La Universidad militante, bien lejos de la ciencia

2014-09-07CONRERO_web (1)
Decano de Agronomía Marcelo Conrero en el Consejo Superior, donde quizo imponer infructuosamente una posición científica.

La Universidad Nacional de Córdoba ha demostrado que se encuentra lejos, muy lejos, del debate científico, al menos si debe evaluarse el comportamiento de su Consejo Superior en relación a la proyectada instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas.
En la última sesión de este cuerpo se ratificó su “solidaridad (…) con la comunidad de la localidad (…) que se moviliza contra la radicación de la empresa Monsanto” al tiempo que se descalifica el convenio suscripto por el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias debido a que “contribuye a legitimar la pretensión de la empresa de radicarse en Malvinas Argentinas, generando confusión en la opinión pública en relación a la posición asumida por esta Universidad sobre este tema en ocasiones anteriores”.
Va de suyo que en esta reunión (ni en las anteriores) no existió un solo argumento científico que avalara tal decisión. En su lugar, tronaron decenas de bombos a manos de unos 200 activistas que decidieron clausurar el pensamiento crítico dentro de un ámbito en el que este ejercicio debería ser sagrado.
La Universidad que se jacta de haber cumplido 400 años retrocede de golpe todas estas centurias al obrar del modo en que lo hace. Porque su resolución respecto a Monsanto es política, no científica y, como tal, pertenece al ámbito de las opiniones y aún de los dogmas. Flaco favor la han sido obsequiadas a las mejores tradiciones del saber que pretenden reclamarse desde Córdoba.
El rectorado no sólo ha incluido a una empresa en un “Índex” de corte inquisitorial sino que, además, ha censurado la actuación de una Facultad que, estatuto en mano, ha decidido trabajar en un sector de la ciencia que le compete. Son muchos los que apuestan que, si el ingeniero Marcelo Conrero hubiera suscripto un convenio con una compañía similar a Monsanto pero de nombre menos evocativo, nada hubiera sucedido.
Este hecho remite a lo que, en la sociología berreta, se denomina “portación de apellido”, una forma nominalista de discriminación que, por cierto, tiene muy poco de científica y mucho de autoritaria. La universidad, al razonar de este modo, echa por tierra sus pergaminos centenarios y retrocede a épocas anteriores a la reforma de 1918.
“Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”, se afirmaba en el segundo párrafo del “manifiesto liminar”, obra del reformista Deodoro Roca. Aunque, a grandes rasgos, sea complejo asimilar la situación que dio origen al manifiesto con la actual, no puede menos que reflexionarse sobre si esta universidad (o, en propiedad, este Consejo Superior) sea un digno heredero de aquella proclama. Porque la “inmovilidad senil” que denunciaran los jóvenes del ‘18 tiene mucho de parecido con el pensamiento dogmático y carente de argumentación del que hizo gala la gran mayoría del cuerpo que conduce Francisco Tamarit.
El hecho que el Consejo Superior hubiera sido tomado por asalto por estos bárbaros que se hacen llamar activistas ambientales es mucho menos grave que la decisión del cuerpo de capitular ante aquella intrusión para rendir, casi sin resistencia, el baluarte de la ciencia ante las supersticiones de tales eco tiranuelos. Es un hecho que los violentos suelen irrumpir dentro de las instituciones, y que, lamentablemente, no hay mucho que hacer al respecto. Pero lo que las instituciones no pueden hacer es renunciar a su etos, su identidad, sólo por temor o (lo que es mucho peor) por la tentación de hacer demagogia ante ciertos asuntos sensibles. Si la universidad obra de tal modo confiesa sus intenciones de ceder el sitial que le corresponde en el podio del saber y desciende al ámbito de la ideología, lo electoral y el dogma, extremos alejados de los valores que dice custodiar.
Frente al conflicto por Monsanto, la UNC podría haber contribuido desde los primeros escarceos aportando claridad a un tema que, por definición, escapa al conocimiento vulgar. Profesionales no faltan: allí están las facultades de Ciencias Agropecuarias o Ciencias Químicas para razonar junto con la sociedad más allá del obscurantismo de ciertas posiciones ecologistas. Pero esto no ha sido posible de lograr. Lejos de liderar una tarea de docencia, sus autoridades decidieron amonestar a Conrero (el único que parece haber entendido que es lo que se espera de un profesional), y asumir un posición militante en contra de la empresa. La escena bien podría remitir al juicio de Galileo Galilei, cuando se le exigió -allá por 1633- renunciar a su teoría heliocéntrica porque era contraria a la interpretación dominante de las Sagradas Escrituras. Triste analogía que, en este caso, calza como anillo al dedo al rol desempeñado por Tamarit y sus colegas frente del decano de Agropecuarias.
No es la primera vez que la UNC sorprende con este tipo de actitudes. Desde 2009 rechaza anualmente las regalías que, por ley, le correspondían por la explotación del yacimiento minero de Bajo la Alumbrera, en Catamarca, por considerar que la minería a cielo abierto es perjudicial al medio ambiente, sin reparar en que su propio financiamiento como casa de altos estudios involucra fondos públicos que, en buena parte, derivan de actividades éticamente complicadas de catalogar.
¿Porqué no rechazar, si de fondos “puros” o “impuros” se trata, las porciones del IVA o del impuesto a las ganancias que devengan sectores tales como el tabaco, el juego, el petróleo, los pesticidas o la producción de armas y municiones? Podría argumentarse que tales recursos no pueden ser discriminados -lo cual es parcialmente cierto- y que, de cualquier manera, no obstan a la independencia de criterios de la universidad (que también lo es); sin embargo, y siguiendo tal línea de razonamiento, no se entiende el por qué los fondos cuestionados de Bajo la Alumbrera deberían contaminar el pensamiento universitario más que otros tan dudosos como aquellos, como si estos fueran una suerte de soborno destinado a callar las verdades que, aparentemente, sus claustros postulan sobre este tipo de explotaciones.
En definitiva, se trata de un doble estándar. Si el pueblo de la Nación financia a las universidades públicas mediante sus impuestos, ¿para qué preocuparse por recursos de orígenes controversiales? Total siempre otros ponen la plata, sin importar que sean obreros, fabricantes de corpiños o el mismísimo Cristóbal López a través de sus casinos. Y, cuando de tanto en cuando, surge un Conrero dispuesto a trabajar junto con una multinacional líder en tecnología alimentaria en el ámbito de sus competencias profesionales, el primer impulso de sus colegas es la anatema. Será motivo para la indagación monográfica el explicar en qué momento la universidad decidió alejarse de las empresas, como si estas constituyeran un mundo pecaminoso; por ahora, sólo queda la consternación de advertir que quienes se dicen llamados a atesorar y prolongar los avances de la humanidad no puedan substraerse del ritmo atávico de los bombos y de sus propios prejuicios militantes.