Fracasarían propuestas a la Corte por rechazo opositor

2011-11-28 sesinEn las últimas horas del miércoles, Cristina Kirchner lanzó una ofensiva en uno de los frentes que más conflictividad le ha producido durante su mandato presidencial. El conflicto permanente con el Poder Judicial fue una constante de su segundo período.
Luego de retirar la nominación del joven jurista Roberto Carlés, quien había cosechado el rechazo de todo el arco no kirchnerista del Senado, el poder ejecutivo propuso para ocupar los lugares vacantes de la Corte Suprema a Eugenio Carlos Sarrabayrouse y al puntano radicado en Córdoba Domingo Juan Sesín.
El ministro de Justicia, Julio Alak, al dar a conocer en forma oficial el envío de los pliegos al Senado firmados por la presidenta Cristina Kirchner, señaló que a partir del 10 de diciembre próximo el máximo tribunal quedará sólo con tres miembros ante la renuncia de Carlos Fayt. Con ese argumento, instó a los miembros del Senado a actuar con “seriedad y responsabilidad” al tiempo que solicitó no enrarecer el debate con “los avatares de las disputas electorales”.
Ambos nominados tienen perfil técnico y no comparten el modelo de “juez militante” que promovió el kirchnerismo durante estos años. Domingo Sesín es especialista en derecho administrativo y ejerce la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Por su parte Eugenio Sarrabayrouse es miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Este cambio en las características personales de los propuestos fue resaltado en el mensaje presidencial leído por Alak. En uno de los párrafos pondera las nominaciones de Sesin y Sarrabayrouse destacando que son una garantía de “no conformar un Corte adicta” y refiriéndose al “el espíritu del retiro del pliego y la propuesta” de los nuevos letrados en dirección a la búsqueda de consenso. “La integración de la Corte es un tema central de la vida institucional de la República. Por ello, en la discusión debe imperar la cordura y no el enfrentamiento político”, sostuvo el titular de la cartera de Justicia.
La oposición por su parte rechazó de plano la posibilidad de avanzar en la designación de jueces antes del recambio presidencial. El primero en fijar posición fue el titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. El senador anticipó que “Como presidente del radicalismo adelanto que no vamos a acompañar esto. Si hace un año no había legitimación de Cristina Kirchner para presentar candidatos para la Corte, hoy, a 20 días de la elección, menos”.
Mario Cimadevilla (UCR-Cambiemos) y Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) ratificaron la postura. “La Unión Cívica Radical y los partidos de la oposición firmamos un compromiso que no le vamos a dar el acuerdo a ninguno de los pliegos que pueda mandar Cristina” dijo el legislador radical; mientras que la senadora puntana confirmó que “Nosotros tenemos un acuerdo para no tratar ningún pliego de la Corte hasta que no venga un nuevo gobierno”.
La referencia de los referentes opositores tiene que ver con el acta firmada en noviembre del año pasado por 28 senadores de la oposición UCR-Pro, FAP-Unen y Compromiso Federal, quienes se negaron “al tratamiento del respectivo pliego para la designación de Carlés, quienes se comprometieron a rechazar sistemáticamente cualquier otra propuesta del Poder Ejecutivo, en una clara actitud autoritaria, antirrepublicana”. En el día de ayer se encargaron de ratificar la vigencia de ese acuerdo interbloques.
Por otra parte, los pliegos de los nuevos postulantes a la Corte Suprema de Justicia estarían en condiciones de tener dictamen de la Comisión de Acuerdos recién el próximo 14 de diciembre, es decir, ya en ejercicio del nuevo presidente de la Nación que surja de la segunda vuelta electoral prevista para el 22 de noviembre.
Esa fecha surge de analizar las condiciones que ponen el decreto 222/2003 y el Reglamento del Senado, que en total suman un plazo de 45 días para que la comisión asesora de la Cámara Alta puede emitir dictamen y, luego, llevar esa resolución al recinto del Cuerpo legislativo. Estos plazos y las condiciones políticas del momento previsto alejan casi totalmente la posibilidad de que la movida llegue a buen puerto.