Imputan a Mestre por presunto desvío de subsidios

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Fuentes calificadas del Palacio 6 de Julio informaron que los colectivos articulados de Tamse no fueron alquilados ni cedidos a la transportista Ersa. Y seguidamente advierten un desconcepto que pretende anular la posibilidad de cobro de subsidios por coche, la esencia de la discusión.

Parece que otra vez recae la tormenta perfecta sobre los hombros del intendente Ramón Mestre. No alcanza a levantar cabeza que un nuevo escándalo pone sobre la mira las determinaciones del referente radical y parte de su equipo de gobierno. El reordenamiento del sistema de transporte urbano de la ciudad no fue tarea sencilla y ofreció material de sobra a la oposición para cuestionar el proceder de los administradores del municipio.
Curiosamente, son varias las presentaciones judiciales en la materia. Quizás la más trascendente, por su efecto en la opinión pública, surgió tras el viaje de Mestre y la plana mayor del Ejecutivo a un evento de la transportista Ersa, en Corrientes y, presuntamente, con todos los gastos pagos. La acusación por dádivas del senador Luis Juez aún espera un fallo. Mientras tanto, Mestre decidió reservarse palabras hasta que la Justicia se expida. Luego llegaron otras causas, entre ellas, un incomprobado fideicomiso entre la empresa de Juan Carlos Romero.
Pero una anterior, que cuestionaba el manejo de los subsidios nacionales destinados al transporte por parte de Mestre tomó protagonismo en la jornada de ayer ante la imputación del fiscal Federal Nº 2, Gustavo Vidal Lascano, para el Intendente y otros funcionarios. Será el juez federal Alejandro Sánchez Freytes quien deberá decidir si hace lugar.
El fiscal Vidal Lascano, hombre de buena relación con el delasotismo, imputó a Mestre; al secretario de Transporte, César Ferreyra; a su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y al titular de Ersa, Juan Carlos Romero, por la supuesta comisión de defraudación a la administración pública, según informaron fuentes judiciales. El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado –nótese- el concejal del Frente Cívico, Daniel Juez, que denunció una supuesta estafa en el cobro de subsidios nacionales para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros.
Según la presentación, la UTE compuesta por Autobuses Santa Fe y Ersa habrían percibido el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a ocho vehículos articulados de la estatal Tamse residual. Ahora bien, conviene atender los argumentos de las partes primero, para sopesar el tenor de la denuncia y sus consecuencias legales. Segundo, para comprender la complejidad de una causa que admite pie de plomo.
De acuerdo con la denuncia de Juez, la UTE percibía en forma indebida subsidios que debería haber percibido el municipio, generando un supuesto perjuicio para las arcas públicas de 240 mil pesos por mes. “De acuerdo con las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), el intendente Mestre es el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro de subsidios”, destacaba la denuncia del concejal juecista.

Qué dice el municipio
Funcionarios mestristas esperarán que Mestre llegue de su viaje a Buenos Aires para rebatir los argumentos de la denuncia de Juez que el fiscal Vidal Lascano entendió atendibles. Ahora bien, en off the record, ofrecieron argumentos explicativos que hacen hincapié en un manejo transparente de los fondos que percibe el sistema de transporte en concepto de subsidios. Posición obvia.
Fuentes calificadas del Palacio 6 de Julio informaron que los colectivos articulados de Tamse no fueron alquilados ni cedidos a la transportista Ersa. Siempre estuvieron en uso y posesión del Estado municipal. Y seguidamente advierten un desconcepto que pretende anular la posibilidad de cobro de subsidios por coche, la esencia de la discusión.
Los subsidios nacionales al transporte (SISTAU) se distribuyen atendiendo a tres categorías: pasajeros transportados, kilómetros recorridos y recaudación. Por su parte, la CNRT, organismo que controla a más de 2.500 empresas en todo el país, fija cantidades mínimas y máximas de usuarios a transportar por coche, precisamente para evitar gastos superfluos. Es sobre ésa base la que se realiza el cálculo de partidas a entregar y no por cantidad de unidades en servicio.
Será Sánchez Freytes quien tendrá la misión de echar luz sobre la causa que, independientemente de su resolución, generará inevitables consecuencias políticas.