Confección de una nueva Corte

Por Gonzalo Neidal

DYN31.JPGEl gobierno está obsesionado con la Corte Suprema.
Aunque esté a punto de cumplir su mandato (o quizá precisamente por eso), ha emprendido una feroz batalla contra el máximo tribunal. Utiliza todos los elementos que cuenta y los endereza hacia el ataque sistemático a los ministros de la Corte, con el objetivo de abolir la actual mayoría.
Tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni, nombrado por el actual gobierno, la Corte quedó integrada por cuatro miembros, dos de los cuales fueron designados en este ciclo, uno durante el gobierno de Eduardo Duhalde y el restante proviene de los tiempos de Raúl Alfonsín.
El último intento consiste en ridiculizar al juez Carlos Fayt en razón de su edad avanzada, argumentando a través de sus periodistas allegados que el ministro ya no reconoce a sus familiares o que carece de capacidades físicas y psicológicas que lo hagan apto para un cargo tan encumbrado y de tan alta responsabilidad.
Este intento descalificador es completamente improcedente y estéril: el gobierno carece de las mayorías necesarias para realizar nuevos nombramientos, por lo cual lo más probable es que sea durante la próxima gestión cuando finalmente se reorganice el alto tribunal.
Pero el gobierno, conforme a su estilo y a su concepto del poder, no cesa en su empeño aun cuando carezca de los recursos legales para remover los obstáculos que se le presentan y que, dentro de la legalidad, le resultan insalvables.

Todo el poder
Hay una razón que puede llamarse de índole ideológica y que hace al gobierno empeñarse en una batalla que en principio parece perdida. El concepto populista del poder no admite límite alguno. Niega la vigencia de la división republicana de poderes. El verdadero poder es el que surge del pueblo, a través del voto popular, sostiene. Y ese poder no debería tener límite alguno pues es el resultado democrático de la voluntad del pueblo expresada a través del voto.
En un homenaje reciente, la presidenta concedió, en un discurso ante gobernadores adictos, que también el parlamento es parte del “verdadero poder” pues él también es elegido mediante el sufragio. Pero los jueces, no. Cristina Kirchner no está dispuesta a aceptar que un juez, que no ha sido votado en elecciones sino nombrado por una representación parlamentaria, pueda decirle a ella que ha violado la ley. ¡De ninguna manera!
Si Cristina estuvo dispuesta a aceptar cierta jerarquía al Congreso es porque en este momento tiene mayoría en ambas cámaras legislativas. Y si está tan molesta con la Corte Suprema es porque ésta tiene criterio propio y no está dispuesta a firmar todo lo que Cristina considere apropiado.

¿Y Zaffaroni?
El gobierno es muy estricto con Fayt pero ha hecho la vista gorda con Zaffaroni.
Es curioso: este gobierno se ha dado un baño de fundamentalismo en materia de derechos humanos pero ha elegido como juez de la Corte y se ha sentido representado en materia de filosofía jurídica con un personaje como Eugenio Zaffaroni, que ha sido juez durante dos dictaduras militares, con lo cual ha violado la Constitución Nacional y ha colaborado en sostener las apariencias jurídicas de gobiernos de facto.
La razón por la cual un gobierno tan puntilloso en materia de antecedentes políticos perdona estas conductas tan invalidantes siempre es sólo una: el sometimiento total de la voluntad del personaje en cuestión a los designios y necesidades políticas del poder ejecutivo.
Pero, bueno… uno podría decir que esas actitudes pertenecen a un pasado lejano y que todos pueden reformarse y convertirse en buenos muchachos con el paso del tiempo. Pero no ha sido ese el caso de Zaffaroni. Al contrario: parece que el juez tiene una especial inclinación por la transgresión. Goza escandalizando. Durante su presencia en la Corte, fue público que Zaffaroni había alquilado media docena de departamentos de su propiedad para ser utilizados en el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, estos antecedentes no opacan la figura de Zaffarani a los ojos del gobierno, que lo tiene como un faro en materia jurídica.
El problema no es, entonces, la calidad de la Corte Suprema o la probidad de sus integrantes sino la inseguridad que a la presidenta y a los miembros de este gobierno en retirada les proporciona el tribunal actual, el que está en funciones y permanecerá cuando Cristina ya no sea presidenta.
Por eso la necesidad de, cuanto menos, intentar ganar una cuota mayor de tranquilidad para los tiempos que vendrán.
Ricardo Lorenzetti no es viejo ni sospechable de incapacidad. Pero tiene un virus mucho más peligroso: no piensa como el gobierno en muchos temas. En consecuencia, no resulta confiable.
Tensar la cuerda es la especialidad de este gobierno. Cuando el clima político y económico se vaya enrareciendo se sentirá cada vez más propenso a generar un escenario de tensiones, del mismo modo que los hinchas de un club de fútbol se cuelgan del alambrado si su equipo está siendo goleado.