Universidad: Ni paritarias libres ni negociación colectiva libre

Por Juan Pablo Ruiz(*)

Que una paritaria entre un gremio y una patronal no llegue a ningún acuerdo no es una noticia novedosa por estos días. Más aun cuando ya se fue la mitad de mayo y casi ningún gremio llego a un acuerdo y los trabajadores tienen los mismos sueldos que en diciembre del año pasado. Si intentamos calcular cuánto han perdido de salario real los trabajadores en estos cinco meses y medio, hasta el más oficialista tendrá que reconocer que como mínimo la pérdida del poder adquisitivo ha sido de un doce por ciento.
Pero la noticia novedosa la da la paritaria de los docentes universitarios. Los gremios llevaron como demanda entre un 35 y 40 por ciento de mejora salarial y la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, que fuera ratificado en su texto por las partes (Rectores y la totalidad de los gremios universitarios) el pasado mes de agosto del año pasado. La contrapropuesta fue un 22% de aumento de manera desdoblada y que el convenio se homologa si se saca el art. 42 del texto ratificado.
El mencionado Art. 42 establece un acuerdo para la jerarquización docente que consiste en un incremento salarial de un 25% en un lapso de cinco años. O sea un aumento de un cinco por ciento por año desde el 2014 hasta el 2019. Incluso lo que las autoridades quieren “derogar” es el único artículo del Convenio Colectivo que se aplica actualmente a pesar de que el mismo no ha sido publicado por el Ministerio de Trabajo.
En concreto el gobierno nacional ofrece a los gremios que a cambio de aumentos salariales modifiquen el convenio colectivo a la baja, situación inédita para un gobierno que se dice “nacional y popular”.
Digo esto porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo”. Dichos convenios son fruto de negociaciones paritarias, cuya etapa de “negociación” culmina con la ratificación que las partes hacen del texto del CCT ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Luego de dicha ratificación lo único que debe hacer el Estado el publicarlo en el Boletín Oficial para que comience a regir.
Ahora bien, en el caso de los docentes universitarios el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene más de nueve meses de demora en la publicación. Y ahora mediante un chantaje pretende que se abra nuevamente la “negociación colectiva” que ya había culminado para que dicho CCT se modifique de manera gravosa para la parte más débil de la relación laboral: los docentes universitarios. Es decir que para el gobierno “concertar convenios colectivos de trabajo” ya no es un “derecho” sino que pasaría a ser una “facultad sujeta a revisión por el estado”, manera excéntrica de interpretar la constitución y el derecho del trabajo.
Esto lleva a preguntarse ¿Por qué los rectores universitarios prestaron acuerdo al CCT y al Art. 42 si no tenían autorización para hacerlo? ¿Es posible que los rectores universitarios no sepan que pueden negociar y que no? ¿Si no estaban de acuerdo porque ratificaron el texto del CCT? Sin dudas lo de los Rectores universitarios y el CIN es de una falta de seriedad pasmosa, propia de un barón del conurbano o de un puntero político y no de quienes tienen la responsabilidad de administrar las casas de altos estudios de nuestro país.
Pero cuando el gobierno dice a los cuatro vientos que las “paritarias son libres”, mientras no homologa acuerdos salariales por encima del techo impuesto a fuerza de llamadas telefónicas a empleadores y sindicalistas; con la negociación docente universitaria demuestra que tampoco la “negociación de un convenio colectivo de trabajo es libre”. Tomada y Kicillof quieren que los gremios docentes universitarios borren con el codo lo que escribieron con la mano, algo que cualquiera que tenga algo de sindicalismo sabe que eso no es viable.
También llama la atención la manera injusta de pagar los favores que la CONADU OFICIALISTA le hizo al gobierno cuando avalo un acuerdo salarial por 16 meses (una locura en un país con 30 % de inflación, solo justificable por obsecuencia política) o cuando Pablo Carro (Sec. Gral. de ADIUC y paritario de CONADU Oficialista) impulso junto con el Rector Tamarit una resolución del Consejo Superior con un Convenio Colectivo para la Universidad Nacional de Córdoba que establece menos derechos que el Convenio Colectivo Nacional, cuyo texto ratificado el gobierno pretende modificar. Tal vez sea porque Roma no paga traidores.
(*) Abogado laboralista