Estupor en Tribunales por incidente en el juicio contra Kammerath



Por Gabriel Osman
gosman@diarioalfil.com.ar

tlam-01-09-2015-crdoba_427103El pedido de apartamiento de un integrante de la Cámara Segunda del Crimen en el juicio oral que se le sigue a Germán Kammerath por la causa “Radioaviso”, causó ayer estupor en los Tribunales Provinciales, por las razones esgrimidas por el abogado defensor del ex intendente, Ezequiel Mallía, pero, principalmente, por los términos presuntamente utilizados por un magistrado de su jerarquía.
En su presentación, Mallía detalla circunstancias y detalles en los cuales el camarista Italo Vitozzi adelantó opinión delante del presidente del Córdoba Athletic Club, Diego González. El abogado defensor tiene, además de González, otros testigos para corroborar los dichos del juez por lo que, de comprobarlo después el tribunal actuante, se trataría de un flagrante caso de prejuzgamiento y, consecuentemente, de apartamiento casi inevitable.
El relato que hace Mallía no tiene desperdicios, como se verá. Cuenta que el sábado pasado –a pocos días del inicio del juicio al que le quedaban aún muchas audiencias-, lo encuentra a González en un almuerzo previo al partido de rugby que debían disputar el local, el Córdoba Athletic, contra el Jokey Club Córdoba, del cual el letrado es presidente.
En el quincho donde se sirvió el almuerzo, en barrio Jardín Espinosa, y frente a su par del Córdoba Athletic, Mallía escucha el involuntario testimonio de su colega, que comienza el relato reseñando un encuentro ocasional suyo con Vitozzi en una cancha de tenis. Lo vio al juez fumando mucho al costado de la cancha, interpelándolo con una consejo: “Pará un poco, dejá de fumar, ¿qué te pasa?”. Ante la amonestación, el magistrado se descargó expresando: “Estoy con el tema de Kammerath, … me tiene como loco, … lo tengo enterrado a Kammerath”.
González no sabía que Mallía era el abogado patrocinante del ex intendente, por lo que al recibir la aclaración pertinente expresó estupefacto: “Uy que mocaso que me eché”. Los dichos del directivo están poco acomodados al lenguaje judicial pero, sin esos epítetos, los del magistrado mucho menos. “Lo tengo enterrado a Kammerath” es una expresión muy chabacana para un camarista, al margen del caso de crudo prejuzgamiento que implica.
La cámara juzgadora está integrada por el presidente, Eduardo Valdez, y los vocales Juan Manuel Ugarte y Italo Vitozzi. Ahora, esta misma cámara, corregida en su integración por Ruiz, de la Cámara Séptima, en reemplazo de Vitozzi, deberá expedirse sobre el pedido de apartamiento.

El juicio
La conducta que se reprocha en este juicio a Kammerath y a su secretario Rodríguez de la Puente es la de negociaciones incompatibles con la función pública, en virtud de una contratación que se efectuó en el año 2001 a la empresa Radio Aviso para el seguimiento y monitoreo satelital de los vehículos de la flota municipal que habían sido adquiridos durante el año 2000.
La supuesta incompatibilidad o interés de los funcionarios estaría dada por cuanto en la firma Radio Aviso, su dueño, Guillermo Schor Landman (que está imputado, pero con un pedido de suspensión de juicio a prueba en trámite), le habría solicitado Marcos Alvarez, cuñado de Kammerath, la firma de una garantía cuando aquél compró la empresa en el año 2000, que efectivamente suscribió.
De la prueba ya colectada en la investigación, surgiría que la contratación habría sido correcta formalmente, que la propuesta de Radio Aviso, entre tres empresas oferentes para el servicio, fue la más económica, y no obstante ser la oferta más baja, se le pidió una mejora de oferta, que así efectuó y finalmente se aprobó un contrato de 24 meses con posibilidad de rescindirlo sin indemnización.
El contrato, que era de $ 5.500 (dólares en aquellos años) por mes, fue beneficioso para la Municipalidad, pues en el marco de otras medidas de control simultáneas que se instrumentaron, como el gasto medido y controlado por tarjeta del combustible y el Reglamento de uso de la flota automotor, habrían hecho bajar los costos, en el período que duró el contrato, según la defensa.
El abogado de Kammerath ha referido que a la época de la firma del contrato, con su cuñado Alvarez, no tenía relación alguna, ya que se había separado de hecho de su hermana mucho tiempo antes y desconocía cualquier actividad del mismo con relación a esa empresa y en su vida cotidiana. A lo que también se ha añadido, que ese contrato solo duró cinco meses porque, en virtud de la emergencia, se debió rescindir sin indemnización que abonar por parte de la Municipalidad. La rescisión, que fue tomada por el propio Kammerath, dejó el contrato en 5 meses, por lo que la suma es por $ 22.000. Una cifra realmente irrisoria, aun en la escala de las disparatadas denuncias de Luis Juez: siete en total, seis de ellas con sobreseimiento o pasadas a archivo sin pena ni gloria.
En este contexto, cuesta entender el sentido de un juicio penal, en un contrato que pretendía velar por los bienes municipales. Si a lo expuesto se añade que nos remontamos a hechos sucedidos hace quince años atrás aproximadamente, no se entiende demasiado el ámbito penal que atrapa esta actuación, en tiempos que en el Derecho Penal se habla de mínima intervención, esto es, para los casos realmente importantes.
Aun dejando al margen estas apreciaciones, el reequipamiento de la flota municipal que dispuso Kammerath llevando el parque automotor a 200 unidades (camiones, retroexcavadoras, ambulancias, utilitarios) y la colocación de GPS y desactivadores automáticos cuando trasponían el ejido, entre otras tecnologías, a la mitad de estos vehículos, fue algo absolutamente pertinente.
Cualquiera que conozca a los empleados municipales sabe del uso y abuso que pueden hacer los “muchachos” nucleados en el Suoem a los bienes por ellos manejados. Darles una flota de vehículos nuevos y caros sin recaudo alguno, hubiera sido sí incurrir en una decisión de altísimo riesgo de malversación de recursos públicos, efectivamente punible.
A la luz de los que es públicamente notorio sobre el Suoem, es muy probable que el gremio sea el instigador de la denuncia, incluso teniendo en cuenta que la presentación es de noviembre de 2003, un mes antes de que asumiera Luis Juez. Pero no es difícil chequear en archivos periodísticos de esos años que las reuniones del entonces intendente electo con Rubén Daniele y otros dirigentes ya habían comenzado. El primer punto de encuentro había sido consolidar entre el líder del Partido Nuevo y los gremialistas la nómina de los contratados por Kammerath que serían confirmados, por citar un punto de acuerdo.
No sería extraño, entonces, que de terminar el juicio en una sentencia condenatoria, el verdadero ganador sea el sindicato municipal, que se colocaría el fallo como una cucarda para exhibir intimidatoriamente lo que le pasa a los intendentes que osan controlar a los empleados.