Se tensa la relación municipio-Surrbac por bono millonario

MEGALÓPOLIS - MUNICIPALIDAD
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Por Yanina Passero
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La oferta económica trascendió. No podría mantenerse el misterio por mucho tiempo, regalándoles la razón a los agoreros de la basura que, desde la desaparición de la estatal Crese, aseguraban que Ramón Mestre incurría en un error, que el servicio gerenciado por empresas privadas se iría por las nubes. Todo pronóstico arrimaba malas noticias para las arcas públicas y sus contribuyentes.
Las postergaciones permanentes que admitió la administración -a contrasentido de la premura inicial; recuérdese que pliegos de transporte e higiene urbana fueron tratados de manera conjunta en el Concejo- fueron reflejo de conflictos emanados de la tumultuosa adjudicación del servicio a Ersa, Autobuses Santa Fe y Coniferal. El responsable del Palacio 6 de Julio justificó en ese momento la dilación con la necesidad de no abrir frentes de conflicto en simultáneo.
Lo comentado es insuficiente a los fines explicativos porque no puede dejar de revistarse el secreto a voces hasta el viernes pasado: los instrumentos elaborados para el proceso mostraban un excelente acabado técnico e incluyen exigencias de indiscutido beneficio ambiental. Pero es como dicen, lo bueno sale caro. Pliegos para Suiza, no para Córdoba Capital y su Municipalidad de acotados márgenes financieros.
No deja de ser sugerente la “no inclusión” de su autora, la secretaria de Ambiente Gabriela Faustinelli, en la Comisión Evaluadora que tendrá como misión el análisis de las ofertas presentadas por Lusa, Cotreco y Transportes Olivos que parten de los 185 millones de pesos mensuales. La encabeza el número dos de la cartera, Sebastián Roca, acompañado de otros funcionarios de menor rango.
Las negociaciones que se desarrollen en las próximas dos semanas seguramente serán clave para el futuro de la licitación y adjudicación definitivita del servicio de higiene urbana. Como se evidencia con un rápido repaso de la cifra pretendida por el sector empresarial, se da por descontado que el municipio buscará una rebaja y al mismo tiempo dividir cargas en el pago de la mal llamada indemnización para más de 1.800 recolectores.
En 2009, cuando se creó la Crese, los empleados afiliados al SURRBAC cobraron un bono al pasar a la órbita municipal, pese a que ninguno fue despedido. Así lo exige el convenio, que pocos años después volverá a gratificar a los representados por Mauricio Saillén con una suma que ronda los 70 mil pesos por empleado. El pago sería en cuotas, al menos hasta allí habría acuerdo con el secretario general del gremio.
Se va a pagar, pero no se sabe cuánto. Y en eso coinciden influyentes fuentes municipales y gremiales. Ahora bien, el nulo diálogo que uniría a las partes podría tornarse una complicación a futuro y así se encargan de remarcarlo desde el SURBBAC. Apenas se firme la adjudicación – sostienen- debería concretarse el primer desembolso. Esto es, diciembre. Versiones oficiales dilatan el pago a febrero. Problemas.
“No habrá definiciones hasta que no quede cerrada la licitación”, indicó un secretario municipal involucrado en el proceso en referencia exclusiva al bono millonario para los recolectores. Razones existen: en la negociación por el canon que pretenden cobrar las prestadoras se cruza la intensión del municipio de traspasar, en el mejor de los casos, o compartir la responsabilidad valuada en 130 millones de pesos.
La puja no desvela a las autoridades del SURRBAC. La molestia estaría pasando por la escasa participación que tuvieron en el proceso comparado con los choferes nucleados en UTA, quienes lograron torcer el pulso de la reestructuración del sistema de transporte urbano. “Negociaciones con el municipio no hay, no nos han participado. El Intendente y su gente trabajan de una manera que demuestra que no hay planificación ni gestión del tema. La Municipalidad tira del hilo para que se hagan cargo las empresas”, resumió una voz autorizada del gremio.
Las relaciones son tensas y si bien no hay amenaza de medidas de fuerza, se sabe que puede aparecer la excusa o problema perfecto en el servicio o condiciones laborales para que el sindicato descargue presión.