Silencio oficialista sobre las amenazas y disturbios en UNC

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se vio sacudida la semana pasada por dos hechos que imposibilitaron el normal desenvolvimiento de instancias político-institucionales y académicas, pero su máxima autoridad aún no se ha expresado públicamente al respecto.
El pasado martes, el recinto del Consejo Superior se vio copado por manifestantes que buscaban impedir el tratamiento de un expediente relacionado al estudio llevado a cabo por profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) en la localidad de Monte Maíz. Dicho estudio consistió en la realización de un campamento sanitario, e incluía un censo epidemiológico que buscaba determinar el potencial efecto que el uso de agroquímicos en zonas aledañas podría tener sobre la salud de los habitantes.
Los resultados preliminares habrían arrojado estadísticas alarmantes en variables relacionadas a la cantidad de habitantes que sufren o han sufrido cáncer, abortos naturales y otros padecimientos, pero el carácter científico del estudio fue desacreditado por el Consejo Directivo de la FCM, a través de una resolución en la que se detallan falencias técnicas y metodológicas y en la que se especifica que el mismo fue aprobado como proyecto de extensión, y no de investigación.
Haciendo foco en dicha resolución, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Marcelo Conrero, presentó ante el Consejo Superior de la UNC un pedido de investigación sobre el accionar de Medardo Ávila Vázquez, uno de los responsables del proyecto. Esto despertó condenas y repudios desde distintas organizaciones ambientalistas y de izquierda, que decidieron movilizarse al Consejo Superior y evitar que el pedido de Conrero prosperase.
La sesión debió tener una brevísima duración, y concluyó en medio de una puesta en escena de los manifestantes, que desparramaban líquidos tóxicos por el suelo y blandían una cruz hecha de maíz con los nombres de los decanos de Ciencias Médicas y Ciencias Agropecuarias, obstaculizando todo intento de diálogo entre los consiliarios.
Por otra parte, la Universidad tuvo que cancelar una actividad académica organizada por la FCA debido a las amenazas de muerte que sufrió el científico español José Miguel Mulet, principal disertante de la conferencia. En el marco de una gira por Sudamérica, Mulet presentaría su libro “Comer sin Miedo” el pasado viernes en la Sala de las Américas, en el que intenta deconstruir lo que él considera como prejuicios sobre los alimentos transgénicos y el uso de químicos en la producción agrícola.
A través de una carta, el catedrático español se disculpó por no asistir, arguyendo que no estaban garantizadas “la seguridad ni la integridad” de su persona ni de su equipo, ya que había sido amenazado por activistas de la izquierda ambientalista. Frente a un cerrado aplauso de la mayoría de los asistentes al finalizar la lectura de la carta, manifestantes que permanecían entremezclados en el público comenzaron a gritar e increpar a los organizadores, hasta que se logró desalojar la sala.
¿Casualidad u omisión?
Si bien a lo largo de los años el Consejo Superior ha sido testigo de numerosos actos de protestas relacionados a temáticas diversas, referentes docentes de la UNC no fueron capaces de recordar un acto semejante de censura a una instancia académica desde la última dictadura.
Sin embargo, las características de los hechos ocurridos el viernes recuerdan con gran similitud lo ocurrido en la UNC en el 2007, cuando grupos religiosos intentaron impedir una muestra de arte. En aquel momento, los manifestantes ultracatólicos pretendían censurar, a través de la violencia, una exhibición de obras de artistas reconocidos como Alfonso Barbieri y Roque Fraticelli por considerarlas ofensivas contra sus creencias. Sin embargo, la entonces rectora Carolina Scotto garantizó que el evento cultural se desarrollase como había sido programado.
Salta a la vista el contraste entre la actitud de Scotto y la del actual titular de la Casa de Trejo, quien hasta ayer no se había expresado sobre los hechos acontecidos en la UNC. El silencio del oficialismo universitario se hizo más evidente por las variadas voces que se alzaron durante los últimos días en defensa de valores básicos para la Universidad Pública, como la libertad de expresión.
Se destacó por su contundencia el comunicado de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en el que expresó “su profunda preocupación por el accionar carente de validez, rigurosidad y metodología científica llevado a cabo por algunos autodenominados referentes sociales”. Asimismo, recalca su defensa del “derecho a manifestar y defender libremente ideas y opiniones, siempre que éstas se ejerzan dentro de un marco de respeto a la ley y con estricto asidero científico”.
Desde la oposición, se especulaba ayer con la posición de incomodidad en la que se encontraría Tamarit, por verse presionado a reprobar las protestas que involucraron activamente a sectores políticos aliados, como la agrupación estudiantil Sudestada.
La comisión de Vigilancia y Reglamento prevista para mañana en el Consejo Superior sería el ámbito en el que los responsables del gobierno universitario esperarían poder discutir y consensuar, a puertas cerradas, una condena pública hacia la censura y violencia ejercida por los ambientalistas.