La caja de premios



Por Catalina Jack
Lic. Relaciones Internacionales(*)

p12-1Hace un tiempo me propuse escribir una tesis que analice el financiamiento externo del sector público argentino durante la década kirchnerista. Quería evaluar los préstamos directos a provincias, otorgados por organismos multilaterales de crédito. Mi sospecha era que no todas las provincias recibieron el permiso soberano del gobierno nacional para asumir deuda y quise relevar los datos que me permitieran demostrarlo.
La preocupación es la imposibilidad de que las provincias accedan al financiamiento externo como factor que desdibuja el sistema republicano y federal. Mi convicción es que si el acceso al crédito es competitivo, las provincias con diferente color político al gobierno nacional tienen la posibilidad de competir por la priorización de sus préstamos para financiar proyectos de infraestructura impulsados por el sector público.
Hay dos cuestionamientos fundamentales que plantea el endeudamiento externo: su conveniencia y su magnitud. Argumentar si a un país le conviene o no endeudarse implica tomar posición en un debate no resuelto. Por un lado, Jeffrey Sachs y sus seguidores han puesto a disposición casos de estudio que demuestran que el financiamiento externo bien administrado puede promover el crecimiento económico. Por otro lado, William Easterly sostiene que los proyectos de gran escala con financiamiento están destinados a fracasar. Según Easterly, los organismos multilaterales de crédito son actores externos que imponen soluciones que no resuelven los problemas de fondo de los países en desarrollo. Asimismo, si un país no tiene la capacidad de absorber el capital prestado e invertirlo productivamente puede ser víctima de problemas financieros a futuro. La crisis de la deuda de 1982 demostró que una profunda reversión de los flujos de financiamiento externo puede alterar el tipo de cambio abruptamente. Thomas Piketty, el economista aclamado por estos tiempos, ya tomó partido en este debate y desalienta el endeudamiento externo.
Los autores Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff generaron otro debate que se refiere a la cantidad de deuda que un país debiera asumir. Ellos pretendieron demostrar que a partir de una deuda pública de 90% del PBI, se produce una baja de la tasa de crecimiento económico. La investigación tuvo un error de cálculo que descubrió por fortuna un alumno en clase de econometría. Fue Robert Pollin quien demostró que el informe omitía datos relevantes. Paul Krugman cuestionó la gravedad de que se hayan tomado decisiones políticas en base a ese documento pero Reinhard y Rogoff aun defienden la validez de buena parte de sus resultados.
El último informe de deuda pública argentina que realizó la Secretaría de Finanzas data de junio de 2014. El documento toma posición en referencia a la magnitud de la deuda: “En la comparación internacional, el nivel de deuda pública del Gobierno Central Argentino con relación al PIB (42,8%) se encuentra por debajo de muchas economías europeas como Italia (126%), Grecia (164%), Portugal (129%), España (82%) o Francia (77%), y en línea con otras economías comparables de la región como Brasil (50%) o Colombia (45%)”. Según ese documento, la deuda externa argentina con organismos multilaterales es de 13,1 % del PIB.
Actualmente, las principales fuentes de financiamiento externo argentino son tres: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En su mensaje a la Asamblea Legislativa 2012, la presidente Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “no dependemos de financiamiento externo para seguir creciendo, hemos ido desendeudándonos y no tomando nueva deuda desde el 2001”. Es cierto que Argentina paga su deuda. La deuda con el FMI, por ejemplo, fue cancelada en el 2006. Sin embargo, en el período que me encuentro analizando, Argentina ha asumido 320 operaciones de crédito nuevas con el BM, BID y CAF. Esos préstamos aprobados durante el kirchnerismo tienen vencimientos que se extienden hasta el año 2038.
Del análisis de las 320 operaciones surge que solamente 18 son préstamos con permiso soberano del gobierno nacional (aval y garante) para provincias o CABA. Eso significa que el resto de los préstamos fueron otorgados en cabeza de algún Ministerio y los administra el gobierno nacional. Son 8 los entes subnacionales que recibieron créditos en la última década: la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Salta, San Juan, Córdoba, Rio Negro, Entre Ríos y Mendoza. Identifiqué quién fue era jefe de su distrito al momento de la aprobación de la deuda. En 16 casos los gobernadores que obtuvieron préstamos internacionales eran oficialistas. La excepción fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
La mañana del domingo 31 de marzo de 2013, caminé hasta la esquina de Estados Unidos y Defensa para comprar el diario. Desayuné en San Telmo leyendo una nota titulada: “Macri consiguió US$ 130 millones gracias a un aval del gobierno nacional”. Me llamó la atención que por segunda vez en una década un opositor obtuvo el aval del gobierno nacional. La gravedad de las inundaciones provocada por la falta de obras fue clave. Tragedias como la inundación de La Plata y Buenos Aires (2013) le permitieron a Mauricio Macri informar a los medios que el gobierno nacional no le permitía a las provincias tener acceso a préstamos internacionales para obras de infraestructura. Sin embargo, en temas clave como las inundaciones hay ejemplos donde el gobierno nacional argumentó que no tenía cupo en la lista de proyectos:
Las provincias que suscriben la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal se comprometen con el gobierno nacional a mantenerse dentro de determinados parámetros de sustentabilidad fiscal. Por lo tanto, cuando una provincia solicita un préstamo directo, debe demostrar que el impacto del endeudamiento que tomará con ese crédito no excede su capacidad de repago. Por otra parte, ley 25.152 de solvencia fiscal obliga a las provincias a “mantener sus cuentas en orden” y comprometen su coparticipación futura para la devolución de esa garantía del gobierno nacional, en caso de que incumpla el compromiso de pago.
El gobierno nacional tiene varios organismos que se superponen en sus funciones de priorizar deuda: la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo; la Dirección Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (DINAPPFE); la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (DNPOIC); entre otros. Sin priorización del gobierno nacional a través de alguno de estos organismos, un préstamo no puede ser aprobado por un organismo multilateral de crédito. Los mecanismos para decidir si Argentina debe asumir deuda para agua potable o electricidad son menos profesionales de lo que la mayoría de los ciudadanos puede imaginar. Entrevisté a funcionarios nacionales que en confidencialidad admiten que los prestamos no se priorizan en función de necesidades de infraestructura del país: “se manejan como una caja de premios”.
(*)Becaria Fullbright, MA (cand) in International Political Economy and Development.
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