Un consenso que puede salir muy caro

Por Pablo Esteban Dávila

KD9L5514Juan Schiaretti lanzó el pasado martes otra de sus propuestas de campaña: derogar la ley 10.078 de diferimiento en el pago de aumentos de las jubilaciones provinciales. La fundamentó en una premisa ad logicam: “va haber recursos, sea quien sea el presidente, no va a tener ninguna chance de seguir escamoteándonos lo que es nuestro”. Desde la vereda K, Eduardo Accastello no se achicó por la estocada oficialista. Señaló que él también haría lo mismo, llegando incluso a proponer un pacto público entre los tres principales candidatos sobre el asunto. Semejante consenso podría ser tildado de auspicioso, excepto porque entraña un profundo error y podría salir muy caro.
Deben repasarse los hechos cuidadosamente. Esta ley no fue un capricho de José Manuel de la Sota, sino una imposición de la realidad. En diciembre de 2009, Schiaretti firmó un convenio con la Nación para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones que la Casa Rosada nunca cumplió. Debido a ello, la provincia tuvo que continuar poniendo plata en el organismo hasta que, hacia 2012, la situación se hizo insostenible. Fue entonces que el gobernador recurrió a un inesperado aliado macroeconómico: la inflación. Gracias al recurso de diferir seis meses la aplicación de los aumentos salariales concedidos a los empleados provinciales a las jubilaciones, la brecha entre ingresos y egresos de la Caja se redujo dramáticamente. Aunque aquella medida generó previsibles protestas, los cuestionamientos fueron decayendo con el tiempo, al punto tal de desaparecer el asunto de la agenda pública.
Los compromisos de campaña prometen, sin embargo, reabrir la cuestión. Si la inferencia schiarettista resultara ser cierta y el nuevo presidente levantara la interdicción que pesa sobre Córdoba, el efecto de la derogación de esta ley sobre las finanzas provinciales podría ser neutro, al menos en el corto plazo. Los jubilados volverían a cobrar sus aumentos en el mismo momento en que los recibieran sus compañeros en actividad y la ley pasaría a ser un mal recuerdo. No obstante, subsiste un hecho incontrastable: lo que se recauda por aportes jubilatorios no alcanza para cubrir lo que se paga.
Gracias a la vigencia de la ley nuevamente en debate, esta diferencia la puso la inflación, quizá el peor impuesto que pesa sobre la economía. Pero, a futuro, este financista podría desaparecer si es que –como parece razonable– el próximo gobierno encarase un programa antiinflacionario mínimamente serio. Si así sucediera, el peso del financiamiento caería sobre las espaldas de la Nación, siempre y cuando se pactara un acuerdo de largo plazo con la provincia sobre la materia. Lamentablemente, es este un imponderable sobre el que ninguno de los candidatos a gobernador tiene mucho más que simples corazonadas, bien lejos de las certezas que ameritaría un tema tan espinoso.
Aún si los recursos necesarios los pusiera el tesoro federal subsistiría, no obstante, una pregunta relacionada con la ética subyacente al problema: ¿es justo que contribuyentes que, en el futuro, percibirán jubilaciones mucho más bajas que las que se pagan en Córdoba, terminen financiando el déficit de su Caja? Este es el quid de la cuestión. Porque, si por imperio de la ley que se propone derogar, es la inflación la que hace el trabajo sucio, sin inflación ni ley alguien tendrá que poner la diferencia. El pronombre es, como se comprende, un eufemismo; ya todos imaginan quiénes habrán de hacerlo.
Si de gobernabilidad se trata, los candidatos también deberían cuidarse de ser dispendiosos con los recursos que actualmente disponen. Contrariamente a lo que muchos podrían haber supuesto cuatro años atrás, la gestión delasotista termina con números bastante razonables. La explicación es sencilla: un buen manejo financiero, una sólida política de ingresos propios, la Tasa Vial y la ley 10.078. Si a estos componentes se le sumaran hipotéticos fallos favorables en la Corte Suprema sobre el convenio incumplido por la Nación y la devolución de los recursos coparticipables cedidos al ANSES en 1994, el futuro de las finanzas provinciales sería venturoso. En los hechos, le conferiría al nuevo gobernador un grado de independencia con el que muchos no habrían ni siquiera soñado.
Pese a este potencial destino, las promesas apuntan a debilitar la actual sustentabilidad económica. Para colmo, se encuentran destinadas a agradar a un sector muy específico del espectro laboral, cual es el de los empleados públicos, claramente minoritario en comparación con la estructura del empleo de otras provincias. Este es un símbolo elocuente del maridaje que la política en general ha desarrollado con el aparato del Estado. A ningún trabajador del sector privado –muchos menos a los jubilados nacionales que viven en la provincia– estos anuncios le cambia la vida. Por el contrario, y como se ha visto, hasta podría resultarles gravoso de no mediar las circunstancias apropiadas.
Financiar el déficit de la Caja que sirve a un puñado de cordobeses con recursos públicos no parece lo más aconsejable, al menos, desde una perspectiva de largo plazo. Esto debería ser bien ponderado antes de dilapidar fondos de los que hoy se disponen y que no dependen del capricho del presidente. Ni de Cristina ni de quién venga.