Municipio (y Provincia) desactivan posible demanda por rescisión

p03-1La empresa Ciudad de Córdoba Sacif repartió ayer por los medios la posibilidad de que se realicen litigios contra la Municipalidad. El abogado Guillermo Torres Aliaga dijo que habrá presentaciones judiciales porque la empresa que representa considera que existió trato discriminatorio, persecutorio y perjudicial cuando el intendente Ramón Mestre determinó dejarla fuera del sistema de transporte urbano.
Es cierto que el fantasma del 2001 ronda (gestión Germán Kammerath), pues una situación en algún punto parecida concluyó con el municipio pagando sentencias y reincorporando a la prestataria. Sin embargo, esta vez las cosas tienden a ser administrativa y políticamente diferentes: 1) El Ejecutivo municipal se blindó legalmente antes de descartar a Ciudad de Córdoba y 2) Provincia dio un apoyo político decisivo al jefe comunal para desactivar paros, presiones y potenciales complicaciones económicas en la Justicia.
Vamos por partes. Primero, la Municipalidad.
La estrategia para sacar del medio a la segunda firma en el orden de mérito de la licitación le salió redonda al intendente.
Un problema societario del que mucho no se habla por los nombres que rondan, dejó a la empresa sin liquidez, con problemas para afrontar erogaciones y consecuentemente, para prestar el servicio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), con una conducción que no conseguía alinear la tropa, fue desbordada por grupos de delegados que lucharon por consignas más patronales que “obreras”; y los excesos fueron capitalizados por el poder político comunal a medida que la percepción pública iba formando cada vez más fuertemente su opinión de que la Ciudad de Córdoba debía ser extirpada.
Ersa, que por sí sola tiene un cuarto del sistema y que además “administra” la unión transitoria de empresas que conforma junto Autobuses Santa Fe, comenzaba a relamerse. La espera estaba concluyendo: ahora, salvo por el cuartito de Coniferal (cuartito más un tercio de otro cuarto: el que dejó, Ciudad de Córdoba) el resto de la torta será, en definitiva, suya.
Vino el último paro de choferes, vino la intimación de Mestre a la empresa en crisis para presentar un plan de recapitalización, vino la calificación negativa a la auditoría financiera sobre ella: el blindaje legal estaba en marcha.
Además, existe en el pliego de condiciones que firmó la empresa una cláusula para la recisión unilateral de la adjudicación por parte de la Municipalidad. Claro que debe ser con justa causa, pero justamente la estrategia de Mestre fue generar esa “justa causa”.

Provincia
El gobernador José Manuel De la Sota dio las herramientas que el intendente necesitaba para completar el plan. El apoyo político fue contundente.
Primero la rápida declaración de ilegalidad del paro de transporte a través del Ministerio de Trabajo fue elemento decisivo. Consiguió dejar al borde del linchamiento institucional a la UTA, desprotegiendo la acción sindical.
Luego, dos reuniones de varias horas entre el primer mandatario y Mestre, con foto, sellaron la suerte de Ciudad de Córdoba Sacif. El poder institucional completo se mostraba junto para desactivar las posibilidades de la prestataria.
Es decir que Mestre tomó la decisión cubierto legal y políticamente. Y luego, ayer, recibió más hombro del gobernador. “El reciente paro total de transporte fue un look-out patronal con apoyo sindical”. “Al ministro de Trabajo (Adrián Brito), que es dirigente sindical, no le tembló el pulso y decretó la ilegalidad del paro a las 12 horas y la UTA va a tener que pagar una buena multa para que aprenda a obedecer”.
Sin embargo, desde casa de Gobierno advierten en off que pronto De la Sota va a distanciarse “civilizadamente” del Mestre. Claro, por más Pacto del Panal, nadie quiere descuidar el frente interno. El peronista debe hacer el acting de salir a pegarla de la cintura para arriba al radical con algún tema (y al radical le conviene también recibir y responder frente a los demás sectores de su partido).
En ese sentido, Unión por Córdoba firmó junto a los otros bloques opositores del Concejo Deliberante un pedido para que el jefe comunal vaya al cuerpo a dar explicaciones, cosa que, por otra parte, no va a ocurrir porque Mestre puede mandar a funcionarios.
Lo que la oposición quiere escuchar es un informe acerca el dictamen de la comisión de evaluación que dio origen a los decretos de adjudicación a las empresas prestatarias del servicio de transporte público.
En la iniciativa, también se pide que quien vaya del Ejecutivo explique las razones que existieron para realizar la auditoría a la empresa Ciudad de Córdoba y resultado de la misma. También pretenden y que se muestre el informe respecto al desistimiento expreso de la Empresa Ersa a tomar a su cargo la prestación del servicio en los corredores que explotaba la privada que fue retirada del negocio.