De la Sota más flexible con Tasa Vial que Cristina con Ganancias



Por Pablo Esteban Dávila

0-slide-copia2Para los que suponían que la Tasa Vial era sólo un camino de ida, ahora puede que sea también uno de vuelta. Al menos esto es lo que deja inferir la decisión del gobierno (comunicada a través de Oscar González y Sergio Busso, las principales espadas delasotistas en la Legislatura) en el sentido de moderar la original suba del 67% a un más digerible 38%.
Esta marcha atrás obedece a un único factor, convenientemente expresado por una multiplicidad de sectores, cual es el rechazo a una presión tributaria récord. Aunque el origen de esta presión no es de autoría de la provincia y, en determinados aspectos, también la perjudica (fundamentalmente a través del impuesto inflacionario), la administración delasotista paga un precio importante en términos políticos por haberse animado a establecer una Tasa Vial en soledad.
Este tributo, como se ha recordado en otras oportunidades, es la consecuencia de un gobierno nacional que se ha apropiado de la mayor parte de los recursos públicos y que los reparte a cuentagotas y discrecionalmente entre las jurisdicciones que le son más afectas. Dado que Córdoba se encuentra, precisamente, en las antípodas de la Casa Rosada, la asistencia financiera federal se reduce sólo a los giros automáticos de la coparticipación y el fondo sojero. Bien puede decirse que la Tasa Vial es una hija no querida de esta traumática relación fiscal.
De todas maneras, y allende su copyright, el gobernador no parece estar dispuesto a inmolarse por esta tasa, más allá que los fondos que aporta son los que le permiten mostrar obra pública y gestión. A diferencia de Cristina Fernández, que ha dado todas las señales posibles respecto a que no retrocederá en la aplicación del impuesto a las ganancias a los trabajadores –una gabela realmente cuestionable y, en ciertos niveles de ingresos, decididamente inmoral– José Manuel de la Sota se muestra flexible y dispuesto a escuchar las críticas. No es un talante que pueda ser pasado por alto, especialmente frente a la intransigencia tributaria de la que el kirchnerismo gusta hacer gala.
Por otra parte, es cierto que la Tasa Vial conlleva algunos problemas de competitividad. El sector del transporte, fundamental en una provincia industrial y mediterránea, ya había amenazado de no cargar más combustible dentro de sus fronteras y optar por estaciones de servicios en jurisdicciones vecinas. A diferencia de los automóviles particulares, tanto camiones como colectivos de larga distancia, pueden perfectamente hacer tal cosa, una decisión que hubiera impactado negativamente en los estacioneros locales. Este peligro se tornaba aún más real en las localidades limítrofes, en donde prácticamente cualquier automovilista podría haber optado por recorrer algunos kilómetros y llenar sus tanques con combustibles no gravados.
Tampoco es menor el hecho que el sector agropecuario, sin la flexibilidad del transporte, hubiera visto encarecido sus costos de aplicarse los aumentos oportunamente anunciados. El campo es un soporte territorial de Unión por Córdoba desde casi una década, al punto tal que Juan Schiaretti debió al interior provincial su gobernación en 2007 frente al holgado triunfo de Luis Juez en la ciudad de Córdoba. Ahora, y con sus aspiraciones presidenciales proclamadas a los cuatro vientos, De la Sota no puede aparecer como dándole la espalda a un sector que funge como su natural sustento electoral. Persistir en tal porfía le hubiera supuesto importantes costos en términos de legitimidad.
Pese a estos aspectos estructurales no debería, sin embargo, suponerse que el anuncio formulado en la Legislatura es una retirada incondicional. Lejos de ello, el gobernador ha optado, en días recientes, en profundizar sus reclamos a la Casa Rosada a modo de recordatorio institucional sobre quien es la verdadera responsable de la carga fiscal que deben soportar los cordobeses. A sus iniciales presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda impaga de la Caja de Jubilaciones y el 15% de coparticipación retenida desde los ’90 para paliar el déficit del sistema jubilatorio nacional, se suma ahora una demanda por la renuencia presidencial de refinanciar la deuda de las provincias que hayan iniciado juicios contra la Nación.
Existen motivos objetivos para el renovado embate judicial de De la Sota. Desde las épocas de Eduardo Duhalde que el gobierno nacional viene refinanciando las deudas tomadas en dólares por las provincias con organismos multilaterales y otros acreedores externos antes de la devaluación del 2002. La única condición que en general se les requería para acceder a estos programas era la de mantener cierta racionalidad en sus cuentas públicas. Pero la presidente decidió innovar también en este tema. Ahora exige, a contrapelo de los antecedentes, que las jurisdicciones que mantengan pleitos contra el gobierno federal declinen sus planteos si es que desean acogerse a la tradicional asistencia financiera. Es indudable el carácter extorsivo del nuevo requisito, y de quién es su principal destinatario.
La Corte Suprema tiene pues, en sus manos, buena parte del destino de la provincia. No sólo debe responder por los tres planteos formulados por Córdoba sino también decidir sobre la inconstitucionalidad de la Tasa Vial reclamada por el kirchnerismo. Las consecuencias de sus fallos pueden ser, por lo tanto, fundamentales para el devenir político del gobernador. Si se resolviera en contra de la Tasa pero se le diera la razón en los otros tres temas, De la Sota podría cantar victoria y tener la excusa perfecta para abolir un gravamen antipático, amén de proclamarse como el verdadero caudillo federal. Pero siempre quedaría la duda sobre si una decisión semejante sería cumplida por el gobierno nacional. Cristina sabe que sus plazos están próximos a vencer y que nada le ocurriría al desoír una orden en este sentido, provenga desde donde fuere. Por lo tanto, es altamente probable que el debate final sobre esta tasa se extienda por un largo tiempo, independientemente de los barquinazos tácticos, fuera de la red vial, que sea obligada a dar de tanto en cuando.