Derecho a la verdad para la corrupción

El derecho a la verdad, una conquista de los movimientos de derechos humanos

Ignacio Boulin

Master en Derecho Internacional (Harvard University)

Abogado, Master en Derecho Administrativo (U. Austral), profesor universitario.

Lucas Gómez

Presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CELDH)

Abogado.

(Especial para Bastión Digital)

derechosArgentina, 1978. En medio del terror, un grupo de padres que busca a sus hijos desaparecidos encuentra pobres respuestas en la justicia local. Miles de recursos de habeas corpus son rechazados por los jueces argentinos. La dictadura militar niega tener alguna pista acerca de ellos: Jorge Rafael Videla declara que no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Estos padres responden con estrategias innovadoras (tal vez sin ser conscientes de la innovación). Envían más de mil cartas con denuncias de casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basada en Washington D.C. Luego de negociaciones, la CIDH visita a Argentina y emite un informe en 1980 que reconoce violaciones generalizadas de derechos humanos; el informe tiene un enorme impacto tanto dentro como fuera de la Argentina. Sin embargo, en 1990 estos padres todavía no saben lo que pasó con sus hijos. A pesar de la vuelta a la democracia en 1983, de los juicios durante la primavera alfonsinista, en 1986 y 1987 el Congreso aprueba las leyes de obediencia debida y punto final que restringen la persecución penal a los perpetradores. Años más tarde, el presidente Menem indulta a las jerarquías militares y a los terroristas.

Argentina, 1995. Algunos de estos padres vienen trabajando en el diseño de una nueva estrategia: incluso si el enjuiciamiento penal está prohibido por ley, existe el derecho a saber qué pasó con sus hijos: el derecho a la verdad. Si bien tienen algunos éxitos en las instancias inferiores, la Corte Suprema rechaza el reclamo. Los padres llevan el caso a la CIDH. En 1999, Argentina y los denunciantes acuerdan una solución amistosa ante la CIDH, en la cual el gobierno reconoce la existencia del derecho a la verdad. Este desarrollo ayudó en la reapertura de los procesos penales contra los oficiales militares: una vez que la información sobre las atrocidades salió a la luz, la sociedad comenzó a movilizarse por la justicia. El derecho a la verdad puso delante de los ojos de la gente el alcance y la gravedad de los crímenes y las identidades de las víctimas y los perpetradores.

Esta historia es una de abusos y violaciones (tristemente comunes) de derechos humanos. Sin embargo, tal como ha postulado Elizabeth Loftus, el movimiento anticorrupción puede extraer valiosas lecciones del movimiento de derechos humanos. En concreto, el derecho a la verdad puede tener impactos valiosos en la lucha contra la corrupción. Correctamente ha observado Navi Pillay, la anterior Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que con el tiempo el derecho a la verdad se ha extendido más allá de sus vínculos iniciales a personas desaparecidas para abarcar otras violaciones graves de los derechos humanos. Pues, ¿por qué no imaginar que puede utilizarse también en casos de corrupción?

La lucha por el “derecho a la verdad” en casos de corrupción estructural puede valer el esfuerzo en países como Argentina, donde la responsabilidad legal por actos de corrupción es mínima. (Tal como surge de un estudio de CIPCE, en Argentina, entre 1983 y 2007, se iniciaron 750 procesos judiciales relacionados con la corrupción y sólo el 7% llegó a una condena.) Tal vez los activistas anticorrupción, siguiendo los pasos del movimiento de derechos humanos, podrían diseñar casos para que los jueces investiguen hechos, nombres y detalles involucrados en casos de corrupción, sin buscar (directamente) la sanción penal de los responsables.

Por supuesto, sostener la existencia de un “derecho a la verdad” en casos de corrupción presenta desafíos. A menudo las denuncias afectarán a personas que todavía están en el poder, en lugar de referirse a personas y acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado – más aún, su éxito puede afectar al sistema en sí. Y en contraste con las violaciones más típicas de derechos humanos, en los casos de corrupción es complejo identificar a víctimas concretas — que existen, como la tragedia de Once prueba. Sin dejar de reconocer esos desafíos, el éxito de los casos del derecho a la verdad en América Latina demuestra cómo es posible utilizar un proceso legal transnacional (involucrando a tribunales nacionales e internacionales) de manera innovadora y efectiva: tal vez el derecho a la verdad puede ser la alarma que despierte a las sociedades que duermen mientras les están robando.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el Global Anticorruption Blog.