Griesa autorizó pagó de bonos bajo ley argentina

2014-08-04THOMAS_GRIESA_webEl juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó el pedido argentino de cambiar a Daniel Pollack, el mediador al que designó para buscar consenso entre el país y los fondos buitre en busca de una solución por la que los holdouts se garanticen cobrar lo que la Justicia norteamericana les reconoció por los bonos defaulteados que aún conservan de la deuda argentina.
En otro escrito, Griesa adoptó otra medida que si bien a priori parece favorecer a la Argentina, el Gobierno considera que es negativa por el antecedente que deja para el futuro: el juez permitió que el banco JP Morgan pague “por única vez” los intereses de bonos en dólares emitidos bajo la ley argentina.
En la audiencia del viernes pasado, la primera después de que la Argentina entrara en default –al menos para las calificadoras de riesgo, ya que el Gobierno sigue negando esa situación con el argumento de que depositó el pago y es culpa del juez, los bancos y los fondos buitre si los bonistas del canje no cobraron aún por sus vencimientos del 30 de junio-, los abogados que representan a la Argentina le pidieron al juez, entre otras cosas, que cambie a Pollack, al que acusaron de parcial.
El juez respondió a ese pedido con una rotunda negativa. “Es difícil imaginar una peor decisión que apartar al special master. Sería una grosera injusticia e interferiría drásticamente con el proceso que se está en marcha y que debe continuar”, escribió el magistrado.
“Lo más importante es seguir en la mesa de negociaciones para que estos temas puedan ser resueltos”, añadió en un escrito en el que desde el inicio aclara que tiene como propósito “confirmar que Daniel Pollack” seguirá en su puesto.

Vía judicial
Por otro lado, el Comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA por sus siglas en inglés) aceptó dos nuevos pedidos para discutir si ocurrió un evento de mora en la Argentina y que si ese plazo fue cumplido. “Otros dos posibles problemas de evento de crédito para ser debatidos por el DC fueron aceptados hoy y se convocó a una reunión del comité para decidir si existe una la falta de pago de la Argentina en un evento de crédito”, dice el comunicado y aclara que las dos preguntas que tratará el ISDA serán si: 1) ocurrió una moratoria en la República Argentina; y 2) si la Argentina cumplió la condición de extensión de esa moratoria.
El viernes pasado, a sólo dos días del impago del Discount, ISDA determinó que Argentina incurrió en un “evento crediticio”, y habilitó el mecanismo para pagar los 2.652 contratos de seguro por un monto superior a los US$ 1.000 millones por medio de negociaciones entre privados. Los CDS pueden cobrarse en efectivo o en bonos, algo que determinaron las partes al momento de negociar los contratos.
En base a esa decisión la Argentina realizará un pedido de información a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos por operatorias sospechosas con bonos tanto en el mercado nacional como en el internacional. Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión de Valores, aseguró que el fondo Elliott, encabezado por Paul Singer, habría incurrido en “maniobras” que van en contra de la transparencia y la ética del mercado.
A instancias de una denuncia del Ministerio de Economía, el organismo que controla los mercados locales analiza si Elliott incurrió en una infracción administrativa o en un delito penal por haber adquirido seguros contra el default argentino. Además, el fondo de acreedores de Singer fue uno de los que votaron en el organismo que gatilló pagos por US$ 1.000 millones.
El otro camino judicial que baraja el Gobierno lo sugirieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el secretario Oscar Parrilli, sería recurrir el fallo a la Corte Internacional de La Haya. “Vamos a ir a todos los escenarios internacionales para denunciar y demostrar cómo esto es una absoluta barbaridad de unos fondos buitre que han expoliado a varios pueblos, en especial de África, frente a su debilidad. Hoy se han encontrado con un gobierno, el argentino, que no les admite esto, un gobierno que no se va a dejar avasallar”, dijo Parrilli.
El ex fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo no le ve posibilidades. “No veo ninguna chance”, dijo. “Para que la Argentina pueda tener un caso ahí, Estados Unidos debería aceptar la jurisdicción, y eso no creo que vaya a ocurrir”, explicó en declaraciones a la radio Nacional Rock. “La Haya resuelve sobre decisiones de Estados, no es una Cámara de Apelación de un juez nacional”, añadió.