Critican a Chiófalo por impulsar un proyecto que habría ignorado como funcionaria

LEGISLATURA - MEDIO JUEGO
LEGISLATURA – MEDIO JUEGO

El proyecto de ley de María Amelia Chiófalo (Unión por Córdoba) para sancionar a los clientes de la prostitución en la provincia generó algunas polémicas en el ambiente legislativo, más allá de que la idea pueda tener un alto nivel de consenso.
La peronista Chiófalo propone que los clientes prostibularios, al ser detectados, reciban como sanción una multa y hasta quince días de trabajo comunitario, además de tomar un curso de capacitación obligatorio sobre el delito de la trata de personas y sus consecuencias
La iniciativa tomará hoy estado parlamentario, pero no está previsto un tratamiento urgente, a pesar de que el propio gobierno de José Manuel de la Sota alguna vez manejó la misma idea, al inicio de la actual gestión.
La legisladora Chiófalo explicó que el propósito de su iniciativa no es actuar “desde una intromisión a la vida privada de las personas, sino desde la concepción que el pago por sexo es una forma de violencia de género y es el que permite que la trata de personas, la prostitución y las redes de prostitución subsistan, ya que el dinero de los ‘clientes’ financia todo el andamiaje”.

Sanciones
La sanción recaerá, según el proyecto, a quien “entregare una suma de dinero, o cualquier otra cosa o actividad apreciable en dinero, para hacer un uso sexual de otra persona, mediare su consentimiento o no”.
Y agrega que avanza también en casos donde el beneficiario del pago sea “un tercero”, (un proxeneta) o quien “regentee” al prostituido. “Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también en el caso de que el pago del dinero o la entrega de la cosa apreciable en dinero o beneficio sea realizado por o para un tercero”, continúa.
En los fundamentos de su proyecto, María Amelia Chiófalo escribió que hay una“estrecha y profunda relación entre la trata de personas y la prostitución, en la que la primera nutre de mercancía humana a la segunda, fogoneada y alimentada por la demanda de los ‘clientes’ prostituyentes y la insaciable voracidad de proxenetas y tratantes, es una verdad indubitable”.
La legisladora cree que tendrá respaldo de otros bloques cuando el expediente se trate en las comisiones.
Es posible. Pero por lo pronto se escuchan algunas observaciones a su procedimiento.

Antecedentes
Chiófalo fue secretaria de la Lucha contra la Trata de Personas desde 2012 hasta marzo de 2014.
En su gestión, fue muy duramente criticada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, un ícono en la lucha antitrata, lo cual la debilitó. Trimarco, incluso, le pidó a De la Sota que aparte a la funcionaria a fines de 2012, lo que entonces el gobernador no hizo, tal cual es su estilo cuando recibe ese tipo de presiones.
Pero lo que los juecistas recuerdan es que la actual titular del bloque del Frente Cívico, Liliana Montero presentó un proyecto similar hace dos años, para sancionar a los clientes de prostitución cuando el beneficiario sea un tercero.
Recuerdan en el bloque del Frente Cívico que el proyecto de Montero fue ignorado por el oficialismo, incluso por Chiófalo cuando ejercía como funcionaria antitrata.
La objeción es que Chiófalo no tuvo en cuenta la iniciativa del juecismo cuando podía hacer efectivamente mucho por obtener el apoyo del gobernador y, como consecuencia, del bloque oficialista Unión por Córdoba. Y ahora, desde una banca, impulsa la misma idea.
En el gobierno no habría ningún apuro en sancionar esta ley, por lo que el trámite legislativo no sería de apuro.
El proyecto tendrá repercusión en la organización Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas), la organización que brega porque se legalice la actividad, distinguiendo entre la prostitución y el delito de la trata de personas.