El juez Fayt y la toma de la Bastilla

Por Pablo Esteban Dávila

DYN03.JPG“Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo”, escribió alguna vez Charles Augustin Sainte-Beuve. Es la longevidad del brillante juez de la Corte Suprema Carlos Fayt lo que, aparentemente, obsesiona a Aníbal Fernández. No puede entender que alguien con casi 100 años de edad continúe ejerciendo una de las más altas magistraturas de la Nación, y mucho menos que lo haga con probidad e independencia de criterios.
Ensañarse con un viejo es, cuanto menos, una crueldad. Es lo que hace todos los días el jefe de gabinete de ministros con el juez Fayt. Sugerir –como lo ha hecho– una junta médica para dilucidar su estado de salud no sólo es una intromisión a su vida privada sino que también es una mojada de oreja a la cabeza del Poder Judicial.
La Corte Suprema no es un poder unipersonal como el Ejecutivo. Nada obsta a que siga funcionando pese a que uno de sus miembros se encuentre momentáneamente indispuesto. De hecho, la apasionada renuncia de Eugenio Zaffaroni la ha dejado sin uno de sus cinco miembros y, que se sepa, nadie en la Casa Rosada lo ha denostado por escapismo.
No deja de ser un contrasentido que este ensañamiento provenga de un gobierno que dice defender los derechos humanos. Desde este punto de vista, precisamente, el juez Fayt es un ejemplo de la dignidad humana. Simpatizante del socialismo, autor de más de 35 libros (entre los que se destaca una excelente Historia del Pensamiento Político, que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX) y ministro de la Corte desde 1983, es una leyenda viva dentro del pensamiento argentino. Para cualquier ciudadano con un mínimo sentido institucional, contar con semejante jurista impartiendo justicia es un privilegio bastante poco común.
Este hecho, razonablemente evidente para cualquiera, es, sin embargo, soslayado por la presidente Cristina Fernández. Para ella, Fayt es una anomalía dentro de su república camporista, pletórica de jóvenes con añoranzas de los ‘70 pero con dinero público del siglo XXI en sus bolsillos. Este juez encarna la suprema independencia de criterios porque, habiendo nacido en el último año de la primera guerra mundial, son pocas las cosas que podrían conmover su pensamiento, menos aún la vocinglería insustancial en que ha devenido el discurso presidencial. Esta libertad es peligrosa porque, como se sabe, para la lógica kirchnerista cualquiera que no pueda ser comprado ni amedrentado es, claramente, un reaccionario, enemigo del modelo nacional y popular.
La batalla contra Fayt es, como las últimas libradas por el gobierno, una causa perdida de antemano. Los estrategas del oficialismo razonan que, si Fayt terminara cediendo al acoso, quedarían dos vacantes en la Corte, susceptibles de ser cubiertos gracias a un acuerdo con el radicalismo en el Senado. La toma y daca permitiría que alguien cercano a Cristina jurase en el máximo tribunal, facilitando así las cosas hacia el futuro y dejando contento al principal partido de oposición. Sin embargo, se deja de lado un hecho incontrastable: el sitial que ocupaba Zaffaroni permanece vacío por la cerrada negativa de los senadores opositores de votar un nuevo ministro de la Corte antes de la asunción del próximo gobierno. Nada hace pensar que, siendo dos los espacios, esta tesitura vaya a cambiar. ¿Alguien podría imaginarse a Ernesto Sanz en medio de la campaña electoral apoyando al intrascendente Roberto Carlés a cambio de aprobar el pliego de un correligionario? La mera especulación sobre esta posibilidad se antoja insensata.
El hecho es que la presidente sigue empeñada en darse de narices contra la justicia. Intentó de todo: desde “democratizarla” hasta infiltrarla con sus sicofantes de Justicia Legítima. No lo logró, o, más apropiadamente, no lo pudo hacer del todo. Muchos sostienen que su desesperación para cooptarla es para ganar impunidad –habida cuenta los enemigos que le surgirán ni bien ponga un pie fuera de la Casa Rosada– pero probablemente la realidad de sus motivos tenga un origen diferente a su preocupación por el Código Penal. En el confuso ideario de Cristina, el Poder Judicial es un reducto de oligarcas y conservadores lejanos a la voluntad de las mayorías y, por consiguiente, insoportables para su concepción populista. Por tal razón, lograr el control de los tribunales es una epopeya homologable a la de la toma de la Bastilla una gesta que, por cierto, todavía permanece inconclusa.
Esta visión no sólo no es republicana sino también peligrosa. La libertad reside, precisamente, en la división de poderes, y esta supone la existencia de un Poder Judicial no regido por el principio democrático, si por tal cosa se entiende (como lo hace el kirchnerismo) los plebiscitos electorales. Afortunadamente, el gobierno ya no tiene la influencia necesaria como para alterar sustantivamente este orden de cosas que tanto detesta. Basta comprobar que la Corte Suprema, lejos de amilanarse ante los embates oficiales, acaba de ratificar a Ricardo Lorenzetti como su presidente, y nada hace suponer que sus vocales presionen a Fayt para que dé un paso al costado en razón de su edad. Paralelamente, son muchos los jueces y fiscales que ahora se animan a investigar el poder, sin que la tradicional política de los carpetazos parezca hacerles mella.
Tampoco se trata, por supuesto, de hacer de los funcionarios judiciales los héroes del panteón de la República. En la mayoría de los casos fueron bastante morosos si de acusar a algún funcionario se trataba, al menos mientras la hegemonía K se sintió con fuerza. Debe convenirse que el de ellos es el valor de los pusilánimes: actúan cuando presienten que sus acusados ya no tienen el poder de antaño. Blandos al inicio de los mandatos ejecutivos, duros a su término; este podría ser el epígrafe de la justicia federal argentina que, de tanto en cuando, produce algunos buenos ejemplos.
La Corte Suprema, no obstante, no ha sido partícipe de este estilo. A pesar que la mayoría de sus actuales integrantes fueron propuestos durante la década K, su conducta en general ha sido la de una sana independencia. Esta característica, destacada durante la gestión de Néstor Kirchner como un sello de prestigio e institucionalidad, terminó sin embargo perturbando a su esposa. Es difícil de comprender la mutación, pero lo cierto es que lo que antes era bueno, ahora es una decidida molestia. Al no existir motivos genuinamente jurídicos de reproche (como parecía haberlos en la Corte presidida por Julio Nazareno) Cristina recurre a temas tan reprochables como la edad de sus integrantes para rasparla. Difícilmente pueda encontrarse un ejemplo más cabal de decadencia política que este tipo de argumentos.