La materialización del “vamos por todo”

Por Torcuato Sozio
Director Ejecutivo de la ADC

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa prestigiosa Corte Suprema de la que gozamos es consecuencia de fuertes decisiones políticas adoptadas por Néstor Kirchner en 2003: el juicio político a los jueces de la llamada “Corte menemista” y el dictado del decreto 222/03 por el cual los candidatos a ocupar el Alto Tribunal deben pasar por el escrutinio social acreditando idoneidad, experiencia técnica y compromiso con valores democráticos. Dije “gozamos” de modo deliberado: la división de poderes y la calidad institucional son logros que una sociedad democrática debe gozar, debe disfrutar. Pero también debe cuidar.
Desde el año 2003 la Corte Suprema ha logrado una transformación excepcional, recuperando la legitimidad y autoridad perdida en la década de 1990, asumiendo el liderazgo del poder judicial, participando de manera eficaz en la solución de serios problemas políticos y económicos, y fijando una agenda temática en materia de derechos y acceso a la justicia.
Diez años después, cuando el balance luego de aquellos cambios daba motivo para festejar, comienza un grave proceso de afectación a aquella independencia que tanto había costado lograr. Ese embate, a veces verbal y otras con propuestas legislativas o decretos presidenciales, se extendió a todo el Poder Judicial.
En la actualidad, el principal enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno está representado por las designaciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la renuncia del ministro Raúl Eugenio Zaffaroni y luego del fallecimiento de la Dra. Carmen Argibay Molina y el Dr. Enrique Santiago Petracchi. El Gobierno impulsó un cambio de modelo en la Corte Suprema con la propuesta de Roberto Carlés para cubrir la vacante. Ante varios cuestionamientos sobre la falta de experiencia del candidato y la insuficiencia de votos necesarios para ser designado, el oficialismo suspendió la sesión en el Senado en la que se iba a tratar su pliego.
El fracaso del nombramiento de Carlés activó las intenciones del gobierno respecto a la ampliación del máximo Tribunal. Según algunas versiones, el número actual de cinco integrantes podría ascender a siete o nueve, siendo importante destacar que, en este caso, no se requiere una mayoría calificada sino una mayoría simple.
Reiteradamente, la Asociación por los Derechos Civiles ha dicho que los cambios bruscos tendientes a ampliar la Corte es el modo que han tenido los gobiernos para controlar la Justicia. Y el argumento que se da frecuentemente de que un número mayor de integrantes permitiría al Superior Tribunal de la Nación contar con los especialistas necesarios en las diversas ramas del derecho, resulta totalmente falaz: este no es un tribunal de Casación Nacional. No existe en la Argentina un sistema automático de triple instancia. Llegar con una causa a la Corte se produce ante tres tipos de conflictos: los que se suscitan entre el gobierno central y las provincias, los generados entre los distintos poderes del gobierno central, y los que se generan cuando los particulares entienden que algún acto de los poderes del Estado entra en colisión con un derecho constitucional que los ampara. La Corte no corrige los posibles errores en que hayan incurrido los tribunales ordinarios para interpretar el llamado “derecho común”. Por lo cual, cualquier propuesta de ampliar el número de miembros de la Corte exige un debate serio y plural que tenga por objeto mejorar o agilizar su trabajo. Pero no debe estar, como en el pasado, pensado para lograr su control o, como creemos que ocurre ahora, para además presionar a ese tribunal.
Ese primer paso hacia lo que consideramos una concreta manifestación del “Vamos por todo”, que se complementa con un Congreso que vota todo lo que el Ejecutivo envía y un Estado plagado de empleados públicos militantes, no frenó allí su recorrido.
Se agregó el atroz embate contra el ministro Carlos Santiago Fayt, con alcances no sólo institucionales sino también con un maltrato público a un prestigioso juez y, sobre todo, a una persona de bien. En palabras del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Fayt “escribe sus votos en su casa”; tal vez él preferiría que los escribiera “en su casa”… en la de Aníbal Fernández.
Nadie ha podido en todos estos años identificar falta de idoneidad o, más aun, incapacidad del juez en el cumplimiento de sus funciones. Más bien al contrario: sus votos son señeros, como en el caso de la disidencia por la cual consideró, en soledad, inconstitucional la Ley de Medios. Fayt siempre tuvo muy claro que en un sistema democrático es importante la defensa de los derechos de las mayorías pero también la de los derechos de las minorías y, en particular, de cada individuo.
Podemos discutir si es razonable o no limitar el desempeño en una tarea o en un cargo considerando la edad de su ocupante. La Convención Constituyente, en 1994, pretendió zanjar tal discusión con una norma que la propia Corte, y justamente para el ministro Fayt, consideró inconstitucional porque los convencionales habían tratado un tema que excedía la encomienda por la cual habían sido elegidos.
Estados Unidos ha tenido jueces, como Oliver Wendell Holmes, quien se desempeñó hasta los 91 años, o el más reciente caso de John Stevens, quien concluyó su mandato en 2010, también con más de 90 años.
En todo caso, si había motivos para cuestionar la edad de Fayt, es sospechoso el momento en que se inicia ese cuestionamiento por el modo en que este gobierno está actuando con la Corte. Por otro lado, el ministro Fayt, para llegar a los 97 años, tuvo que pasar por 92, 93, 94, 95, 96… ¿Se acordaron ahora de esta situación? El hecho por el cual se inicia este degradante proceso de investigación de su salud, ¿tiene un verdadero motivo desencadenante?
Todo esto más bien huele a garantizar que el gobierno concluya su periodo con un “Nos quedamos con todo”. Aquellas antiguas consignas de Luis XIV (“Después de mí, el diluvio”) y de Luis XV (“El Estado soy yo”), parecen tener varios frenos para Cristina: uno es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el otro, particularmente, la conducta y actitud del juez Fayt.