Dolor país

Por Gabriela Origlia

2014-10-16_BANCOCENTRAL_webEn marzo de 2002, Silvia Bleichmar publicó “Dolor País”, resultado de su preocupación por la incidencia de la realidad económica sobre el psiquismo, del saqueo sufrido por el país a manos de sus corporaciones (la financiera y la política) y la depredación, que dejó a sus habitantes desesperanzados por la ausencia de respuestas de la clase política a sus reclamos. Murió en el 2007, a dos semanas de haber terminado una segunda parte. Si no, tal vez, podría haber una tercera. Es que duele ver a una sociedad que en poco más de un año deberá elegir nuevas autoridades bajo amenazas cruzadas y no porque haya una guerra, sino porque la dirigencia parece entender que sus mejores argumentos pasan por que si se quedan unos es malo y si vienen los otros es peor.
Después del slogan “patria o buitres” el kirchnerismo pasó a otro que mantiene el tono amenazante pero menos velado: atención que si ganan otros viene el apocalipsis. Arrancó Alex Freyre –quien sigue en su puesto de director del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual- advirtiendo a Aníbal Pachano (y a cientos de enfermos de cualquier mal) que si asumen Sergio Massa o Mauricio Macri moriría porque no habría medicamentos; siguió el gobernador de Tucumán alertando de que hay mirar a quién votar porque peligra la continuidad de planes sociales, jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, y cerró la Presidenta señalando que las estadísticas de la OIT sobre trabajo en negro son para “meter miedo”. No es la primera vez que Argentina vive este clima; ya hubo voto licuadora y voto dólar. Y siguen las firmas.
Duele que no haya confianza en la institucionalidad y más duele que no exista porque los primeros que deben velar por ella son los que la corroen. La ley que garantiza que el Estado atenderá a los enfermos de HIV es del ’96 y, dicen los especialistas, es modelo a nivel mundial. Pasaron varios gobiernos y la cumplieron. Hay pocas áreas en las que Argentina tiene esa trayectoria. Si fuera más generalizada seguramente tendría menos problemas de los que atraviesa, en buena medida porque los funcionarios están siempre sobre las instituciones.
En el ámbito económico un claro ejemplo es el Banco Central. Que en los papeles se defina como independiente tiene una razón de ser: no es lógico que lo maneje el mismo que decide cuánto y cómo gastar. Los estudios y demostraciones acerca de que la institucionalidad es un factor clave para el desarrollo se acumulan desde hace décadas; la Argentina parece empecinada en demostrar que puede ser la excepción.
Comprender que es un error no es sólo responsabilidad de los políticos. Es imperante para toda la sociedad. Los empresarios soportaron durante años que los funcionarios levanten teléfonos y les digan qué hacer o qué no. Cuando la economía empezó a flaquear y la Ley de Abastecimiento quedó en el medio del escenario salieron enojosos y en grupo a protestar. Antes sólo hubo casos aislados a los que sus propios pares dejaron solos. La mayoría de los ciudadanos ni se inmutó cuando se destrozó el centro de estadísticas oficial o cuando se intervinieron cámaras previsionales que fallaban a favor de los jubilados. La gente ganó la calle con fuerza cuando se puso el cepo cambiario. Esa medida no fue más que una consecuencia de los malos manejos anteriores. La mirada cortoplacista excede a la dirigencia.
La sociedad argentina está siempre preparada para que todo dure poco. El que viene –desde el Presidente al jefe de área- cambiará lo anterior. Lo que está bien y lo que no. Es así. Esa es la modalidad institucionalizada. Ahora, corriendo detrás del oficialismo la oposición se encolumna en la discusión sobre si el cambio es sinónimo de desastre. La agenda, incluso con el tono dramático que le dan quienes la fijan, es cómica. Si la madurez argentina se midiera por este debate reprobaría. El desarrollo (como los medicamentos, las jubilaciones, las obras, los planes sociales) no deben depender del kirchnerismo, el massismo o el macrismo. La clave son las instituciones.
La importancia de las instituciones políticas radica en que de ellas depende la capacidad de los ciudadanos para controlar e influir y sacar provecho propio. Si son fuertes e incluyentes, impiden que haya personas que abusen del poder para amasar sus propias fortunas y llevar a cabo sus propias agendas en perjuicio del resto de la sociedad. Ante la duda, es recomendable la lectura –entre otros trabajos- de Por qué fracasan las naciones, de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson.