Gremios planchan ley de regulación de huelgas

Por Yanina Passero
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ilustra pihen planchandoCuando las partes de un binomio quedan satisfechas, puede decirse sin ninguna duda que se trató de una transacción redonda. El oficialismo en la Legislatura y gremialistas cordobeses lograron el objetivo que se fijaron al momento de la difusión del proyecto de ley de los peronistas Oscar González, Sergio Busso y Carlos Gutiérrez que persigue la regulación de las manifestaciones sindicales. O, en otros términos, ampliar las garantías de prestación de los servicios esenciales.
1.La triada peronista se subió a un debate exigido socialmente a raíz de los saqueos y la ruptura del contrato social que acarreó el paro de la Policía de Córdoba de diciembre pasado. La iniciativa similar que sugirió (con rodeos) la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación, potenció la necesidad de subirse a la ola. El gobernador José Manuel de la Sota reconoce esa deuda con la sociedad, que pretendió dejar saldada con su abierto apoyo a la iniciativa legislativa que sembró la discordia con las dos CGTs. Por supuesto, sin ordenar su inmediata aprobación.
2.La presión sindical estuvo a tono con el calibre de la intentona peronista. Cualquier sugerencia que incluya un derecho constitucional -como lo es el de huelga- hubiera generado la movilización de ayer por la tarde que rodeó el edificio legislativo, pese a algunos faltazos de relevancia. La medida terminó con la noticia esperada. El proyecto no tomará estado parlamentario.
Conclusión: unos y otros habrían quedado bastantes conformes. Al menos, así se evidenció en la reunión de legisladores y gremialistas en la sala Regino Maders celebrada en la tarde de ayer. Habrá debate, pero con el proyecto en el freezer.
“Jamás estuvo en nuestra cabeza tratar sobre tablas el proyecto. ¿Cómo vamos a pretender impulsar la iniciativa sin un consenso mínimo?”, interpeló el presidente provisorio de la Legislatura a un auditorio compuesto mayoritariamente por los secretarios generales de los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba que conduce el también legislador de UPC, José “Pepe” Pihen.
Claro que la referencia del alfil delasotista no era exclusiva del público al que dirigía sus palabras: el proyecto de ley de su autoría siquiera había reunido el beneplácito de sus colegas en el bloque. La disidencia estaba encabezada naturalmente por Pihen, escoltado por Adhelma Ponte, Sandra Trigo y Juan Manuel Cid.

Nuevo encuentro
Definiciones similares sobre el “real objetivo” de la iniciativa adornaron el encuentro cara a cara de legisladores y líderes gremiales, estos últimos visiblemente ofuscados y displicentes a discutir sus derechos. La propuesta que siguió fue más moderada: el debate que busca ofrecer garantías para los denominados “servicios esenciales” no será desarrollado en el recinto. Sólo quedó definida una reunión para la semana que viene que protagonizarán sus escribas y la cúpula sindical.
Para que no quedara duda alguna, fue Pihen quien se encargó de redondear la exposición de los legisladores. “Los señores legisladores nos quieren transmitir que el proyecto no tomará estado parlamentario”, advirtió. Fuentes de UPC se animaron, momentos después, a aclarar el mensaje enviado por González: “La regulación de huelgas va a ser un debate académico, no habrá efectos tangibles por su discusión”.