los menores por nacer, protegidos por la Constitución Nacional, por la Convención de los Derechos del Niños y, especialmente, por la Constitución de Córdoba.
Por unanimidad, la Cámara se apartó del criterio de la Corte Suprema. Los argumentos los formuló Barrera Buteler, quien fue recusado sin éxito por haber opinado en una publicación en contra del aborto y porque pertenece a una entidad vinculada a la Iglesia.
Entre otras consideraciones, el juez plasmó que dar por probado que la mujer que pide practicarse un aborto fue violada con “una simple declaración jurada” implica el “riesgo de que existan casos fabricados”.
El decisorio generó críticas de diversos sectores y la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir consideró que estaba “lleno de arbitrariedades y argumentos contrarios” al ordenamiento jurídico.
Por su parte, el socialista Roberto Birri, quien era legislador en ese entonces, dijo que el fallo fue “un golpe enorme para los derechos humanos de las mujeres de Córdoba” y que las alejó de “derechos reconocidos internacionalmente y que tienen vigencia en el país”.
Ayer, luego de conocerse la convocatoria del TSJ, la legisladora Laura Vilches (PTS – FIT) exigió la inmediata aplicación del protocolo en la Provincia, ya que interpreta que pese al amparo presentado por la agrupación católica Portal de Belén, la guía ministerial debería estar vigente hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia no resuelva la cuestión de fondo.



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