Tarifas de móviles: argentinas entre las más caras del mundo

2014-11-11_CELULAR (1)Argentina, aunque las comunicaciones vía teléfono móvil dejan mucho que desear en materia de calidad, está entre los cinco países donde el costo promedio del minuto es más caro. El nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones impulsado por el Ejecutivo nacional permite que las telefónicas fijen “libremente sus precios”, pero también deja abierta la posibilidad a que éstos sean regulados por el Estado, lo que según explicó el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, sólo se aplicará en los “precios mayoristas” (no los que pagan los usuarios finales).
La Argentina está entre los cinco países donde el costo promedio del minuto de comunicación celular es más caro, según el último Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El informe posiciona al país en el puesto 141 sobre 144 (hay cuatro para los que no existen datos), y calcula el precio en dólares en base a datos de 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) medidos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Es decir, toma en cuenta el poder de compra en cada país.
Hablar por móvil sólo es más costoso que Argentina en Bulgaria, Chad y Nicaragua. Cerca quedó Brasil (puesto 140); pero todos los demás países sudamericanos están por debajo. Las compañías locales de telefonía móvil cuestionaron el informe del WEF ya que -argumentaron- no considera promociones que reducirían el gasto de los consumidores.
En un reporte de Chequeando, el especialista en telecomunicaciones e investigador del Conicet Hernán Galperín precisó que la diferencia entre precios nominales y reales existe en todos los mercados y señaló que sí es cierto que parte de la tarifa se la lleva el propio Estado en concepto de impuestos, lo que explicaría una parte del nivel de precios.
El pago de impuestos en telefonía móvil sólo es más alto en Brasil que en la Argentina, según un informe difundido por la Asociación GSM (GSMA), una alianza comercial mundial que representa a más de 700 operadores de celulares. Se llega a ese resultado al sumar el IVA y otros más específicos que los consumidores pagan por el uso de servicios como llamadas, SMS y servicios de datos.
Entre otros factores para explicar el alto precio de la telefonía, el especialista sumó a los impuestos las tarifas que se pagan entre operadores móviles, como los cargos de terminación de llamadas, parte de los llamados “precios mayoristas” que existen en el mercado.
“Las tarifas mayoristas refieren a las que se pagan entre operadores en materia de interconexión y, como establece el proyecto, desagregación del bucle (es decir, por el uso de las redes existentes por parte de operadores minoristas)”, explicó Enrique Carrier, analista de mercado especializado en telefonía celular y titular de la consultora Carrier y Asociados.
Galperín destacó: “Los cargos de terminación entre operadores (es decir lo que un operador cobra por completar una llamada que se origina en la red de otro operador) son altos, y el Gobierno no estuvo activo para reducirlos, como sí hicieron muchos otros países de la región”.
El segundo párrafo del artículo 48 del nuevo proyecto refiere a este punto. Lo confirmó el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner: “No se está pensando en exigir una autorización previa para cualquier aumento de precios ni en armar un esquema tarifario (…). Lo que hay que hacer es contener el precio mayorista para después poder observar si existen distorsiones. Ese fue el espíritu y en ese sentido se elaboró el segundo párrafo del artículo”.
Gustavo Fontanals, especialista en Telecomunicaciones, politólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, apuntó que la iniciativa “reincorpora otra serie de medidas regulatorias que ya están presentes en la normativa por el Decreto 764/00, como las obligaciones de interconexión entre prestadores y de desagregación del bucle final o del abonado a precios regulados. Medidas que, remarquemos, han tenido una aplicación precaria o nula por más de una década, bajo la propia decisión del Gobierno”.
Además criticó que “el proyecto no avanza en una definición concreta de cómo se implementarán y qué grado de alcance tendrán esas medidas, lo que se deja a su reglamentación posterior por parte de la Autoridad de Aplicación, y en eso se juega buena parte de su eficacia”.