¿Quo vadis, narcoescándalo?

ilustra senestrari y la justiciaPor Pablo Esteban Dávila

Lícito es preguntarse, a estas alturas, qué queda del famoso narcoescándalo que investiga la justicia federal. Aunque pueda parecer pretencioso (o incluso temerario) analizar una causa sin aser parte del proceso o estar en conocimiento del expediente, fue tal la difusión mediática que hicieron de la misma funcionarios, jueces y fiscales –en ciertos casos, violando incluso el secreto de sumario– que autorizan al periodista a ensayar algunas respuesta a este interrogante.
Básicamente, la causa se asentó en dos hechos: el primero, el suicidio del oficial de policía Juan Alós; el segundo, las declaración del informante arrepentido Juan “el francés” Viarnes. Como se recuerda, estas circunstancias derivaron en una serie de sonadas detenciones de importantes funcionarios policiales, de entre los que sobresale la del comisario Rafael Sosa. Sosa es el único que permanece en la cárcel a la espera del juicio oral. Sin embargo, y en los últimos tiempos, se han producido sendos acontecimientos que, a nuestro juicio, impactan bajo la línea de flotación del proceso. Comencemos por el último de ellos.
Se acaba de conocer el dictamen de los peritos designados por la justicia federal respecto de la muerte de Alós, la cual, se concluye, fue un suicidio. Esto es, precisamente, lo que había resuelto el fiscal de Alta Gracia Emilio Drazile un año atrás, una decisión que le costó la imputación de su colega federal, Enrique Senestrari, por el delito de violación de los deberes de funcionario público. Aunque luego el Juez Ricardo Bustos Fierro desestimara la acusación de la fiscalía, quedó siempre flotando la sospecha sobre el accionar de Drazile. Ahora las cosas están más claras.
Un poco más atrás en el tiempo, a principios de agosto, se hizo público que el principal testigo de la causa, el señor Viarnes, había desaparecido. Nada se sabe de él, pese al pedido de captura que pesa sobre su cabeza. Sin “el francés”, las acusaciones contra Sosa quedan en una especie de limbo conceptual, sólo apoyadas en la instrucción del fiscal. ¿Existe alguna otra prueba, dura, contundente, que sustente el proceso contra el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía local? No lo sabemos. Pero sí podría especularse que, de existir, ya se conocerían, habida cuenta la llamativa propensión de la justicia federal por ventilar mediáticamente las menudencias de este caso.
Si Alós se suicidó y si el principal testigo no aparece, ¿cuál es la base fáctica del narcoescándalo? ¿Podría condenarse a alguien sólo por presunciones o una nota periodística? Es forzoso concluir que el asunto ha entrado en aguas de borrasca en cuanto a certezas.
Repásense por un instante las cosas que se dijeron sobre la muerte de Alós y las expectativas que se crearon en torno a su supuesto homicidio. Drazile fue llevado al patíbulo de la incompetencia por haber sostenido, en base los informes de los forenses provinciales, que este policía se había quitado la vida. En fecha tan reciente como a principios de Junio, el programa ADN mostraba fotos del cadáver afirmando que había otro orificio de bala ignorado por el fiscal. El hombre todavía tiene pedidos de Jury en la Legislatura y un reproche público formulado por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Tenemos la íntima sensación que mucha gente fue más allá de la duda legítima en la porfía por impugnar sus actuaciones.
Se es consciente que, al merodear la sombra del narcotráfico y de una supuesta corrupción policial, estos temas demandan cuidado. Bajo ningún aspecto nos opondríamos a un accionar decidido de la justicia, en cualquiera de sus fueros, para esclarecerlos. Pero es, precisamente, el carácter sensible de este tipo de hechos lo que obliga también a actuar con prudencia. Cuando el arrojo del investigador deja de lado la sensatez, lo que debería reputarse como justicia puede teñirse de las sospechas más rastreras. En este sentido, no hay peor cosa que una decisión de los tribunales sea señalada como la extensión de un conflicto político ajeno a las cuestiones bajo análisis.
El narcoescándalo nació, aunque parezca en otro siglo, en el medio de un proceso electoral. El gobierno provincial pagó un alto precio por el asunto, tanto desde su propia dinámica de funcionamiento (el ministro Alejo Paredes debió renunciar y la plana mayor de la policía fue despedida) como en las urnas. Y, sin embargo, aquella inicial gravedad institucional parece hoy relativizada a la luz de los recientes acontecimientos. Sería un pésimo mensaje social (y un excelente negocio para los narcos) que todo este tema hubiera resultado, finalmente, en una fenomenal banalización del fenómeno de la droga y de sus relaciones con el poder.
¿Quo vadis? ¿Hacia dónde va el proceso? Por una vez, sería saludable que un tribunal oral federal ventilara este caso rápidamente. Para despejar las dudas que, conforme pasa el tiempo, surgen a borbotones. Para ver si la justicia legítima es más o menos que la justicia a secas, que es la que postula y consagra la Constitución Nacional. Sosa y los demás procesados no sólo merecen un juicio justo, sino que también sea oportuno. Tener puesto el sayo de connivencia con el narcotráfico y (aunque ahora haya sido aclarado) el asesinato de un camarada no debe ser fácil para nadie, especialmente para un policía que debía combatir este tipo de delitos cuando cumplía sus funciones. Pero también la opinión pública merece que se separe la biblia del calefón. Si hubo corrupción, procedimientos policiales amañados y tolerancia hacia los delincuentes, pues que los responsables lo paguen; ahora bien, si todo esto resultó una invención temeraria, una sobreactuación sobre sucesos que podrían haber sido objeto de un trato más apropiado, sería recomendable que también así se lo dijera, sin perífrasis ni medias tintas. Ni la policía puede estar bajo sospecha todo el tiempo, ni los tribunales pueden estar sospechados de política para siempre. Si alguna virtud pudiera tener el caso del narcoescándalo sería, ciertamente, la de poner las cosas en su lugar. No es pedir demasiado y, en este caso, es pedir justicia.