Reacción opositora «institucionalista» sobre imputación a Mestre

BANCA 32 - Concejo
BANCA 32 – Concejo

Por supuesto que la imputación del intendente Mestre, del empresario dueño de Ersa (y de Lusa) Juan Carlos Romero, del ex secretario de Transporte Juan Pablo Díaz Cardeilhac y del actual, César Ferreyra repercutió en el Concejo Deliberante. Máxime siendo que la denuncia que terminó tomando el fiscal Gustavo Vidal Lascano la efectuó un edil (Daniel Juez).
Las fuerzas opositoras aprietan el acelerador con cuestionamientos e interrogantes al oficialismo –tal es su rol-, sea con herramientas legislativas o mediáticas. Sin embargo, hay alguna particularidad en ello.
Los presidentes de las bancadas que enfrentan al mestrismo se mostraron cautos. Pose o no – quien sabe- salieron a cuidar la investidura del jefe comunal y la institucionalidad con declaraciones del tipo: “Hay que dejar que la justicia actúe”. Ninguno se fue de boca para la tribuna plantando fantasmas con juicios políticos, renuncias y cosas por el estilo.
Esteban Dómina del Frente Cívico: “Hay que aguardar a que la Justicia avance en la causa porque tiene en su poder todos los elementos que acreditan los hechos denunciados. Por tal motivo, antes de opinar lo más conveniente es dejar trabajar a la Justicia”.
Olga Riutort del Bloque Eva Duarte: “No hay que hacer leña del árbol caído, entendemos que es complicada la situación para la gente porque quiere que quienes gobiernan sean transparentes”.
Alejandra Vigo de Schiaretti, de Unión por Córdoba, se expresó en el mismo sentido, aunque con pimienta: “No sabemos los alcances de la imputación aunque el intendente Ramón Mestre debe ponerse a disposición de la Justicia como una vez dijo que harían sus funcionarios por el caso CBI (declaración a La Mañana de Córdoba).

Otra denuncia
Poca repercusión hubo ayer de otra noticia que apenas se conocía. Al parecer la dirigencia no tomó dimensión. Hay otra denuncia similar del desvío de fondos. Esta vez no por 8 ómnibus articulados de Tamse, sino por 25. Y está en manos del mismo fiscal.
En este caso no es que la Ersa cobre por ómnibus que supuestamente Tamse le prestó o. La cosa sería de a tres. Tamse supuestamente le alquiló a Ciudad de Córdoba 25 coches, pero la declaración jurada que la Municipalidad habría firmado a la Secretaría de Transporte de la Nación para vehiculizar los subsidios a esas unidades decía que esos colectivos los explotaba Ersa. Y en consecuencia, cuando el subsidio baja, los habría cobrado Ersa.
No se sabe hasta el momento los avances del tema en las manos del fiscal. Si en el hipotético caso de que Vidal Lascano considerase que hay elementos como para sospechar que hubo algún tipo de delito, caerá otra imputación al intendente, pues habría firmado de puño y letra tal situación, según indicó el concejal Daniel Juez.

Precalentamiento: los contratos
Ya venía caldeada la cuestión en torno al transporte. Justamente, durante la semana el edil Miguel Siciliano había denunciado que al Concejo Deliberante nada llegó sobre los contratos definitivos con las prestarías a las que se les otorgó la explotación del servicio.
“Le pedimos a Mestre que muestre ciertos números, ciertos contratos, ciertos papeles que hacen a la licitación del transporte y que nunca fueron puestos a disposición del Concejo Deliberante de Córdoba”, expresó el olguista en la comisión correspondiente.
Pero además, todos los bloques opositores criticaron al Ejecutivo por dejar una supuesta puerta abierta para un juicio millonario contra el Estado Municipal. Sucede que, según ellos, tras la salida de Ciudad de Córdoba la que debía tomar sus corredores enteramente era Ersa, pero como sobrevolaba la sospecha de una estrecha relación entre Mestre y el empresario Romero, -dicen los opositores- se decidió abrir el juego por motivos políticos, contrariando el pliego de licitación que supuestamente daba derecho a la firma correntina (como segunda en la licitación de las líneas de Ciudad de Córdoba) a tomar la vacante.
En consecuencia, ahora la presión es para que Mestre intente conseguir una renuncia de Ersa a posibles juicios contra la Municipalidad. “Mestre, como no tenía espalda política para seguir sosteniendo a la empresa Ersa, divide estos corredores en las tres empresas: Coniferal, Ersa y Autobuses Santa Fe. Es decir, Ersa se vio perjudicada económicamente por esta decisión del Intendente. Nosotros esperamos la renuncia expresa de la empresa a posibles futuros juicios por haber perdido derechos que le correspondían por ley, cosa que fue prometida por el propio Intendente, el Secretario de Transporte y los concejales del radicalismo”, dijo Siciliano.