Nueva medida de control: obligan a informar precios

Las empresas productoras de insumos y bienes finales cuyas ventas totales anuales en el mercado interno hayan superado los 183 millones de pesos durante 2013, deberán informar mensualmente a la Secretaría de Comercio de la Nación los precios vigentes de todos sus productos. Es un paso más del equipo económico para tratar de contener los precios. Cada vez avanza en esquemas más burocráticos que ya demostraron su ineficiencia.
El esquema apunta a la tan mencionada “cadena insumo-producto” que el jefe de Gabinete Jorge Capitanich menciona en cada una de sus presentaciones matutinas. Incluso ya hay 70 empresas que podrían recibir sanciones porque quienes controlan los datos detectaron “inconsistencias”. Hasta ahora la presentación era “voluntaria” y el objetivo era analizar los componentes importados en la producción y comprobar que había una relación entre ese ítem y la evolución de los precios después de la devaluación.
Las decisiones del Gobierno para controlar la inflación siguen pasando por cuestiones accesorias y que demandan tiempo y estructura para controlarse mientras que el rojo fiscal sigue sin tener soluciones. En vez de trabajar sobre las variables económicas optan por la represión, una política –de la que el ex secretario Guillermo Moreno fue un líder- que hasta ahora fracasó.
Ahora la misma obligación de informar precios recaerá sobre las empresas distribuidoras o comercializadoras de insumos y bienes finales, con ventas totales anuales superiores a 250 millones de pesos el año pasado. El Régimen Informativo de Precios -creado mediante la resolución 29 de la Secretaría, regirá a partir de este viernes 21.
La norma dispone que la obligación prevista deberá efectuarse dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, y se instrumentará mediante un sistema informático operado por la Secretaría de Comercio, que será implementado a tales efectos.
En su primera presentación, las compañías alcanzadas deberán informar los precios de todos sus productos, vigentes durante los diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. Según la norma, la información obtenida tendrá “carácter reservado y confidencial” y sólo podrá ser utilizada para garantizar el “abastecimiento, precio y calidad de los bienes y servicios comercializados en el mercado interno, propendiendo además al resguardo de los derechos de los consumidores y la defensa de la competencia”.
Se procura además “evaluar el grado de competitividad en todos los ámbitos de la actividad económica, elaborando las estructuras de costos de los bienes y servicios que conforman los mercados”.
El Régimen de Información “constante y actualizado” de precios apunta a una mayor capacidad para planificar políticas “que tiendan a fomentar la inversión en sectores y rubros donde se observen problemas de oferta de productos”, dice la Secretaría.
Agrega que propende a “corregir conductas que desalienten la competitividad genuina de las cadenas de valor” o que impliquen “distribuciones de renta irrazonables”, afecten a sus eslabones más débiles y dificulten el acceso a los bienes de consumo a los trabajadores y consumidores en general.
La norma aclara que los topes de ventas contemplados obedecen al objetivo de “concentrarse en el flujo de información suministrado por las empresas de mayor impacto y presencia en el mercado interno”, con lo cual se excluye del deber de información a las micro, pequeñas y medianas empresas.