Bonapartismo mágico

Por Fernando Rosso
@RossoFer

rr-donnelleyLa entrada del país en default parcial llevó a un giro en la política del gobierno en relación no solo a la cuestión de la deuda externa, sino al conjunto de la política económica.
Se pasó de una orientación de cumplimiento religioso del pago de la deuda para lograr nuevo crédito que subsane la escasez de dólares producto del agotamiento del “modelo”, a una línea de arbitraje dirigista y bonapartista de la economía para administrar la crisis, mientras se buscan alternativas para salir de la situación de default.
Esto llevó primero a dar impulso a la modificación de la Ley de Abastecimiento. Luego al furcio nacional protagonizado por la misma presidenta cuando anunció en medio del entusiasmo balconero de la Casa Rosada, la aplicación de la “Ley Antiterrorista” contra la empresa Donnelley por el cierre fraudulento de la fábrica. Horas después, un opaco funcionario de menor envergadura salió a aclarar la “confusión” afirmando que la acusación es por un posible fraude y se aplicaría otro artículo del Código Penal. Y finalmente, Cristina anunció el cambio de sede de pago para los bonistas reestructurados impedidos de cobrar en Nueva York por el fallo del juez Griesa.
Esto se combina con el impulso al orden y al arbitraje hacia los conflictos obreros. En la autopartista Lear -que despidió masivamente y violó todos los derechos sindicales de la comisión interna-, el Ministerio de Trabajo en los papeles y Berni en la calle intentan garantizar el “cierre” del conflicto a golpes de militarización de la fábrica y aval a las maniobras fraudulentas del sindicato SMATA, que se ha convertido en la “agencia de suspensiones y despidos” de las terminales y autopartistas.
Observando este contrapunto se cae la aparente “neutralidad” del árbitro. Mientras el “desafío” a las empresas o a los buitres es mediante amenazas legales de difícil cumplimiento o incluso cambio de sede para “obligarlos” a cobrar, hacia los trabajadores el peso del estado cae con el envío directo de sus brazos armados y el aval ministerial para obligarlos a desistir de la lucha por el derecho al trabajo.
En los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos del fracaso de estos giros del gobierno. La estatización del 51% de las acciones de Repsol y luego su reprivatización en manos de Chevron, tiene hoy como resultado el aumento del déficit energético. Esto es así porque pese a que los números de YPF dicen que aumentó su producción, el conjunto de la producción nacional bajó. La “estatización” no fue tal porque no se aplicó sobre el toda la industria petrolera y gasífera, sino sobre una parte de las acciones de una empresa, que además luego se reprivatizó y se pagó una jugosa indemnización a los “expropiados” como premio a un vaciamiento de décadas. El Estado no hizo una intervención en el conjunto para hacerse de los recursos que permitan una planificación y uso racional, sino una incursión efímera para rodearse de épica y volver a caer a los pies de vaciadores de distinta bandera, pero iguales métodos.
Con la cuestión de la deuda pasa lo mismo. Se pagaron cerca de 190 mil millones de dólares en la década, se acordó con el 93% de los acreedores y se encuentra obligado a una rebelión ante un “radicalizado” 7% que no aceptó la generosa reestructuración. Pero el pomposo acto de “soberanía” no implica el desconocimiento de una deuda fraudulenta, que ya se pagó con creces “Como se observa en el hecho de que la deuda que en 1983 era de 35 mil millones de dólares, está hoy en 220 mil millones de dólares, habiéndose pagado no menos de 300 mil millones de dólares en ese lapso” (Blog Punto de Desequilibrio http://puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar/). Sino que la medida “audaz” del cambio de sede de cobro es para ejercer el derecho soberano al vasallaje de seguir pagando. El Banco Nación se convierte en nuevo albergue seguro e inviolable del fideicomiso, para que los “buitres buenos” (los reestrcuturados) cobren lo ganado en “buena ley”, la ley de la servidumbre voluntaria. El dilema “Patria o Buitres” se resuelve con el siguiente esquema: pagarles a los buitres en los bancos de la patria. Incluso el gobierno ofrece un plus “anti-imperialista” abriendo una cuenta también para que los más buitres entre los buitres (los que no aceptaron los canjes), puedan pasar por ventanilla si decidiesen cobrar, no con ganancias del 1.600%, sino “sólo” del 300%. La utopía cómica, si no fuese trágica, de transformar a los buitres “sólo” en palomas angurrientas.
La reforma de la Ley de Abastecimiento no escapa a esta norma del “modus operandi” del bonapartismo mágico. Amenazas de incautaciones, impotentes controles de precio o control de utilidades por parte de funcionarios estatales que culminan en pura retórica para la tribuna, sin tocar los intereses de las grandes cadenas de producción o distribución formadoras de precios.
En la política real son demasiado liberales para ser tomado como intervencionistas y en la retórica demasiado estatistas para ser considerados seriamente como liberales y dignos “pagadores seriales”. Pagan todos los costos de la combinación ecléctica de relato y política, sin tener ninguno de sus beneficios. Y en tiempos de crisis, cuando la lucha por los intereses se agudiza y transforma a todos en más realistamente incrédulos, no se termina de creer ni el relato ni la política.
Como el pensamiento mágico, el bonapartismo mágico pretende suprimir las contradicciones de la realidad y los conflictos propios de crisis como la actual de fin de ciclo, con una limitada intervención dirigista del estado. Pero la realidad se empeña en ser la única verdad, y dicta que el deterioro de la economía (agravada por el default) impone tiempos de generalización de conflictos imposibles de contener con trucos de magia.