Congelan proyecto de registro de detenidos por contravenciones

Por Daniel Zen
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La “onda” pos escándalo de narcotráfico y saqueos que vino, a nivel político, con impostaciones “pro ciudadanía” del Estado, tendientes a hacer parecer que se arbitrarán los medios al alcance para profundizar la defensa del derecho a la libertad de los individuos.
En esta moda, que no es otra cosa que la reacción ante un golpe duro sufrido por la dirigencia en el poder tanto a nivel opinión pública como electoral, se inscribe un proyecto de ordenanza que pretende crear un “registro voluntario de detenidos por contravenciones, demorados y violencia institucional”.
Luego de tomar estado parlamentario, el mismo fue discutido en la comisión de Legislación General, donde concurrieron organizaciones sociales e idóneos en materia de derecho civil. Y quedó en estudio.
Aparentemente, el Ejecutivo enhieló la iniciativa de la Subsecretaría de Gobierno por haberla entendido impráctica luego de socializarla y por la contundencia de las contra argumentaciones recibidas.
Alcances teóricos, limitaciones prácticas
Los fundamentos del proyecto expresan por objetivo “contribuir del Estado Municipal a la construcción de una seguridad democrática y aportar al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y al acceso a la plena ciudadanía”.
El artículo Nº 3 expresa que la Municipalidad reglamentará el ingreso de datos “solo a petición del interesado que haya sufrido la detención, demora y/o maltrato institucional”, y el Nº4 indica que tales datos consignados “serán en relación a detenciones prevista en el Código de Faltas de la Provincia, demoras y/o maltratos en organismos de seguridad”.
Nada más. No existe disposición práctica del cómo se cumplirá el objetivo planteado, y por lo tanto, del para qué de la existencia de un registro con tales características.
¿Quién irá a plantear su inscripción en el registro si con ello no consigue ni siquiera un abogado que lo defienda? ¿Acaso la ciudadanía lo hará por mera vocación estadística, es decir, para ver al final de cada años cuántos casos similares hubo (el artículo Nº 5 dice que la lista deberá publicarse de manera anual)?
En resumen, ¿en qué aporta esto al acceso de la plena ciudadanía?

Auto riesgo municipal
Lo anterior no pesaría para el Ejecutivo a la hora de enfriar un proyecto: en kilos se magnifican la cantidad de declaraciones de interés y beneplácitos “políticamente correctos” e imprácticos enviados al cuerpo legislativo).
Mas sí importó a la hora de enfriar el proyecto el concepto de “violencia institucional” colocado en el artículo Nº1. Ejemplo práctico y frecuente: ¿Qué podría ocurrir si un paciente va al Hospital de Urgencias con fiebre y no consigue que lo atiendan por asambleas de los empleados?
Según varios documentos de ONU eso sería “violencia institucional”. El paciente podría inscribirse en el registro. Y sobre la propia Municipalidad pesaría una denuncia. Un boomerang.
Por eso el proyecto está frenado.