Treinta años del PAICOR, un civilizado festejo de la emergencia

Por Pablo Esteban Dávila

P05-1El reconocimiento público que realizó José Manuel de la Sota al exgobernador Eduardo Angeloz por el trigésimo aniversario del PAICOR se inscribe dentro los anales de la civilización y la convivencia política. El evento, llevado a cabo con pompa y circunstancia el sábado pasado en una de las cúpulas de Feriar, muestra a las claras que las tradiciones de la política cordobesa siguen vigentes y que es posible que dos viejos adversarios (uno retirado, el otro más activo que nunca) puedan compartir una fecha importante con respeto y consideración mutuas.
Aunque la política puede ser tanto confrontación como construcción, nunca hemos ocultado nuestra preferencia por su faz arquitectónica, especialmente en las sociedades democráticas. El progreso está basado por su necesario antecedente político que, en cierta manera, debe preceder a la evolución social. Es muy raro que sea el pueblo (cualesquiera sea la idea que se tenga de su definición) el que lidere las grandes transformaciones; antes bien, es la clase política la que, con aciertos y errores, lleva adelante las grandes estrategias que orientan el rumbo hacia el futuro. Desde este punto de vista, el hecho que dos gobernadores hayan coincidido en un evento que celebra quizá la única política de Estado que tiene la provincia, inspira e ilusiona sobre la posibilidad de establecer consensos que vayan más allá de los períodos constitucionales de gobierno. Sin embargo, y allende la caballerosidad demostrada entre Angeloz y De la Sota, es necesario introducir una nota necesariamente antipática sobre el motivo del festejo en sí.
Los treinta años del PAICOR constituyen, al mismo tiempo, una celebración de solidaridad y de fracaso gubernamental. Nacido en 1984 como una versión cordobesa del alfonsinista “Programa Alimentario Nacional” (PAN), el PAICOR fue proclamado por Angeloz como una medida transitoria diseñada para mitigar algunas de las que – se señalaban – eran las graves consecuencias sociales dejadas por la dictadura militar. No obstante, aquella política de emergencia se transformó, con el correr de los años, en una auténtica política de Estado que, con las pruebas a la vista, se encuentra todavía lejos de ser revisada.
El asunto remite a una cuestión central: la política no ha podido resolver, en estas tres décadas transcurridas, el problema de la pobreza. El PAICOR existe porque hay familias que no pueden dar de comer a sus hijos. El Estado debe, en consecuencia, suplir aquella carencia y transformar a las escuelas públicas en comedores para alimentar a sectores vulnerables de la población y evitar, de tal forma, la deserción escolar. El éxito de este programa es la medida exacta del fracaso de las políticas económicas llevadas adelante en el país.
No podría endilgársele al PAICOR que haya contribuido, a lo largo de su historia, a mantener a los pobres en tal situación, como sí probablemente lo hayan hecho otros programas nacionales de corte asistencialista. Contener a los niños, y hacerlo dentro de las escuelas, no puede ser nunca tildado ni de oportunista ni de clientelar. Desde tal punto de vista, esta política provincial es un ejemplo que ha señalado un rumbo para que otras jurisdicciones llevaran adelanto similares acciones. El hecho que muchos niños hayan podido terminar la escuela gracias a que, entre otras cosas, se les brindó alimentos de calidad en horario escolar debe ser motivo de satisfacción colectiva.
Pero esto no debe ser una excusa para olvidar que, en el fondo, sería deseable que el PAICOR no existiera, o que fuera sólo un recurso extraordinario para situaciones excepcionales. Deberían ser las familias las que pudieran dar de comer a sus hijos, no el Estado. Es triste contemplar que, treinta años después que Angeloz lo instituyera, son cada vez más los niños que necesitan de este programa y no a la inversa.
La mesa familiar no es solamente un lugar para compartir alimentos, sino también un ámbito para alimentarse de valores. Poder dar de comer a los suyos hace de la familia una unidad conceptual, en donde todos pueden entender con el lenguaje sencillo del ejemplo que la vida requiere de trabajo, esfuerzo y superación. Si, por los motivos que fueren, este horizonte se pierde, la sociedad comienza a partirse en hemisferios recíprocamente ininteligibles, en donde un extranjero puede que tenga más en común con ciertos sectores que muchos connacionales separados por este muro axiológico.
Subsiste, finalmente, la idea sobre qué escuela se pretende para nuestros niños. La ley 1420, la creadora de la movilidad social de la cual los argentinos nos hemos ufanado durante casi un siglo, contemplaba una educación universal y gratuita que permitiese a cualquiera adquirir los conocimientos necesarios para progresar laboral y socialmente. La escuela pública fue, así, un ámbito de encuentro de clases sociales, en donde la calidad educativa se encontraba fuera de discusión. Pero esta realidad ha desaparecido. Ahora, las familias que pueden envían a sus hijos a colegios privados, buscando mejor educación y más previsibilidad en el dictado de clases; mientras que las que no pueden hacerlo continúan enviando a los suyos a establecimientos públicos, alternando los deseos de una educación razonable con la posibilidad que reciban alimentos que, muchas veces, son imposibles de brindar en sus hogares. El riesgo de olvidar cuál es el verdadero motivo por el cual deben educarse a los niños siempre está a la vuelta de la esquina.
El PAICOR señala que, en la Argentina, lo provisorio se vuelve permanente y que la idea de progreso se encuentra mortalmente herida. Se festeja civilizadamente la emergencia, y la sociedad se alegra que se haya sabido mantenerla como una política de Estado. El hecho que un programa alimentario tenga la misma edad que la democracia y que, en todo este tiempo, no haya hecho más que progresar en número de beneficiarios y de recursos es un símbolo práctico que nos recuerda que la política todavía tiene muchas respuestas que dar y que, al mismo tiempo, la sociedad puede acostumbrarse a aceptar como natural situaciones de pobreza que, en rigor, deberían ser erradicadas con el mismo encarnizamiento que se reclama mayor contención social a los gobernantes.