La baja de la retención a la soja deja a Córdoba con $275 M menos por año

Es por la caída de la recaudación. Por supuesto, puede recuperar por más actividad económica.

origlia La baja de la retención a la soja deja a Córdoba con $275 M menos por añoLa decisión del Gobierno nacional de reducir cinco puntos porcentuales la alícuota de las retenciones sobre la soja y dejarlas en 30% tiene, desde la óptica del sector público, un costo fiscal en el corto plazo. No sólo para la Nación, sino también para las provincias  por la existencia del Fondo Federal Solidario.

Un trabajo del Iaraf señala que la reducción implicaría una baja directa de $10.714 millones de recaudación, en los cuales las participaciones (70% Nación y 30% provincias) replicarían los porcentajes en los que se reparten esos fondos actualmente.

Sin embargo, una vez que se incorporan los efectos indirectos, la pérdida de recaudación global es menor (-$6.936 millones), y las provincias participan en un 18% de las resignaciones de fondos, mientras que la Nación lo hace con el 82% restante.

El trabajo de los economistas Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Andrés Mir se concentra en el análisis de los efectos recaudatorios de “primera ronda”  de la medida,  por lo que obvia sus posibles efectos microeconómicos tanto sobre los precios internos como sobre la asignación de recursos.



Los efectos fiscales directos de una reducción en las retenciones de soja son una caída inmediata en los ingresos tributarios de los gobiernos que las perciban. Sin embargo, aún bajo un escenario de corto plazo y sin modificaciones de las conductas de los agentes involucrados en el mercado afectado, este efecto negativo inicial se puede ver parcialmente compensado por incrementos en la recaudación proveniente de otros tributos, como por ejemplo Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos a las transacciones subnacionales como Ingresos Brutos.

Por eso la insistencia del presidente Mauricio Macri ante los productores sobre que sería “implacable” con aquellos que evadan y la advertencia de que tendrían que pagar más Ganancias. «Estoy apostando a la capacidad que tienen de crecer, de duplicar la producción agropecuaria del país», dijo. A través de la eliminación de retenciones, buscó alentar la liquidación de unos US$ 8000 millones en granos y el ingreso de dólares al Banco Central.

El efecto fiscal no va a ser uniforme para todas las provincias. Van a existir diferencias según sean productoras o no de soja. Las provincias fuertemente productoras (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) van a soportar una resignación fiscal relativamente inferior al promedio de todas las provincias; las medianas quedarán a mitad de tabla y las que no producen soja son las que se van a ver relativamente más afectadas por la reducción.

Entre las productoras, las más importantes son Buenos Aires que participa con el 31,91% del total de soja; Córdoba, con el 30,33% y Santa Fe, con el 19,23%. La contracara son Catamarca, con el 0,10%; Corrientes, 0,07%; Formosa, 0,06%; Jujuy, 0,03% y Misiones, 0,01%.

Buenos Aires presenta la particularidad que, a pesar de ser una de las principales productoras, sufre un costo fiscal sensiblemente más elevado que el de Córdoba y Santa Fe porque el Fondo Sojero se distribuye según los coeficientes de coparticipación y no en relación a la distribución provincial de la producción de soja, mientras que se estima que el incremento en la recaudación de ingresos brutos va a estar en relación a este último indicador.

Así, mientras cada una de las tres provincias  participa con un 25 a  30 por ciento de la producción de soja, Buenos Aires obtiene el 21,2% del Fondo en comparación a Córdoba y Santa Fe, que reciben solamente un 8,6% cada una. En consecuencia, mientras el recupero de impuestos por incremento de recaudación de IIBB es cuantitativamente similar en las tres jurisdicciones, la pérdida de recaudación por disminución en el Fondo va a ser mucho más significativa en Buenos Aires ($682 millones) que en Córdoba y Santa Fe (algo más de $275 millones en cada una).

El ejercicio del Iaraf es de corto plazo y sin intentar cuantificar los cambios en la conducta de los agentes económicos que pueden generar efectos positivos como la ampliación de operaciones internas y/o de exportación. “La pérdida de competitividad que se vino apreciando mes a mes en los últimos años amerita avanzar sobre aspectos estructurales de competitividad, entre ellos el tributario, como en este caso concreto lo constituye la reducción en los derechos de exportación sobre actividades clave para la economía argentina”, señala el informe.



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