Inflación: Los costos son de nosotros, los billetes, de Cristina

0 slide - copiaPor Pablo Esteban Dávila

No deja de ser sugerente que un gobierno que vive culpando a los demás por sus problemas económicos no diga una palabra sobre las graves consecuencias que otros deben padecer por su propia mala praxis. Y no sólo que nada dice, sino que, además, hace todo lo posible para agravar la situación de sus víctimas, simbólicamente colocadas en la jerarquía del gallinero.

Tal es el caso de la inflación, un impuesto perverso del que sólo se coparticipa su lado oscuro. A estas alturas, es poco lo nuevo que se puede agregar al respecto. Como ya todo el mundo sabe (incluso quienes, hasta hace un par de años atrás, lo negaban) la inflación es una consecuencia de la excesiva emisión monetaria. El estado emite porque recauda menos de lo que necesita gastar y, como la presión impositiva ya se encuentra en un máximo, el recurso de aumentar los impuestos le está vedado. Tampoco puede recurrir al auxilio externo: desde un punto de vista técnico, el país continúa en default pese al tiempo transcurrido desde que Adolfo Rodríguez Saa lo anunció ante un congreso exultante; la impericia del actual equipo económico en el litigio de los holdouts sólo ha prorrogado este dudoso récord.

Como fuere, al populismo argentino se le acabó la plata y, con las pruebas a la vista, también la popularidad. Sin plata, sin crédito y con impuestos que asfixian al sector privado, no le queda otra que recurrir a la maquinita del Banco Central, igual que lo hacían los militares de la dictadura y el radicalismo de Raúl Alfonsín. La necesidad, se sabe, tiene cara de hereje y, en lo que respecta a cuestiones fiscales, los rostros suelen volverse todos parecidos aunque se niegue cualquier vinculación con el pasado.
Es un hecho que el populismo es inflacionario por naturaleza, pero llega un punto que sus supuestos beneficios se anulan por los evidentes perjuicios que traen aparejados la inflación. El incremento de precios pega de lleno en los salarios, generando una transferencia de recursos de los sectores del trabajo hacia el Estado que la genera y alimenta con la emisión. Este fenómeno (por cierto que bastante inmoral) se produce mediante dos vías: la primera, porque los asalariados cobran en pesos, una moneda cada vez más abundante y de menor valor relativo; la segunda, porque los precios nominales tienen un componente impositivo muy fuerte (IVA y Ganancias), que retornan al Estado a través de la recaudación impositiva. Es fácil comprender el porqué los funcionarios nacionales no parecen tan alarmados con la situación.



Pero hay otros que sí lo están. Desde gobernadores para abajo, la escalada inflacionaria es un tema que preocupa cada vez más. Son cada vez más los gremios estatales que comienzan a darse cuenta que se quedaron cortos en las paritarias de principios de año, y que el treinta y algo más porciento que lograron es bastante menos que el cuarenta y pico que, suponen, redondeará la inflación al cierre del ejercicio. El pánico que se apodera de estos sindicatos comienza a ser tan intenso que no es difícil anticipar que, en los próximos meses, la conflictividad irá en aumento.
Esto comienza a verse con los movimientos en los principales gremios estatales en Córdoba. El SEP, la UEPC y Luz y Fuerza han enviado señales inequívocas que pretenden reabrir las paritarias, mientras que el SUOEM no tardará en hacerlo. La combinación entre nuevos incrementos salariales y recesión económica podría ser explosiva para los tesoros locales.

A diferencia de lo que ocurre en la Nación, en donde el pago de la nómina salarial difícilmente alcanza el 20% del total de sus ingresos, en la provincia y la ciudad los sueldos se llevan el cincuenta y el sesenta por ciento respectivamente. Esto significa que cualquier variación por sobre lo oportunamente pactado sea potencialmente devastadora. Desde un punto de vista fiscal, la situación se resume de este modo: la Casa Rosada se financia con la inflación en la misma proporción que desfinancia a las demás jurisdicciones. El inmortal Atahualpa Yupanqui lo diría con mayor poesía: “la tristeza es de nosotros, los billetes son ajenos”.
Esta situación explica el público enojo de José Manuel de la Sota y el soterrado desencanto de otros gobernadores hacia la Casa Rosada. Todo el tiempo Cristina barre la crisis fiscal bajo la alfombra federal sin pedir disculpas o dar explicaciones. Tampoco lo hace Axel Kicillof, para quién las provincias resultan casi una abstracción. Ángel Elettore, el eficiente ministro de Finanzas, graficó elocuentemente esta anomalía: hasta ahora, “la única comunicación que tuve con Kicillof fue por Carta Documento”. No hace falta agregar mucho más.

Semejante realidad fuerza al gobernador a proclamar, a modo de respuesta automática, que “ve difícil” conceder nuevos aumentos para el resto del año, especialmente cuando su administración fue particularmente generosa con los incrementos otorgados en febrero pasado. A diferencia de otras provincias (el caso más emblemático fue el de Buenos Aires) en Córdoba prácticamente no existió puja entre el gobierno y los gremios estatales, lo que permitió a De la Sota concentrarse en objetivos de neto corte político.
Sin embargo, y gracias a la inflación, este idilio puede que se encuentre en fase terminal. ¿Por qué – bien podría lamentarse el gobernador – debemos pagar nosotros los desaguisados de la presidente? Para colmo de males, los primeros en protestar por la pérdida del poder adquisitivo son sindicatos nominalmente kirchneristas. La UEPC, por ejemplo, cedió a Carmen Nebreda (su ex Secretaria General) como diputada K en el período 2009 – 2013, mientras que Rubén Danielle jamás ocultó su predilección por las políticas de Néstor y su esposa. Tampoco puede soslayarse que son los municipales, junto con los lucifuercistas, los que se encuentran en pie de guerra contra el impuesto a las ganancias, una gabela mantenida por explícita orden presidencial. Carlos Marx los pondría como ejemplo de “falsa conciencia de clase”, una sutileza ideológica que, con el marxismo convertido en un recuerdo, hoy sólo calificaría como lisa y llana incoherencia.

Para sumar paradojas, tampoco deja de ser llamativo el hecho que los primeros en protestar sean los gremios del Estado, sin reparar en el hecho que la presente es una crisis económica generada en un grave problema fiscal. A diferencia de otras épocas, la Argentina goza de un buen escenario internacional y los dólares financieros están más baratos que nunca. Sólo un populismo estatista como el que actualmente se padece ha logrado deslizarse a una crisis cuando el resto de la región se encuentra en un momento de expansión, con la única excepción de Venezuela. Pero ningún sindicalista estatal repara en esta mecánica. Siempre quieren que el Estado gaste más, aunque esto produzca la inflación que termina liquidando los ingresos de sus bases. Tampoco les interesa demasiado que sus colegas del sector privado deban preocuparse doblemente, ya que a sueldos que no alcanzan deben sumarle la preocupación por sus fuentes de trabajo. A diferencia del Estado, que no quiebra ni despide a nadie, un empleado del sector privado también debe velar porque la empresa para la que trabaja continúe abierta y produciendo, ya que de lo contrario su destino es la calle.
La verdad es triste, pero lo que no tiene es remedio. Mientras que Cristina y La Cámpora emiten alegremente, el resto paga las consecuencias de la inflación, especialmente las provincias y los asalariados. Es parte del jugo que la Casa Rosada ha sacado al país federal en la última década, sin que nadie haya protestado demasiado por sus demasías hasta que, como resulta obvio, el agua terminó llegando al cuello.