El (des)control de los secretos

Por Hernán Charosky(*)

Desde hace más de veinte años existen sospechas acerca de las actividades de inteligencia en general, y de la Secretaría de Inteligencia. En la investigación del atentado contra la AMIA se comprobaron desvíos de fondos de su presupuesto y distorsiones en el flujo de evidencias hacia la justicia. Desde la configuración de la justicia federal en lo criminal tal como la conocemos hoy existen sospechas de influencias indebidas, de pagos de sobresueldos y de reportes directos de funcionarios judiciales al organismo de inteligencia. Existen causas judiciales en las que se investigan reasignaciones indebidas de presupuesto y pago de sobresueldo a diversos funcionarios de otros poderes. La versión de que desde esa secretaría se proveyó de información sobre comunicaciones privadas de opositores políticos se ha repetido en más de una oportunidad.

No se trata sólo de las actividades de una secretaría. No hay justificaciones de política de defensa para los crecientes fondos asignados a la inteligencia militar. No hay reaseguros institucionales de que las actividades de inteligencia de fuerzas de seguridad se apliquen a la inteligencia criminal y no a la infiltración de organizaciones políticas y sociales, como ya se comprobó en varias oportunidades.

Las actividades y gastos de inteligencia no sólo constituyen información reservada, como es lógico por su naturaleza. En los hechos, se trata de áreas insondables del Estado. Son insondables por varios motivos. En primer lugar, no existe ninguna rutina interna obligatoria de registro y fundamentación de las decisiones de los organismos que realizan actividades de inteligencia. No existen documentos, ni siquiera secretos, que sustenten estrategias de inteligencia y que den un marco a las actividades específicas de estos organismos. Si uno de ellos decide usar sus fondos para pagar un soborno, o su tecnología para interceptar una comunicación sin orden judicial, no hay ningún sistema de controles internos ni externos que permita detectar la irregularidad.



Las leyes de seguridad interior e inteligencia prevén comisiones parlamentarias de control. Estas comisiones no realizan ninguna actividad significativa, si es que realizan alguna. Y si quisieran realizarlas, les resultaría imposible hacer rendir cuentas a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia. Si los gastos reservados se realizan en efectivo, sin registros formales y no son susceptibles de ningún tipo de auditoría, es casi imposible que una comisión del Congreso o un juez en el marco de una causa judicial puedan detectar una conducta indebida.

No se trata ni siquiera de requerir algún tipo de información pública que le permita al ciudadano comprender qué política de inteligencia se realiza -que, por supuesto, debería existir, pero aquí estamos inclusive bajando ese estándar, como hipótesis. Se trata de que, con la reserva que corresponda, existan registros confiables de las decisiones y actividades de inteligencia, que los hagan susceptibles de control interno y externo -parlamentario y judicial- aún bajo condiciones de reserva de la información.

La imposibilidad de estos controles transforma a los organismos y actividades de inteligencia en agujeros negros del estado de derecho. Son áreas que se autonomizan no sólo de los mecanismos institucionales que garantizan la legalidad. Los políticos que ocupan el Poder Ejecutivo suelen creer que la inexistencia de estos mecanismos les permite disponer discrecionalmente de estas herramientas del secreto. Por el contrario, con lo que se encuentran en algún momento, como la Presidenta recientemente, es que la ausencia de esos mecanismos no les da poder sobre esos recursos, sino que hace de las áreas de inteligencia sujetos autónomos con su propia agenda y capacidad de condicionar al poder político. Contrariamente a lo que la intuición patrimonialista les indica, mayores controles institucionales significa más y no menos control político.

Servicios de Inteligencia: 30 años de anomia

La muerte del fiscal Nisman, cualquiera sea finalmente el resultado de la investigación, es una señal siniestra de la debilidad institucional de nuestro país. Argentina lleva 30 años de democracia sin controles institucionales de las agencias de inteligencia. Sólo un acuerdo político puede limitar esta anomia.

La muerte del fiscal Nisman, cualquiera sea finalmente el resultado de la investigación, es una señal siniestra de la debilidad institucional de nuestro país. Un atentado terrorista con 85 muertos es, desde hace más de veinte años, el campo de batalla de internas políticas y de inteligencia en lugar de una  búsqueda de verdad y justicia. En 2005 el gobierno argentino se comprometió ante los familiares de las víctimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una reforma de ley de inteligencia que sometiera estas actividades a controles parlamentarios judiciales. Desde hace 14 años la Oficina Anticorrupción y luego diversos diputados presentan ese proyecto de ley, todos los años. Nunca se trata.

En lugar de hacerlo, el gobierno permitió que los organismos de inteligencia siguieran sin estos controles, y se alimentó su autonomía y discrecionalidad absolutas. La muerte dudosa de un funcionario público debe ser la oportunidad de saldar esta deuda con los muertos de la calle Pasteur, sus familias y con el Estado de Derecho. 30 años de democracia sin controles institucionales de las agencias de inteligencia. Sólo un acuerdo político puede limitar esta anomia.

(*)Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad de Palermo.
www.bastiondigital.com.ar