UCR denunció acuerdo De la Sota-Juez para perjudicar a Mestre

El Comité Central de la UCR, que preside Jorge Font, acusó ayer al gobernador José Manuel de la Sota y al senador Luis Juez de manipular la imputación que dictó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano contra el intendente Ramón Mestre.
En un comunicado firmado por el mestrista Font y por el nicolacista Javier Lafuente, se enfatiza en “el vínculo funcional e ideológico que emparentan al fiscal Vidal Lascano con el gobernador De la Sota, su antiguo jefe”.
Los radicales destacan que con la imputación por presunta defraudación a la administración pública “claramente hay un solo ganador: el Gobernador y las variantes peronistas que pretenden perpetuarse en el Poder y acceder al gobierno municipal”. Y agregan: “Principalmente entre ellos la mano que tiene el cuchillo es la del senador Luis Juez, absolutamente funcional a esos proyectos”.
“¿Acaso es casualidad que el secretario de la Fiscalía (Maldonado) hoy actuante haya sido su secretario Legal y Técnico durante su gestión municipal?”, se preguntan. Y luego: “¿Acaso no es paradójico que durante su gestión (la de Luis Juez) un colectivo del transporte público generó un accidente que acabó con la vida de un ciudadano sin el correspondiente ITV que integraba el listado de las unidades objeto del subsidio nacional?”.
Font y Lafuente continúan reflexionando que “pierde el Intendente y sus funcionarios acusados y notificados de supuestos hechos ilícitos por televisión”. “Pierde el electorado ‘no-peronista’, que añora una alternativa electoral para las próximas elecciones en Córdoba. Pierden los vecinos de Córdoba porque a los problemas que debe enfrentar el gobierno municipal se le agregan los inventados por intereses sectoriales, guardianes de sus mezquinas ambiciones. El transporte fue el área donde más avanzó el municipio, donde hubo que corregir un concierto de desatinos y barbaridades cometidos por anteriores gobiernos”, consideran.
Los dirigentes radicales acusan al “pan-peronismo” de buscar deteriorar al partido opositor.
“Este gobierno y sus funcionarios tienen un compromiso con los vecinos de la ciudad. Es una administración sana y transparente, hay que saberlo y los buenos cordobeses deben defender la autoridad democrática local que no comparte y resiste el plan hegemónico de alianza y rupturas dentro del ‘pan-peronismo’”, enfatizan.
“Históricamente –reflexionan- la UCR ha enfrentado un arco opositor integrado de intereses confabulados para desalojar los pocos arrestos de diversidad democrática que nos quedan a los argentinos. Y en tal escenario el peronismo ‘articula’ con sus operadores económicos, los medios cooptados, en el Poder Judicial, con las movidas más agresivas que fuere menester para asegurar su hegemonía y predominio en los diversos niveles del Estado”.
Luego, recuerdan que “no existen mayores escándalos de corrupción que aquellos protagonizado por las distintas vertientes del justicialismo. Menem, Boudou, sin olvidar el propio De la Sota ¿O acaso alguien puede olvidar a la ahora consternada ex-esposa del Gobernador Olga Riutort; entonces comandando la descarga de un contenedor repleto de bonos?”.
“Preocupa entonces esta suerte de doble ‘estándar’ asumido por algunos medios y algunos actores políticos para valorar potenciales actos de corrupción en el Estado. Y claro, cuando se disputa ‘Poder’, cuando hay un gobierno y un Intendente que puede disputar espacios de Poder al justicialismo en la Provincia –como es el caso-, no es de extrañar que aparezcan corporaciones o falsos periodistas que agravian deliberadamente, presiones del gobierno federal y también operadores del Poder Judicial que erosionan la credibilidad de dirigentes y funcionarios afectados”.
Respecto la imputación, puntualmente, el Comité de la UCR aclara que “no existe ninguna prueba seria que un solo peso de los subsidios pueda haber ido a parar al bolsillo de los funcionarios imputados, sino porque la misma calificación legal intentada por el fiscal aparece poco sólida, al no verificarse menoscabo en los patrimonios públicos tanto municipal como nacional, ante la ausencia de este presupuesto no llega a consumarse el supuesto delito”.