Factura de luz en Córdoba se duplicaría sin subsidios

epecDespués del acuerdo con Repsol –que debe ser ratificado por el Congreso argentino y por la Junta Ejecutiva de la compañía- se profundizó el debate sobre lo que hay que hacer en el sector energético, donde los problemas se vienen profundizando desde hace tiempo.  Hay consenso de que para una respuesta global no alcanza con la corrección de los subsidios que, además, colaborará con la mejora del área fiscal. Un informe de la consultora Abeceb.com señala que, sin subsidios, por ejemplo las facturas eléctricas de Córdoba y Santa Fe pasarían de 400 a 900 pesos mensuales y, en el caso de la Capital Federal de 67 a 550 pesos.En ese contexto, el director de la consultora, Dante Sica, subraya que el Gobierno debe crear un sendero de actualización tarifara; determinar una tarifa social; conseguir financiamiento e instrumentar medidas que apunten a la eficiencia energética. A su criterio, el margen para posponer  el sinceramiento tarifario “se acabó, lo que se evidencia tanto en la presión que ejerce la distorsión del mercado energético en la balanza comercial, como en la emisión monetaria que financia el enorme caudal de los subsidios”.
Sica –como todos sus colegas- advierte que la tarea no es fácil y que requiere, al menos, de tres etapas como son el restablecimiento de los marcos regulatorios y en especial los mecanismos de formación de precios; la revisión tarifaria integral, postergada desde el congelamiento en 2002 y necesaria para determinar los futuros senderos de actualización y la búsqueda de financiamiento para amortiguar el impacto en las boletas energéticas en el corto plazo, e impulsar  inversiones que permitan alcanzar la seguridad de abastecimiento en el mediano plazo a un costo razonable.
“El problema no es el subsidio en sí, sino su magnitud y su distribución. Y en este sentido es que los grandes números marcan las principales inconsistencias”, señala el economista. Actualmente, los subsidios del Tesoro financian el 80% del costo real de la energía en el mercado mayorista, eso marca la magnitud. Y en promedio, un 85% de los usuarios a nivel país paga una tarifa subsidiada, eso refleja el derroche.
Los números hablan claro: las distribuidoras venían pagando a Cammesa un precio de 56 pesos por Megawatts ($/MW) promedio por la energía eléctrica que distribuían a sus usuarios subsidiados. Luego de la quita selectiva de 2011, comenzaron a pagar un precio diferencial por la energía que entregan a los usuarios “no subsidiados”, que hoy se encuentra en 318 $/MW. ¿Cuál es el resultado de esto? Las distribuidoras hoy pagan 95 $/MW en promedio por la energía que adquieren en el Mercado Eléctrico Mayorista, pero el verdadero costo promedio de la energía eléctrica es de 650 $/MW.
A este número se llega al calcular que el precio real reconocido por Cammesa promedió los 375 $/MW en 2013, y si se agregan los subsidios que se canalizan por Enarsa (de los cuales el 30% se dirige a las generación eléctrica)  y otros que financian a empresas de generación pública (Yacyretá, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otros), el costo real de la generación llega a los $650 por cada MW.
Un sinceramiento de máxima en el mercado mayorista – es decir, que las distribuidoras paguen 650 $/MW en vez de 95 $/MW por la energía que adquieren a Cammesa – se haría sentir en todo el territorio nacional, con grandes heterogeneidades y con una mayor incidencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la tarifa final se mantuvo más planchada que en otras jurisdicciones.
Se calcula que hay 2,2 millones de hogares que dependen de una jubilación mínima o de un plan social, tienen al jefe de hogar desocupado o viven en una vivienda precaria. Mantener el subsidio actual en la tarifa eléctrica a dicho universo tendría un costo fiscal inferior al 0,3% del PBI, lejos de los 2,8% que actualmente se llevan los subsidios energéticos.
Plantear un sendero de actualización tarifara para el resto, podría darse aun en un escenario fiscal acotado con financiamiento internacional. Pero para conseguirlo es necesario fortalecer el marco regulatorio y los mecanismos de formación y actualización de precios a lo largo de toda la cadena. Detrás, estaría la apuesta de invertir en Vaca Muerta a fin de aumentar la producción local de gas natural, lo que debería ejercer una presión a la baja en el costo de generación eléctrica a futuro.
Además, una política integral debe encarar el desafío de la eficiencia energética. ¿Cómo reducir la presión de la demanda creciente sobre la oferta? Con una participación activa de los gobiernos locales en materia de habilitaciones, la promoción de tecnología que permita un consumo más eficiente (ya sea electrodomésticos o sistemas de monitoreo que permitan tomar mejores decisiones de consumo. Siempre en función del costo horario de la energía) y un sistema de beneficios que premie un consumo más eficiente.